La Físcalía pide absolver al PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

La Fiscalía de Madrid ha solicitado que no se juzgue del PP en el próximo juicio por la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas. En un escrito, la fiscal Carmen Luciáñez, ha reclamado además la absolución del restos de imputados, todos ellos vinculados con la formación. El partido está acusado en esta causa como persona jurídica junto su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán por los delitos de daños informáticos y de encubrimiento.

La postura de la Fiscalía no ha variado a lo largo de toda la instrucción, y reitera ahora que no se ha acreditado ninguna de las acusaciones que formulan el Observatori de Drets Humans, Izquierda Unida y Asociación de Abogados Demócratas por Europa. Por ello reclama que se excluya de cualquier tipo de responsabilidad penal al Partido Popular sobre el borrado de los ordenadores del que fuera su tesorero.

Para la Fiscalía no ha quedado demostrado cuál era la información que contenía los ordenadores ni que dicha información fuera "relevante" para los hechos que se investigaban. En síntesis, la Fiscalía entiende que dado que Bárcenas desistió de ejercer la acción penal por este hecho, lo que conlleva la pérdida de su condición de acusación particular, las acusaciones populares carecen de legitimación para pedir la apertura de juicio oral por un delito de daños informáticos, en el que no concurre interés general que proteger. Es decir, solicita que en este caso se aplique la doctrina del Tribunal Supremo conocida como doctrina Botín

Sobre el delito de encubrimiento la Fiscalía sostiene que este tipo penal no es aplicable a una persona jurídica, en este caso, el Partido Popular, sino que la ley sólo prevé que sea aplicable a una persona física. En su escrito de conclusiones absolutorias, el Ministerio Público recuerda que en la etapa de Bárcenas como tesorero del PP se le adjudicó un despacho en la sede de dicha formación política para su utilización "exclusiva" y "personal" donde guardaba diferentes objetos, entre ellos dos ordenadores personales, cuya propiedad no se ha podido acreditar como tampoco su forma concreta de adquisición.

Pese a que le ex tesorero del PP denunció a la formación política de haberse apropiado indebidamente de sus ordenadores, el juzgado de Instrucción número 21 de Madrid le respondió que para realizar una exigencia de tales características antes debía acreditar que los ordenadores eran suyos y que utilizara otra vía para reclamarlos, dice el Ministerio Público.