El descenso al infierno de los Pérez-Maura, los navieros de los 350 millones de euros

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional detuvo este miércoles a cuatro empresarios y un abogado por su presunta implicación en unas maniobras del comisario Villarejo para frenar una investigación judicial en Guatemala y ujna extradición a ese país. Los arrestados, a los que se imputan los delitos de cohecho y tráfico de influencias, son los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura, dueños de la naviera Grupo Pérez y Cía SL; un directivo de la misma compañía, Xavier Soucheiron; el abogado Enrique Maestre, y un amigo de Villarejo, el industrial Adrián de la Joya. Todos ellos declararán este viernes ante el juez Manuel García-Castellón. Los Pérez-Maura bajan con este operativo otro peldaño en su particular descenso a los infiernos.

Sus problemas con la Justicia empezaron en 2015. Nada hacía presagiar hasta ese momento que terminarían siendo detenidos a petición de la Audiencia Nacional en el marco de un caso instruido por la Audiencia Nacional. Los dos hermanos Pérez-Maura crecieron en una de las familias con más solera de Cantabria. Son tataranietos del líder conservador y presidente del Gobierno Antonio Maura y descendientes del fundador del banco Santander, Emilio Botín López. Su padre convirtió la naviera familiar, Pérez y Cía SL, en un auténtico imperio con delegaciones en todo el mundo y, tras su muerte en 1994, asumió el control de la compañía su madre, Elena García Botín, antigua diputada de Alianza Popular por Cantabria. Los hermanos Pérez-Maura dedicaron toda su carrera a la naviera, pero no llegaron a la cúspide hasta 2014. Ángel se convirtió en presidente, y Álvaro, en socio director.

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La alegría les duró poco. Un año después de convertirse en los máximos responsables de Pérez y Cía, estalló un escándalo en Guatemala que afectaba de lleno a su empresa. La fiscalía especial contra la corrupción del país (Cicig) lanzó un operativo tras descubrir que la naviera había pagado presuntamente 30 millones de dólares en sobornos al expresidente del Gobierno Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti para asegurarse la adjudicación del contrato de construcción y gestión de una nueva terminal de contenedores en la zona de Quetzal, un punto clave en la costa del Pacífico.

El operativo pilló a los Pérez-Maura fuera de Guatemala, pero el delegado de la empresa en el Estado centroamericano, Juan José Suárez Meseguer, fue detenido por la policía local y el instructor del caso lo envió a prisión provisional. El miedo se apoderó de los hermanos, que hasta entonces no habían tenido grandes problemas con la Justicia y apreciaban, por encima de cualquier otra cosa, la discreción. La fortuna del clan se cifra en unos 350 millones de euros, pero era difícil encontrar sus nombres y fotografías en los medios de comunicación.

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Con el caso de Guatemala, a los Pérez-Maura les surgieron dos problemas. Por un lado, temían ser extraditados a ese país y tener que cumplir una hipotética condena en sus cárceles. Por otro, la investigación judicial suponía un enorme contratiempo para su empresa. Un año antes de que estallara el escándalo, los Pérez-Maura vendieron varias concesionarias, incluida la del puerto guatemalteco, Terminal de Contenedores de Quetzal (TCQ), a APM Terminals, del gigante danés Maersk. El precio de la venta ascendió a 900 millones de euros. Sin embargo, el acuerdo entre ambas compañías especificaba que TCQ estaba libre de cargas. El inicio de un proceso judicial por corrupción quebrantó ese punto del contrato y bloqueó el desarrollo de la terminal, por lo que Maersk se negó a completar el pago. Si la familia quería los 900 millones, necesitaba que la investigación en Guatemala se archivara.

El pánico cundió entre los Pérez-Maura, que optaron por la salida que en ese momento les pareció más rápida, aunque implicaba hundir un poco más los pies en el barro. Según las fuentes consultadas por este diario, el clan entró en contacto con el industrial Adrián de la Joya, un empresario con intereses en el sector inmobiliario y financiero que mantenía una estrecha relación comercial y de amistad con el comisario Villarejo. De la Joya era la puerta de acceso que utilizaba habitualmente el policía para llegar hasta la élite económica. A cambio, el presunto cerebro de la operación Tándem le recompensaba con un porcentaje de lo que facturara a los clientes que le conseguía.

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Los Pérez-Maura ya tenían abogados, pero Villarejo se comprometió a evitar su extradición a Guatemala, sacar de la cárcel a Suárez Meseguer y desactivar la investigación en ese país para que Maersk abonara íntegramente los 900 millones de TCQ. El comisario pidió 10 millones de euros por alcanzar esos objetivos. El precio era disparatado, elevadísimo, pero el miedo de la familia a terminar en una cárcel guatemalteca era superior, así que terminaron aceptando el acuerdo y firmaron un contrato de servicios con el despacho del comisario.

A partir de ese momento, como reveló este diario el pasado septiembre, Villarejo puso en marcha una estrategia que abarcaba los ámbitos político, judicial y mediático. Lo llamó operación PIT. En abril de 2016, se produjo su supuesto primer éxito. En realidad no era tal, debido a la nacionalidad del empresario, pero él se encargó de 'venderlo' como triunfo. La Audiencia Nacional rechazó la entrega de Ángel Pérez-Maura a Guatemala, como hace siempre con los españoles reclamados por este país. Por ese hito, el comisario recibió del naviero 4.840.000 euros. Y en los meses siguientes percibió una cantidad fija de 142.500 euros por continuar con las gestiones.

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Parte del dinero habría sido destinado a sufragar las gestiones del bufete de Villarejo en la Audiencia Nacional y ante los tribunales de Guatemala. El socio del policía, Rafael Redondo, fue precisamente detenido en la operación Tándem cuando regresaba de ese país. Además, Villarejo contrató un despacho de Estados Unidos para tratar de presionar a la Cicig, que depende en gran parte de la financiación que recibe de Washington. Otra partida de los fondos terminó en agencias de 'lobby' y comunicación para evitar que el caso trascendiera en España y para mejorar la imagen de los Pérez-Maura en Guatemala. Y una última partida habría sido utilizada, según la Fiscalía Anticorrupción, para tratar de comprar voluntades.

Ese es el motivo por el que a los cinco detenidos este miércoles se les imputan los delitos de tráfico de influencias y cohecho. Con todo, aún se está investigando si finalmente llegaron a pagarse comisiones para intentar que el caso contra la naviera entrara en vía muerta y el directivo en prisión pudiera quedar al menos en libertad provisional, algo que no llegó a ocurrir.

Como reveló este diario, los investigadores sospechan que Villarejo pudo recurrir a su amigo Baltasar Garzón para que este utilizara sus contactos jurídicos en Sudamérica en beneficio de los Pérez-Maura. Se están rastreando movimientos de fondos del comisario que presuntamente terminaron bajo el control del exjuez de la Audiencia Nacional. La Policía Nacional encontró documentos en los que Villarejo había anotado de su puño y letra supuestas reuniones con Garzón que estarían relacionadas con sus trabajos para la naviera. En esos apuntes, también figura una presunta reunión con la actual ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, que en aquel momento era fiscal en la Audiencia Nacional. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción aseguró este miércoles que la ministra no está siendo investigada en estos momentos en esta causa.

Junto a los hermanos Pérez-Maura y De la Joya, fueron detenidos también el directivo de Pérez y Cía SL Xavier Soucheiron, que presuntamente estaba al tanto de las maniobras de Villarejo, y Enrique Maestre, un abogado de la máxima confianza de los Pérez-Maura que participó en nombre de la familia en numerosas reuniones de trabajo con el comisario. La Policía efectuó durante la jornada registros en sus oficinas y domicilios. Es la primera gran operación de la pieza PIT, una de las 10 en las que se desglosa por ahora el caso Tándem.