El juez del caso Villarejo retira el pasaporte al hijo del expolicía por la pieza de Pérez Maura

El juez del caso Villarejo ha atendido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha retirado al pasaporte a José Villarejo Gil, el hijo del comisario jubilado, al que obliga además a comparecer cada quince días en el juzgado. Tanto Villarejo Gil como el inspector jubilado Antonio Bonilla y el exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, han acudido este lunes como investigados a la Audiencia Nacional para declarar en el marco de la pieza Pit, que se centra en el encargo del naviero Ángel Pérez Maura al excomisario para evitar su extradición a Guatemala. El magistrado Manuel García Castellón obliga también a Ligorría a comparecer una vez al mes en el juzgado y le prohibe salir de España sin previa comunicación, mientras que a Bonilla le impone una fianza de 15.000 euros como condición para seguir en libertad, depósito que tendrá que efectuar antes del 24 de julio.

A cambio del pago de 10 millones a Villarejo, el naviero Ángel Pérez-Maura habría pedido al comisario que frenara en 2016 su extradición a Guatemala, donde hay un procedimiento por corrupción contra su compañía Grup Maritim. La causa en este país parte de la supuesta entrega de 30 millones de dólares entre 2012 y 2015 al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, entre otros funcionarios. El objetivo del soborno pasaba por que la empresa Grup Maritim Terminal, a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, "obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la adjudicación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal", explica el Ministerio Público en un comunicado.

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La Policía Nacional lanzó un operativo a comienzos de mayo para detener a cinco de los presuntos implicados en el proyecto: los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura, el industrial y amigo del excomisario Adrián de la Joya, el consejero delegado de Grupo Maritim, Francisco Javier Soucheiron, y el abogado Enrique Maestre. Tras una serie de interrogatorios que se alargaron más de 14 horas, el magistrado Manuel García-Castellón dejó en libertad a todos ellos bajo fianza: 750.000 euros para Ángel Pérez-Maura, 500.000 euros para Álvaro Pérez-Maura y De la Joya y 200.000 para Soucheiron y Maestre.

Tras la primera ronda de interrogatorios, Ligorría, Bonilla y el hijo de Villarejo han comparecido este lunes ante el juez. Al exinspector ya se le investiga en otras piezas relacionadas con Villarejo por cohecho y revelación de secretos, acusación que se basa en los servicios que prestaba a las empresas del comisario. En el caso de la pieza Pit, las pesquisas en torno a su persona se centran en un viaje que realizó a Guatemala después de que las autoridades de dicho país pusieran el foco en los Pérez Maura.

En lo que refiere a Ligorría y el hijo del comisario, Anticorrupción investiga una serie de reuniones en las que habrían participado con otros investigados, encuentros que se produjeron después de que Ángel Pérez-Maura supiera que había una orden de detención contra él en Guatemala. Fuentes jurídicas confirman a este diario que Villarejo Gil ha asegurado al juez que su papel en la operación se limitó a las labores que tenía encomendadas como "gestor" de Cenyt, la empresa de su padre, pero el auto en el que se decretan las medidas cautelares destaca también que era "apoderado junto con Rafael Redondo [socio y abogado del excomisario] en las cuentas de las dos sociedades que reciben todos los pagos del proyecto", apuntando además a que se encargó de facilitar "teléfonos de 'seguridad' para los investigados" ante la sospecha de que el CNI seguía sus pasos.

El instructor subraya tres conversaciones en concreto, cuyas transcripciones se recogen en el correspondiente auto. En una de ellas se refleja cómo el comisario jubilado le pide a su hijo que le facilite a Ángel Pérez-Maura un nuevo teléfono porque tiene "la convicción de que el CNI está escuchando" al naviero, tras lo que Villarejo Gil se encarga de explicar el funcionamiento del mismo. En ese encuentro, el comisario jubilado le aconseja a Pérez-Maura que si en algún momento le detienen, diga que ese teléfono es "para una novia que tiene, porque a la policía cuando se le dice que es para un tema de chicas o sexual no suele analizarlo".

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Ligorría ha argumentado por su parte que su relación con la trama nunca fue más allá de prestar servicios de asesoramiento. "Tuvimos un par de reuniones con él. Cuando yo conocí al señor Villarejo era un referente del manejo de crisis en este país", ha dicho el exembajador a su salida de la Audiencia Nacional. Respecto al supuesto plan de Villarejo y De la Joya para apoyarle económicamente y auparle a la presidencia de Guatemala, Ligorría ha negado los hechos: "Eso es una fábula que no se sostiene. No despegó y no aterrizó. No tiene ni pies ni cabeza". En el auto del juez, sin embargo, se considera probado que formó parte "del equipo dirigido por Villarejo para desarrollar el proyecto Pit", para lo que recuerdan que De la Joya y Mestre reconocieron "su participación" y "cobro de dinero", a lo que se suma el hallazgo de "anotaciones relativas a pagos recibidos" por el exembajador.

Bonilla ha confirmado a su vez que tenía un contrato de servicios con Cenyt, empresa que le pagaba por analizar la documentación que le entregaba el socio del excomisario, el abogado Rafael Redondo. "La implicación de Bonilla en este proyecto concuerda con su implicación en otras piezas en tanto que integrante de la organización investigada", explica el auto. Entre los servicios que prestó a la trama, él mismo ha mencionado en su declaración un informe que hizo sobre los 11 países en los que opera el BBVA, estudio que se centraba en los riesgos a los que se enfrentan los empleados de la entidad en cada una de las zonas. Los trabajos realizados por el excomisario Villarejo para el BBVA se investigan en una pieza separada en la Audiencia Nacional y el próximo jueves ha sido citado a declarar como investigado el exCEO Ángel Cano, comparecencia que llega después de que la pasada semana pasaran por el juzgado otros exdirectivos del banco que se encuentran imputados por los mismos hechos.

En el marco de la pieza Pit, mañana martes también han sido llamados a declarar como investigados el abogado Rafael Redondo y el empresario Armando Mateo Flandorfer. Un día después, una comisión judicial integrada por el juez de la Audiencia Nacional y los fiscales del caso se trasladará a la prisión de Estremera para interrogar a Villarejo en presencia de su abogado, quien no no puede desplazarse al juzgado por problemas de salud. Aunque la citación se produce en principio por el encargo de Pérez-Maura, fuentes jurídicas no descartan que se le pregunte sobre otras investigaciones en curso.