El juez absuelve al PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

El juez ha absuelto al PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas en 2013. El magistrado Eduardo Muñoz de Baena atiende la postura de la Fiscalía, que pedía el sobreseimiento y archivo de la causa, al considerar que la única versión sobre estos hechos es la del extesorero popular, relato que la sentencia considera que no ofrece "fiabilidad suficiente". Frente al Ministerio Público, tres acusaciones populares llevaron el partido al banquillo por daño informático, pero tras la celebración del juicio el pasado junio, el juez sostiene que la comisión de este delito no ha quedado probada por falta de pruebas. El juez absuelve también a la extesorera del partido Carmen Navarro, al abogado Alberto Durán y al informático José Manuel Moreno, que se enfrentaban a una condena por daño informático y encubrimiento.

En la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, el juez explica que no ha quedado probado que Navarro tuviera intervención alguna en la decisión de borrar los discos duros. También argumenta que no se ha podido demostrar que Moreno, encargado de destruir los dispositivos, y Durán, que dio la orden de aplicar el borrado, intentaran causar un menoscabo económico a Bárcenas, cerrando así la puerta a una condena por daño informático. En cuanto al delito de encubrimiento, el magistrado aplica el principio 'in dubio pro reo', que obliga a interpretar aspectos dudosos a favor del procesado: "Si se presentan dudas sobre la intención que llevó a realizar el borrado, y estas son lógicas, de sentido común, no absurdas o derivadas de planteamientos maximalistas o imposibles, se ha de absolver”, explica la sentencia.

El fallo supone un varapalo para la jueza que se encargó de la instrucción del caso, Rosa María Freire, titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid. En la sentencia, el juez explica que no se ha podido acreditar que uno de los dos ordenadores destruidos fuera de Bárcenas y no del PP, ni tampoco que en los ordenadores "hubiera almacenado algún dato o archivo en el momento en que José Manuel Moreno procedió al borrado seguro y destrucción de los soportes". Como broche final, el magistrado aplica además la conocida como doctrina Botín para descartar el daño informático: considera que no se debería haber mantenido un procedimiento judicial por este delito con tan solo la acción popular como acusación, razonamiento que hubiese librado al PP de sentarse en el banquillo.

"Desconfianza hacia el testimonio de Bárcenas"

En su declaración como testigo el 20 de junio ante el Juzgado de lo Penal 31 de Madrid, Bárcenas aseguró que los ordenadores contenían información sobre el funcionamiento de la caja B: "Había datos relacionados con mis cuentas corrientes, presupuestos sobre cómo se financiaban las campañas electorales, las notas que daban continuidad a los papeles y algunos documentos más". El extesorero mantuvo que la destrucción de los dispositivos formó parte de una estrategia para hacerse con documentación que tenía en su poder y perjudicarle, pero el juez considera que su versión no es suficiente para condenar a los cuatro acusados.

En su informe final, el abogado del PP, Jesús Santos, cargó de forma directa contra el extesorero: "¿Cuál es la prueba que se presenta por las acusaciones para pedir desaforadas penas? La palabra del señor Bárcenas. Esa es la única prueba". Línea similar a la que mantuvo la fiscal Carmen Luciáñez, que defendió que no se puede condenar al partido ni a sus exdirigentes por mucho que se considere probado que destruyeron información sensible: "Si partimos de la base de que el PP destruyó su contabilidad B, entendemos que esa información era del PP".

El juez recoge parte de estos argumentos y asegura que "la única fuente de prueba de la existencia de los archivos en los discos duros al tiempo de proceder a su borrado es el testimonio de Luis Bárcenas como perjudicado", para lo que somete entonces su credibilidad a tres principios: ausencia de incredibilidad subjetiva, persistencia en la incriminación y corroboración de la verosimilitud. Tras analizarlos uno a uno, el magistrado concluye que "no es factible conceder al testimonio de Luis Bárcenas la fiabilidad suficiente para tener por acreditado, sin lugar para la duda, que había información digital almacenada en los discos duros de los dos ordenadores cuando Moreno llevó a cabo el borrado seguro".

El partido se enfrentaba a una condena por daño informático, delito por el que Izquierda Unida pedía una multa de 10,9 millones de euros, Adade una de 109.500 euros y el Observatori Desc la suspensión de sus actividades por un plazo de un año y la prohibición de recibir donaciones por 10 años, así como una multa de dos millones. En lo que se refiere a la extesorera del partido Carmen Navarro, al abogado Alberto Durán y al informático José Manuel Moreno, además del delito de daño informático, las acusaciones pedían una condena por encubrimiento: IU solicitaba cuatro años y seis meses de prisión para los tres; el Observatori Desc, cuatro años para Navarro, tres años y 10 meses para Durán y tres años y ocho meses para Moreno, y Adade, dos para la extesorera y el abogado, pero uno para el informático.