Pedían penas más duras a los acusados

La Fiscalía mantiene que el caso de Alsasua no fue terrorismo y no recurre la sentencia

La Audiencia Nacional no recurrirá ante el Supremo la sentencia de endurecer las penas de prisión para los ocho acusados y las mantiene en entre 2 y 13 años

Foto: Manifestación rechaza en Alsasua la sentencia por agresión a guardias civiles (Efe)
Manifestación rechaza en Alsasua la sentencia por agresión a guardias civiles (Efe)
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Como ya anunció a principios del mes de marzo, la Fiscalia de la Audiencia Nacional no ve delito de terrorismo en la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 y, por lo tanto, no ve necesario recurrir la sentencia al Tribunal Supremo. Pese a la petición del ministerio fiscal de endurecer las condenas de los acusados por considerar que tenían una finalidad terrorista, la Sala de Apelación rechazó el recurso e impuso penas de entre 2 y 13 de prisión para la mayoría de los enjuiciados.

Fuentes del ministerio público han informado a Efe de la decisión de la Fiscalía, que ha considerado que, a la vista de las dos sentencias dictadas hasta ahora, no es procedente seguir recurriendo ante el Supremo.

La Fiscalía calificó los hechos de terrorismo, pero la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia optó por condenar a ocho acusados por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

El ministerio fiscal recurrió la sentencia ante la Sala de Apelación de la Audiencia con el argumento de que los hechos tenían finalidad terrorista, por lo que pidió agravar las condenas. Pero la Sala de Apelación rechazó ese recurso -igual que los de las defensas- y mantuvo las penas de entre 2 y 13 años de cárcel que les fueron impuestas a siete de los acusados. La otra la rebajó de 10 a 6 años de cárcel por una cuestión técnica.

Ambas sentencias agravaron las penas por discriminación, al entender que la motivación de los acusados fue la pertenencia de las víctimas a la Guardia Civil, pero descartaron la calificación de terrorismo. Entre otros motivos, porque los acusados eran menores cuando la banda terrorista anunció el cese de la "lucha armada", lo que determina "no solo la falta de apoyo logístico, sino la ausencia de directrices u órdenes e incluso que la intención de los condenados fuera actuar en nombre o coadyuvando en algo a la organización terrorista ETA".

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