Enparantza y Zulueta, las mayores penas

El macrojuicio contra abogados de ETA acaba en acuerdo: hasta tres años y medio de cárcel

Los 47 acusados han reconocido los hechos y el fiscal ha tomado la palabra para modificar su escrito, pasando así a pedir como pena máxima tres años y seis meses de cárcel

Foto: Concentración frente a la Audiencia Nacional por el juicio a los 47 acusados de integrar el frente de cárceles de ETA. (EFE)
Concentración frente a la Audiencia Nacional por el juicio a los 47 acusados de integrar el frente de cárceles de ETA. (EFE)

Los 47 abogados del denominado 'frente de cárceles' de ETA han llegado a un acuerdo con la Fiscalía tras reconocer su participación activa en la banda. El Ministerio Público y la acusación popular ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pedían entre ocho y 20 años de prisión por integración en organización terrorista, enaltecimiento, quebrantamiento de medidas cautelares, colaboración y financiación del terrorismo, pero el macrojuicio ha acabado en conformidad: tres años y seis meses de cárcel para la abogada Arantxa Zulueta, dos años y siete meses para el abogado Jon Enparantza y entre año y medio y dos años para los otros 45 acusados, entre los que se encuentran el exsenador de Bildu Iñaki Goioaga y una de las concejales del partido en Pamplona, Amaia Izko.

Después de que los acusados reconocieran en la Audiencia Nacional que la estructura que controlaba a los presos actuó bajo la dirección de ETA, el fiscal ha tomado la palabra para modificar su acusación: "Los hechos pasarían a constituir delitos de participación activa en organización terrorista en grado de dirigente [para Zulueta y Enparantza], 45 delitos de participación activa y dos de quebrantamiento de medida cautelar". Según explica el Ministerio Público en su escrito, el 'frente de cárceles' fue desarticulado entre 2014 y 2015, diez años después de que se creara por orden de ETA el denominado 'Koordinazio Taldea/Grupo de coordinación', también denominado KT por sus siglas en euskera, cuya función principal era dirigir el colectivo de presos de forma integral para garantizar tanto la cohesión de sus miembros como su fidelidad a la banda.

En su escrito, el fiscal sostiene que el KT diseñaba y organizaba las campañas de ETA en las cárceles, a lo que se suma el seguimiento que realizaba de cada uno de los encarcelados y las acciones que llevaba a cabo como portavoz del colectivo de presos. Los miembros del denominado KT eran "plenamente conocedores de su dependencia orgánica de ETA y su actividad contribuye a los fines", asegura el Ministerio Público, que califica a Zulueta y Enparantza como "dirigentes" del movimiento. En cuanto al resto de acusados, la Fiscalía apunta a que, aprovechándose de su condición de abogados, realizaban funciones de "asistencia política" a los presos, recopilando además todo tipo de información que después facilitaban a la cúpula del 'frente de cárceles'. Las acusaciones defienden que esta actividad se mantuvo hasta 2012.

Aunque Zulueta ha sido condenada a más de tres años de cárcel y Enparantza a más de dos, a ambos solo les queda por cumplir cinco meses entre rejas, pues a las penas hay que restar el tiempo que ya estuvieron en prisión preventiva tras su detención. La sentencia impone además a Zulueta la inhabilitación absoluta para cargo público durante cinco años y la pena de un año de libertad vigilada, mientras que a Enparantza se le aplica el mismo castigo, pero se le rebaja la inhabilitación absoluta a cuatro años y un mes. En el caso de Izko, actual concejal de Bildu en Pamplona, se le condena a un año y medio de prisión y tres años de inhabilitación absoluta, por lo que tendrá que dejar el cargo cuando se haga pública la sentencia.

Tras cerrarse el acuerdo, Carmen Ladrón de Guevara, portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), ha calificado la condena como "un logro importante en términos jurídicos y también de relato", para lo que ha destacado que "a partir de 2012 los presos de ETA adquirieron un papel importante y los acusados se encargaban de mantener esa unidad, evitando cualquier tipo de disidencia o iniciativa individual".

El juicio, presidido por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, ha arrancado la mañana de este lunes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en Madrid. Antes del inicio de la sesión, miembros de ERC, Junts per Catalunya y Bildu se han concentrado a las puertas del tribunal para "mostrar apoyo a los 47 ciudadanos vascos encausados por prestar ayuda a los y las presas vascas". El sábado también se celebró en Bilbao una manifestación de apoyo a los acusados a la que acudieron 20.000 personas, según la Policía Municipal. "La sociedad vasca ha vuelto a decir que este proceso judicial está fuera de tiempo, de lugar y de medida", aseguró entonces la concejal de Bildu en Pamplona, Amaia Izko, que este lunes ha reconocido su participación activa en la banda ante el tribunal.

Pese a ello, tras finalizar el macrojuicio, Izko ha vuelto a cargar contra la Fiscalía y sus "peticiones fuera de toda lógica", acusación que les ha hecho "temer que las condenas pudieran ser muy graves". La concejal de Bildu, que ejerce también como abogada de dos de los acusados en el 'caso Alsasua', ha dicho que uno de sus objetivos era "que nadie tuviera que entrar en prisión", así como dejar atrás "este proceso, estas fórmulas y estas estrategias" que, según ha argumentado, buscan "bloquear la situación en el pasado y no seguir adelante". Como broche final, Izko ha presentado a los principales acusados como mártires: "Es cierto que Jon Enparantza y Arantxa Zulueta tienen que volver a prisión a cumplir cinco meses de condena. A pesar de ello, la decisión se ha tomado de forma colectiva y basándonos en la voluntad y compromiso de estas personas, que ha sido la de sacrificarse en lo personal para posibilitar esta situación".

Al margen de Zulueta y Enparantza, diez de los 47 acusados han sido condenados a dos años de prisión y a tres años y medio de inhabilitación absoluta: José Luis Campo, Asier Aranguren, Aitziber Sagarminaga, Miren Aintzane, José Miguel Almandoz, José Antonio Fernández, José Manuel Ugartemendia, Ibón Meñica, Jon Mintegiaga y Naia Zurriarain. El resto han aceptado año y medio de prisión y tres años de inhabilitación absoluta, pero dos de ellos, Imanol Karrera y Francisco Javier Balda, tendrán que pagar también una multa de 1.800 euros por quebrantamiento de medida cautelar.

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