La ley de la eutanasia tendrá que empezar de cero con un Congreso lleno de interrogantes

La historia de Ángel Hernández y María José Carrasco ha devuelto el debate de la regulación de la eutanasia a la primera línea del debate político. Él ayudó a su mujer a morir —se lo llevaba pidiendo años a raíz de una esclerosis múltiple que sufría desde hacía tres décadas y que le impedía cualquier movimiento sin ayuda— suministrándole una sustancia letal. Las imágenes dan cuenta de un sufrimiento prolongado durante años que fue consumiendo la vida de Carrasco, pero también la de su marido. Él fue detenido a las pocas horas en su casa, pasó dos días en la comisaría de Tetuán y ahora ha quedado en libertad sin medidas cautelares. Sin embargo, se le acusa de un delito de cooperación al suicidio. ¿Cómo puede ser? Porque el suicidio asistido, igual que la eutanasia, son ilegales en España.

El Congreso de los Diputados intentó avanzar en una regulación, pero la disolución de las Cortes hace justo un mes provoca que todos los proyectos de ley en curso decaigan. Eso significa que, en la próxima legislatura, sus señorías deberán empezar de cero. El Gobierno de Pedro Sánchez también adquirió como uno de sus grandes compromisos la aprobación de una ley de eutanasia, que se quedó lejos de avanzar en su tramitación. Otra, la ley de muerte digna propuesta por Ciudadanos, avanzaba su curso a mayor velocidad, pero también se quedó por el camino por un solo trámite. El resultado: España no ha logrado avances en una regulación garantista que afronte auténticos dramas como el de Ángel y María José.

Con toda seguridad, eso sí, en esta legislatura se lograron los mayores consensos nunca obtenidos en este país a pesar de las diferencias entre partidos. Ahora, será el nuevo Congreso que salga de las elecciones del 28 de abril el que deba pronunciarse. Aunque todo apunta a que la Cámara tendrá importantes novedades contrarias a esta regulación —como Vox o un PP mucho más beligerante— todo indica que podría haber una mayoría a favor. Además del PSOE y Unidos Podemos, Ciudadanos también es partidario de una regulación de la eutanasia con garantías. En todo caso, los distintos partidos reconocen que la de esta legislatura ha sido una oportunidad perdida.

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¿En qué punto estamos?

En realidad, estamos exactamente igual que hace muchos años. En este campo, la normativa vigente es la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002, que únicamente reconoce el derecho a no recibir tratamientos que alarguen la vida de los pacientes, pero en ningún caso permite que un tercero actúe para ayudarlos a morir, como fue el caso de María José Carrasco o Ramón Sampedro. En esa misma línea se mueven las leyes de muerte digna que existen en algunas comunidades autónomas.

Por seguir un orden cronológico, el primer avance real en el Congreso se produjo cuando el grupo parlamentario de Ciudadanos presentó en la Cámara una proposición de ley de muerte digna a nivel nacional. En 2017 su tramitación echó a andar con el apoyo de PP, PSOE y Unidos Podemos. Solo el PNV votó en contra. El objetivo de esta ley, que para muchos "se quedaba corta por no incluir la eutanasia", era responder a una demanda de la comunidad médica: regular y ampliar los cuidados paliativos para atender bien a los enfermos y combatir el sufrimiento evitable que muchas personas pasan antes de morir.

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La gran novedad era el derecho de todos los pacientes con una enfermedad grave, terminal e irreversible a los cuidados paliativos y al acceso a la sedación. Como explicó el portavoz de Ciudadanos en esta materia, Paco Igea, la inclusión de la sedación como derecho en esta ley suponía de facto que "un enfermo con dolor, angustia o cualquier síntoma incontrolable podría pedir que le sedaran". Es decir: en la práctica no se considera un suicidio asistido pero, al mismo tiempo, suponía lo que la mayor parte de la sociedad entiende como eutanasia.

A pesar de que esta ley llevaba tiempo tramitándose, no le dio tiempo a contar con luz verde. En concreto, cuando las Cámaras se disolvieron se encontraba en el Senado (último trámite antes de volver al Congreso para su aprobación definitiva). Y contaba con los números suficientes. En este punto empiezan los ataques políticos. Ciudadanos insiste en que el PSOE, una vez llegó al Gobierno y quiso impulsar la ley de la eutanasia, era partidario de parar la de cuidados paliativos para dar un paso más allá y aprobar su propia normativa. El acuerdo entre ambas formaciones fue en un principio el de apoyarse mutuamente.

¿Y la ley de la eutanasia en trámite?

Por otro lado, llegó la eutanasia al Congreso. La gran novedad que incluía la proposición de los socialistas era justamente la de incorporarla como derecho cubierto por el Sistema Nacional de Salud. El PSOE acusó este miércoles a PP y Ciudadanos de haber dilatado la tramitación para que no se aprobara, coincidiendo con el desenlace de la historia de Ángel y María José. El matrimonio, de hecho, aparecía en un vídeo asegurando que uno de los motivos por los que "habían estado esperando" era para ver si salía adelante esa ley o no. Aunque la tramitación de esta normativa estaba paralizada en la Mesa donde populares y naranjas tienen mayoría (a través de prórrogas a las enmiendas parciales), la realidad es que esa ley tenía muy difícil haberse aprobado antes de disolverse las Cámaras.

El pasado mes de octubre la normativa superaba su primer escollo en el Congreso al tumbar la enmienda a la totalidad presentada por el PP. Todos los grupos políticos votaron en contra. De esa manera, el proyecto de ley seguía su curso parlamentario. Pero no caminó mucho más. Ni siquiera llegó a constituirse la ponencia (momento en el que se debaten las enmiendas parciales y el texto legal se elabora). La parálisis en la Mesa impidió que continuara, pero una vez hubiera pasado ese trámite, aún debía constituirse la ponencia y elegir los ponentes de cada grupo. Después debían debatirse todas las enmiendas parciales para emitir un informe final, llevar este a comisión y, más tarde, al pleno. Lo siguiente sería ya llevarlo al Senado y más tarde, de vuelta al Congreso para contar con la luz verde definitiva.

Fuentes parlamentarias ponen en duda que hubiera podido estar lista con el adelanto electoral. Pero, más allá de los trámites, el contenido —que todo indica a que se repetirá en la ley de la próxima legislatura— recogía "el final anticipado de la vida con el objetivo de evitar alargar el sufrimiento" de personas que padecen una enfermedad grave e incurable o una discapacidad severa crónica. En todo caso, la solicitud del paciente podría ser denegada por un médico, siempre que no fuera producto de la objeción de conciencia a la que tiene derecho el facultativo. Además, el médico actuante debía consultar con otro facultativo que no formara parte de su equipo y que fuera competente en el ámbito de las patologías sufridas por el paciente.