La Fiscalía pide que el hombre que ayudó a morir a su mujer pueda recurrir al Supremo

La Fiscalía no da su brazo a torcer con el caso de Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple desde hacía 30 años. Después de que la Audiencia Provincial de Madrid no atendiese su recurso y decretase que la investigación debe seguir en manos del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 5, el Ministerio Público vuelve a la carga presentando un nuevo escrito ante el tribunal. En el mismo, la Fiscalía Provincial de Madrid argumenta que “no existe ninguna duda” de que el auto donde se resolvía la mencionada cuestión es “susceptible” de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para lo que subrayan que al ser investigado en el proceso está legitimado para ello. Si la Audiencia Provincial no quiso rechazar una investigación por violencia de género, la Fiscalía confía en que el alto tribunal sí lo haga.

Aunque Ángel grabó un vídeo en el que se recoge la muerte para demostrar que solo estaba cumpliendo su deseo de acabar con un sufrimiento constante, la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid sostuvo a comienzos de este mes que "no se dan las circunstancias para determinar fehacientemente si se trata de un acto de violencia contra una mujer en el ámbito de la pareja, como determina la ley integral de violencia sobre la mujer". La decisión de los magistrados contradijo así la postura de la Fiscalía, que el pasado abril recurrió a la Audiencia Provincial para que se dejara de investigar a Ángel por violencia de género. "El juez de instrucción ha hecho una valoración sesgada", llegó a decir la fiscal de la Sala de Violencia sobre la Mujer, Pilar Martín Nájera, después de que el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid se inhibiese en favor del juzgado de violencia contra la mujer.

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Lejos de dar la batalla por perdida, el Ministerio Público vuelve ahora a la carga con la presentación de un nuevo escrito ante la Audiencia Provincial de Madrid con el que esperan que se abra la puerta para que Hernández recurra ante el Tribunal Supremo. Como parte procesal, "se encuentra personado en las actuaciones y recurrió en apelación el auto del Juzgado de Instrucción 25 de inhibición a los juzgado de violencia”, por lo que consideran que ahora debe tener la oportunidad de acudir al alto tribunal. Incluso el nombre del documento que ha facilitado la Fiscalía a los periodistas deja clara su postura: "Muerte eutanasia".

Las fechas clave del caso

María José, enferma de esclerosis múltiple desde hacía 30 años, necesitaba la ayuda de su marido para todo, un sufrimiento por el que terminó pidiéndole que le ayudara a suicidarse, tal y como se ve en un vídeo grabado por el propio Ángel. "Me lo has pedido muchas veces", se le escucha decir a este antes de suministrar a su esposa una sustancia letal. "Yo solo te voy a prestar mis manos", afirma. El mismo 3 de abril por la tarde, día en que murió de María José, Ángel fue detenido en la casa de ambos,. Le detalló a la Policía lo que había ocurrido y puso en disposición el último vídeo grabado y otros muchos en los que quedaba probado el deseo de María José y, sobre todo, el sufrimiento pasado durante años.

Pese a ello, el 9 de abril, el Juzgado de Instrucción número 25, hasta ese momento encargado del caso, se inhibió en favor de los juzgados de violencia sobre la mujer, auto que fue recurrido en apelación tanto por el Ministerio Fiscal como por Ángel Hernández al considerar que el asunto correspondía a la jurisdicción ordinaria. Ante las protestas de ambas partes, el Juzgado de Instrucción número 25 optó por elevar cuestión de competencia a la Audiencia Provincial, quedando la decisión en manos de la Sección 27.

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El 6 de junio, los magistrados de la Audiencia respondieron en un nuevo auto: atribuyó la competencia al juzgado de violencia sobre la mujer número 5. Tras conocer la decisión, Hernández anunció entonces su intención de interponer un recurso de casación por infracción de ley, quebrantamieto de forma e infracción de precepto constitucional, “interesando que se tenga por preparado el recurso, citándose a la partes para que comparezcan ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo”. Con esta advertencia sobre la mesa, el 20 de junio, la sección 27 de la Audiencia Provincial dictó una providencia en el que pedía a la Fiscalía que en cinco días informase sobre la legitimidad Hernández para interponer dicho recurso.

El Ministerio Público contestó a la petición este mismo lunes, asegurando que “no existe ninguna duda” de que el auto donde se resuelve la cuestión de competencias es susceptible de recurso de casación. “Entendemos que el investigado está plenamente legitimado para interponer recurso de casación por cuando es indiscutible que como investigado es parte procesal, se encuentra personado en las actuaciones y recurrió en apelación el auto del Juzgado de Instrucción 25 de inhibición al juzgado de violencia, cuya legitimación en ningún momento fue discutida, además de tener un interés legítimo en el asunto que necesariamente se ha de proteger”, añade la Fiscalía.