Marchena advierte al fiscal: "No puede formular un reproche por haber ido a votar"

Los votantes del 1-O volvieron este martes al juicio del 'procés'. Una jubilada detalló ante el tribunal cómo fue detenida por la Guardia Civil cuando se dirigía a reunirse con su familia en la localidad de Dosrius. Contó que vio cómo los furgones policiales se encaminaban hacia el centro donde estaban su marido y su hijo. "No pude llegar, me pararon dos guardias civiles", aseguró, agregando a continuación que empezó a entrar en un estado "bastante nervioso". "Tengo que entrar, tengo que entrar, está mi hijo, está mi marido...", describió. "No pude ni acabar la frase, me cogió por la espalda y me tiró al suelo". "Rompí a llorar histérica y gritando: 'No tenéis derecho a hacerme esto".

La respuesta de los agentes le dolió: "Además, te vamos a grabar, porque estás haciendo el ridículo. Deja de hacer el ridículo que te estoy grabando", explicó la testigo que le espetaron. "Me rompí. Uno que se quedó allí, me dijo '¡subnormal!". Llegado el turno de las acusaciones, el fiscal incidió en las mismas preguntas que ya ha ido formulando el Ministerio Público a otros ciudadanos. Pero, en este caso, se le fue la mano.

Incidía el fiscal Fidel Cadena en el conocimiento de la ilegalidad del acto. En si la testigo era consciente de la prohibición decretada por el Tribunal Constitucional. Preguntaba y preguntaba: "Pese a estas resoluciones, ¿usted decidió ir a votar?". La respuesta llegó desde el tribunal: "Vamos a ver, señor fiscal". Manuel Marchena interrumpió para precisar: "Ella en principio es libre de decidir si vota, no vota, si lo considera legal, si lo considera ilegal. No puede usted en la pregunta formularle un reproche por haber ido a votar".

No fue el único aviso a las acusaciones. La abogada del Estado, Rosa María Seoane, también chocó con Marchena durante el interrogatorio a otra votante. "Era una fiesta, estábamos tomando café, unos trajeron una...", comenzó diciendo la testigo. Pero Seaone la cortó en seco: "Entonces, se quedó usted, ¿por qué?". Al juez no le gustó la interrupción e intervino de nuevo con un "vamos a ver", advirtiendo entonces a la abogada de que la dejase terminar sus respuestas. "Es que, señoría, lo que trato de impedir es que conteste cosas que no le he preguntado", intentó argumentar la letrada. Marchena no la dejó seguir: "No. Ella está tratando de responder a la pregunta que usted le ha hecho. En consecuencia, no la interrumpa. Si no queda claro, repreguntamos".

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Joan Porras, más conocido como Joan Bonanit, estrenó, antes de esto, la sesión número 40, marcada en su totalidad por nuevas declaraciones de ciudadanos que acudieron a votar a distintos colegios el 1 de octubre. En esta ocasión, los citados comparecen a petición de la defensa de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. Porras, estudiante universitario, no mencionó su iniciativa diaria, que se prolongó durante toda la estancia en Lledoners de los presos catalanes y que consistía en dar las buenas noches a los preventivos con un megáfono. "Si votar es un delito aquí, en este banquillo deberíamos estar sentados millones de catalanes", dijo, emulando la declaración de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. "La fiesta de la democracia", agregó. "Soy socio de la ANC, del FC Barcelona y de la peña del Barça de Manresa", espetó al abogado de Vox Javier Ortega Smith, que le preguntaba por su afiliación a la asociación civil soberanista.

Carme Budé, un ama de casa que acudió a votar el 1-O a la Escuela del Castell de Dosrius, incidió en la violencia de la reacción de las Fuerzas de Seguridad. "Empezaron a repartirnos. Nos dieron con las porras, con los escudos... Con todo", agregó. Las urnas se incautaron, detalló. Pero continuaron votando. Los votantes incidieron una y otra vez en los golpes que recibieron por parte de los guardias civiles: "A los bomberos les pegaron de arriba abajo, en los cascos... A un bombero le partieron el brazo. A los bomberos les dieron muy fuerte. A la gente nos daban golpes para separarnos", lanzó Martí Carreras, un carpintero que acudió el 1 de octubre de 2017 al Servicio Municipal de Ocupación de Girona. Una tras otro fueron pintando escenas violentas ante el tribunal. Hasta cuatro de ellos pidieron a los jueces poder quedarse en la sala para seguir el juicio en primera línea después de finalizar sus declaraciones. "Por supuesto, está usted invitado", respondía entonces Marchena.

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La declaración más chocante fue la de Pere Font, un ingeniero de telecomunicaciones jubilado que acudió a votar al colegio Víctor Català de Barcelona y terminó denunciando lo que allí presenció. El 1-O llegó sobre las seis de la mañana a su centro: "Estábamos haciendo un recital de poesía y no pudieron entrar". Pero a las nueve aparecieron los policías y ya no hubo tiempo para poemas: "Sin decir nada, los agentes empezaron a coger a la gente. Me cogieron por los testículos, me levantaron hacia arriba y me dejaron caer en el suelo. Al lado había un señor al que levantaron por las orejas. Después a mí me cogieron tres o cuatro policías y me sacaron arrastrándome. Me tiraron como si fuera un paquete a la calle". Hacía tiempo que el Supremo no acogía una declaración tan descriptiva.

Mercè Alegre, una abogada que el 1-O acudió a La Llotja, describió cómo se fueron concentrando en el colegio a lo largo del viernes. "Nos fuimos organizando de forma espontánea", dijo, y explicó que los Mossos les indicaban que a las ocho del domingo, el día D, no podía quedar nadie. "Era una fiesta. Había mucha gente con niños", "había tanta gente que dormí en una silla", relató. No fue la única que mencionó a la policía autonómica. Víctor Manuel Suñé, profesor universitario que acudió a votar al instituto L'Alzina de Barcelona, también aseguró que los Mossos se presentaron en su centro: "Nos dijeron que teníamos que cerrar el centro y desalojar". Dolors Prats, una jubilada que acudió al centro Ausiàs March de Les Corts, explicó por su parte que "los Mossos no intentaron acceder, había 250 o 300 personas frente al edificio y era imposible acceder, y dos personas menos".

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Tras el receso para comer, destacó la declaración de Antonio Taules, trabajador en una empresa textil que acudió a votar a la Escola Joventut de Callús. Nada más entrar, avisó al tribunal de que tenía el DNI roto, tras lo que describió una agresión al alcalde de su pueblo. "Llegaron los guardias civiles y los 70 u 80 estábamos en la puerta sentados. Salió el alcalde a recibirlos delante de la valla del colegio. Les pidió si traían orden judicial y le dijeron que la orden era de palabra. Venían armados de arriba abajo, con escudos, porras, pistolas... El alcalde estuvo hablando con uno de los mandos y otro guardia avanzó muy rápido y le dio con el escudo muy fuerte, al alcalde, la máxima autoridad de la población. Lo tiró por el suelo, cayó de espaldas".

Aunque varios testigos acudieron con lazos y prendas amarillas, la mayoría evitó afirmaciones grandilocuentes y Marchena apenas tuvo que intervenir. La excepción llegó con Jesús María Bricollé, un asesor de empresas que estuvo en el centro de Sant Vicenç de Castellet y nada más entrar en la sala dijo que solo contestaría a la acusación popular de Vox "por imperativo legal". El presidente del tribunal ni siquiera se inmutó: "Hace muy bien", se limitó a responderle. En la 40ª sesión del juicio del 'procés', las críticas a Vox ya no sorprenden a los magistrados.

Otro de los testigos que se presentaron con una frase preparada fue Agustí Ferrer, un funcionario que votó en un pueblo de la comarca del Tarragonès. Cuando Marchena le hizo la habitual pregunta sobre si prometía o juraba decir la verdad, Ferrer no perdió la oportunidad: "La verdad espero que los haga libres, lo prometo". A lo largo de su declaración, subrayó además "la dignidad" con la que votaron y que en ningún caso protagonizaron "acciones violentas", ideas que repitió una y otra vez. Su insistencia llegó a tal punto que el presidente del tribunal optó por pararle los pies: "Está muy bien lo que quiere hacer constar, pero el letrado le ha preguntado cuánta gente había". A Marchena no le gustan los testigos que se van por las ramas en sus declaraciones. Pero todavía menos los que se presentan en el Supremo con frases preparadas.