Ángel Hernández: "Si no hay movilización, los políticos dilatarán la ley de eutanasia"

Ángel Hernández se siente cada vez con más fuerzas y esta mañana ha podido celebrar su primera victoria en un vía crucis judicial desde que hace casi un mes ayudase a morir a su mujer, María José, enferma de esclerosis múltiple desde hacía tres décadas. La jueza ha rechazado investigar como violencia de género su caso. "Una institución tan necesaria no se podía mezclar con esto", ha explicado animoso antes de participar en un debate sobre muerte digna en el madrileño Teatro del Barrio junto a Marcos Hourmann, primer médico condenado por practicar la eutanasia, y otros afectados, moderado por el periodista Jordi Évole. Se trata solo de un pequeño paso y consciente de las dificultades ha animado "al 80% de la población que está a favor de la muerte digna a movilizarse porque sino los políticos van a dilatar la ley" de eutanasia.

Su lucha ha facilitado que la eutanasia se cuele en la agenda política durante la campaña electoral, con aparente buena predisposición por parte de los principales partidos para legislar sobre este asunto, pero lo fía todo a la presión de la ciudadanía después de una legislatura con bloqueos y sin los consensos suficientes para avanzar hacia la legalización. Hernández se ha convertido en un símbolo de esta lucha. "No quería estar en la clandestinidad, quería reconocer que lo había hecho y sobre todo lo hice para que se aprobara la ley de eutanasia", reconoce. Para Hourmann, su caso supone "un punto de inflexión" y un llamamiento a dejar de esconderse, "dar un golpe en la mesa para que los políticos escuchen". Él tampoco se escondió desde el punto de vista médico y aunque fue condenado por ello entiende que "si no damos un golpe en la mesa no se va a cambiar absolutamente nada".

Poco satisfechos con el tratamiento de la eutanasia en los debates electorales, "ha pasado por alto", insisten en que no se trata solo de aprobar la ley, sino también de eliminar del Código Penal el artículo 143 que es por el que están juzgando a Hernández. En su punto tres recoge que "será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte" y "se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona". Tampoco otorgan credibilidad de las palabras de los politicos atendiendo a cómo se bloqueó la ley de muerte digna en la Mesa del Congreso de los Diputados durante la pasada legislatura.

El trayecto que ha emprendido Hernández, repite, lo había hablado ya con su mujer y quizá sea eso lo que le da fuerza para seguir adelante, cada vez con más ganas de no cesar en su batalla: Fue hace tres años cuando su mujer comenzó a investigar y plantearse como buscar una muerte digna. Un largo proceso hasta que llegó el momento. "Lo que me vaya a pasar ya está asumido, aunque sí me molestó mucho que mi caso pasase a violencia de género". La desobediencia fue un término que salió a la palestra más de una ocasión, pero el haber pasado el duelo en el calabozo fue una vivencia "terrible" que no podía imaginarse.

Convertido en un activista, removiendo conciencias, Hernández es consciente de que puede ocurrir ahora que no se avance, teniendo como precedente el mediático caso del gallego Ramón Sampedro. Entonces "la gente no se movilizó. Hay que ir a la calle. No es el problema de Ángel y María José, es de mucha gente que está sufriendo". Hourmann, que pudo haber pasado en la cárcel 10 años si no fuese por el acuerdo al que llegó con la Fiscalía, secunda la necesidad de movilización ante la posibilidad de que "no se cumplan las promesas políticas". Ángel puede verse en esa misma situación, y aunque desliza su miedo a ir a la cárcel, antepone su lucha por lo que considera una causa justa.

Una encuesta de Metroscopia elevaba al 84% el porcentaje de españoles que estaría a favor de la eutanasia, por lo que desde los colectivos que luchan por la muerte digna reclaman que las instituciones se pongan a la altura de la sociedad. Fernando Marín, médico y secretario de Derecho a Morir Dignamente, extiende esta petición no solo a la clase política, sino también a la Iglesia. Su modelo a imitar es el de países europeos como Holanda, pero también Bélgica, Luxemburgo, Canadá o Suiza. En Colombia es un derecho blindado constitucionalmente.

Como en el caso de Ramón Sampedro, sobre el que incluso se hizo una reconocida película, Ángel reconoce que su caso se podría quedar en una simple noticia, que acabará pasando sin generar cambios, Es por ello que insiste en llamar a la movilización y anima a la gente a que "salga del armario".