Objetivo, Luxemburgo: así une la lucha por el escaño europeo a Junqueras y Puigdemont

Enfrentados durante meses. Separados por miles de kilómetros. Uno en Waterloo y el otro en Soto del Real. La lucha jurídica por el escaño europeo ha conseguido lo que parecía imposible. Unir a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en una estrategia común para reivindicar un puesto efectivo en el Parlamento Europeo, vedado por el momento por la Justicia española. Ambos miran a un único punto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, y en el que parecen depositar sus esperanzas de acceder al cargo para el que ambos fueron elegidos y del que les alejan sus particulares circunstancias penales.

Puigdemont ha ido ejecutando en las últimas semanas una serie de movimientos en tres actos destinados a soslayar la normativa electoral española para lograr ser eurodiputado sin pisar Madrid y el Congreso de los Diputados. El último se escenificó este lunes en la sala constitucional de la Cámara Baja, donde se llevó a cabo el juramento o promesa de la Carta Magna. Apareció, sin que se le esperara, el abogado del 'expresident', Gonzalo Boye. Traía una carpeta verde pistacho bajo el brazo. En su interior, el acatamiento de la Constitución ante un notario belga y los poderes necesarios para recoger el acta en su nombre.

TE PUEDE INTERESAR

Puigdemont acata la Constitución en Bélgica ante notario pero la JEC lo exige en persona

Rafael Méndez

El intento, rechazado por la Junta Electoral Central, no fue, ni mucho menos, una 'perfomance' o un espectáculo de fuegos artificiales. La defensa de Puigdemont lo ejecuta como el último eslabón que acredita que ha tratado, por todos los medios legales, de cumplir la legislación española y sus especificidades y que no le ha sido posible. A este último acto le precedieron otros dos. Primero se dirigió a la JEC para reclamar la entrega no presencial de la documentación y la publicidad de la reunión de proclamación de candidaturas. Incluso recurrió al Supremo la negativa arriesgándose a una multa por mala fe que se le impondrá. De forma casi paralela, se dirigió al instructor del procedimiento, Pablo Llarena, y le reclamó que dejara sin efecto la orden nacional de detención en su contra, esgrimiendo una inmunidad que, según defiende, le ampara desde el momento mismo en que resultó elegido.

Junqueras también ha dado pasos. En un escueto escrito de su defensa, pidió al tribunal del 'procés' que le autorizara a salir de prisión y ser trasladado al Congreso para el acto de este lunes. Los siete magistrados que le han juzgado no lo aceptaron. Esgrimieron distintos motivos, entre ellos, la necesidad de asegurar los fines del proceso, que se encamina ya hacia la sentencia, y que se verían alterados por una inmunidad parlamentaria de imprevisible resolución. El abogado Andreu Van den Eynde optó, tras la negativa, por agotar la vía del recurso en España. Planteó uno de súplica este pasado fin de semana e irá, si se resuelve contra su solicitud, ante el Tribunal Constitucional.

¿Adónde se encaminan?

Hasta aquí, el recorrido de uno y otro por el momento. ¿Adónde se encaminan? Al mismo sitio: la Justicia europea. "Hay convergencia de intereses en parte", reconocen a El Confidencial fuentes cercanas al líder de ERC. El destino final puede ser doble. Estrasburgo y su Tribunal Europeo de Derecho Humanos, sí, pero de forma prioritaria, Luxemburgo. El TJUE. Cuyas decisiones son vinculantes para los Estados miembros.

Hasta aquí el recorrido de uno y otro por el momento. ¿Adónde se encaminan? Al mismo sitio: la Justicia europea

Consideran, ambos, que las instituciones españolas vulneran el derecho de la Unión. La piedra, la piedra casi filosofal de todo el asunto, es la inmunidad y desde cuándo rige y cuánto ampara al electo. Junqueras y Puigdemont consideran que esta opera desde el momento de su proclamación mientras que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo la acotan al inicio del periodo de sesiones, fijado para el próximo 2 de julio. La defensa de Junqueras lo resume así: "Si se condicionara la garantía de inmunidad prevista en el Reglamento Interno del Parlamento Europeo a la consecución de determinados trámites de derechos internos, se produciría una distorsión injustificada del sistema de protección previsto en el derecho de la Unión puesto que un Estado podría simplemente evitar la efectividad de la normativa que permite al parlamentario europeo asistir a las sesiones de la Cámara y desarrollar sus funciones".

El objetivo está claro, pero no tanto la forma de alcanzarlo. En resumen y simplificando, tanto uno como otro cuentan con dos posibilidades. La primera, conocida como cuestión prejudicial, ya se ha reclamado. Fue Junqueras el primero en abordarla el pasado fin de semana en su súplica, en la que pidió al Tribunal Supremo que activara este mecanismo dado que su decisión podría suponer una interpretación de la normativa interna incompatible con el derecho de la Unión y, por ello, deja en manos del alto tribunal que someta la cuestión a criterio de la jurisdicción del TJUE.

TE PUEDE INTERESAR

Junqueras insiste ante el Supremo en recoger el acta y pide consultar a Europa

EFE

Esta misma vía puede tomar Puigdemont: en futuros recursos contra las últimas decisiones del Supremo en que no se le ha dado la razón, puede solicitar la cuestión prejudicial. Pero hay otra posibilidad más, otra en la que se soslayaría la obligación de que sea un órgano jurisdiccional, es decir, un tribunal o un juez, el que acuda a Luxemburgo. El recurso por omisión. En determinadas circunstancias, el Parlamento, el Consejo y la Comisión europeos deben tomar decisiones. Si no lo hacen, los gobiernos nacionales, otras instituciones europeas o los particulares pueden recurrir al tribunal.

Si elige esta opción, Puigdemont tratará de mostrar que, en violación de los tratados, un Estado miembro o incluso el propio Parlamento no se ha pronunciado sobre lo que considera una vulneración. Solo podrá usar ese as si antes requiere que se actúe, cosa que ya está haciendo con sus tres pasos en tres actos. Objetivo, Luxemburgo.