Puigdemont se une a Junqueras: pide al TS que pregunte al TJUE sobre su inmunidad

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín quieren que el Supremo consulte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de su inminudad como eurodiputados. Después de que la Sala dejase en suspenso la respuesta al recurso de súplica que presentó el 'exvicepresident' y habilitase un plazo de tres días para que las partes se pronunciasen sobre si procede dirigirse a Luxemburgo, la defensa del líder de ERC ha presentado un escrito en el que reclama acudir a dicho tribunal para aclarar la cuestión prejudicial reclamada. Pero a falta de que los magistrados tomen una decisión, Puigdemont y Comín se han sumado ya a la petición, poniendo además sobre la mesa nuevas cuestiones que consideran que deben trasladarse también al TJUE, como la exigencia de jurar la Constitución o el requisito de hacerlo presencialmente, aspectos para los que se presentan como miembros de "una minoría nacional".

Tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía se oponen a ello al considerar que la interpretación del derecho de la Unión Europea "no deja lugar a duda razonable alguna", pero la defensa de Junqueras argumenta que responder a una cuestión prejudicial no queda "al libre albedrío de la jurisdicción nacional". En su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, la defensa de Junqueras vuelve a plantear las seis cuestiones que se recogían en su recurso de súplica, entre las que destaca la última de ellas, que se centra en el alcance de su inmunidad: "¿Están protegidos por la garantía de inmunidad parlamentaria los miembros electos del Parlamento Europeo de conformidad con el artículo 9 del Protocolo nº7 sobre privilegios e inmunidades de la UE desde el momento mismo de su elección? ¿Protege dicha inmunidad frente a medidas cautelares de naturaleza penal (por ejemplo, prisión provisional) cuando dichas medidas hacen imposible para el candidato electo adquirir su condición y ejercer de forma efectiva su mandato como miembro del Parlamento Europeo?".

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El resto de preguntas que quiere trasladar a Luxemburgo se centran en las limitaciones previstas en la ley para acceder de facto al escaño, los límites a la prohibición de elegibilidad, el desarrollo efectivo de funciones o el alcance del derecho al sufragio pasivo. En el punto cuatro, el de ERC plantea además si el reciente informe del grupo de trabajo de la ONU en el que se critica su prisión preventiva implica amparar su puesta en libertad: "¿Supone una violación del artículo 39 CDFUE, el artículo 14(3) TUE y el artículo 1(3) del Acta de 1976 el mantenimiento de un candidato en prisión provisional, existiendo una resolución declarando arbitraria su detención por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas (WGAD) y después de ser elegido en sufragio popular y cumpliendo con todos los requisitos de elegibilidad de la legislación electoral nacional?".

En el caso de Comín y Puigdemont, en su escrito se incide en la necesidad de consultar al TJUE sobre su inmunidad como europarlamentarios, pero además plantean si la exigencia de acatar la Constitución española para acceder al cargo tiene sentido: "¿Resulta compatible con el derecho a la libertad de pensamiento que establece el artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales una disposición interna que establece que un diputado proclamado electo debe jurar o prometer acatar la Constitución de un Estado miembro para poder tomar posesión de su escaño y, además, cuando se trata de un miembro y representante de una minoría nacional?". De igual forma, piden al Supremo que pregunte a Luxemburgo si el requisito de jurarla presencialmente tiene sentido: "¿Resulta compatible con el principio de legalidad que establece el artículo 52.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que la autoridad electoral de un Estado miembro exija que dicha jura o promesa de acatamiento se efectúe presencialmente, a pesar de no estar dicha condición prevista expresamente en la disposición interna?".

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En la providencia emitida la pasada semana, el tribunal del 'procés' ponía el foco en la última cuestión que planteaba Junqueras sobre su inmunidad, pidiendo entonces a las partes que se pronunciaran al respecto. Para rechazar la necesidad de acudir a Luxemburgo, la Abogacía del Estado subraya que el artículo 9 del Protocolo establece que la inmunidad se aplica "mientras el Parlamento Europeo esté en periodo de sesiones", condición que no se cumple en el caso de Junqueras, pero la defensa del 'exvicepresident' sostiene que la sentencia del 10 de julio de 1986 del conocido como caso Wybot/Faure "amplía el concepto de periodo de sesiones". Según defiende Andreu Van den Eynde, abogado del de ERC, la interpretación que hace este fallo del artículo 9 "no es otro que el de ofrecer una garantía de independencia al Parlamento Europeo en su conjunto y a sus diputados".

Al igual que la Abogacía del Estado, la Fiscalía también expresó al Supremo su rechazo a acudir al TJUE, asegurando que el derecho de la UE es manifiestamente inaplicable a una causa en la que se debe aplicar el derecho nacional o internacional. "No existe una norma de derecho interno contraria a la regulación del derecho comunitario", explica el Ministerio Público, destacando que resulta evidente que las normas de la UE están sujetas a límites como la defensa de la seguridad pública, la integridad territorial o la prevención del delito y separación de poderes. Con estas dos posturas sobre la mesa, el tribunal del 'procés' debe decidir ahora si resuelve la polémica sin consultar a Luxemburgo o si opta por llevar el alcance de la inmunidad de los independentistas a Europa.