La situación de López pone a España en un brete diplomático de compleja salida

España sigue a la espera. Aguardando a que el dirigente opositor Leopoldo López Mendoza decida qué hacer en las próximas horas. Y la salida no es sencilla. Ni para él ni para el Gobierno de Pedro Sánchez, que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela pero no puede romper por completo relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, sobre todo para seguir protegiendo a la poblada colonia española afincada en el país caribeño. La Moncloa y el Ministerio de Asuntos Exteriores insisten en que es capital medir cada paso y no alentar especulaciones: la cautela es básica, dicen, más en una Venezuela que se ha convertido en un polvorín y en la que se quiere evitar por todos los medios un derramamiento de sangre.

López cumplía una condena de 14 años de prisión en régimen de arresto domiciliario y fue liberado el martes por un grupo de militares cercanos a Guaidó, presidente interino de Venezuela reconocido por más de 50 países, entre ellos España. Pero el llamamiento de ambos a la sublevación del Ejército bolivariano contra el sucesor de Hugo Chávez fracasó. El alzamiento, la operación Libertad, se diluyó. La intentona fallida hizo que el líder opositor buscase primero refugio en la legación diplomática de Chile en Caracas. Pero después, por una "decisión personal", López, su mujer, Lilian Tintori, y su hija de 15 meses llamaron a la puerta de la residencia del embajador de España en Venezuela, Jesús Silva. El Gobierno aceptó darles acogida de manera temporal, hasta que pongan en orden sus planes. La vivienda de un embajador es territorio inviolable, como lo son las misiones diplomáticas y los consulados, y por tanto en esos espacios el Estado receptor no puede practicar detenciones. Pero si López pone un pie fuera de la residencia de Silva, se expondría a ser arrestado por el régimen. Lo cierto es que con su sí el Ejecutivo de Sánchez se coloca en medio del escenario.

Fuentes del Ejecutivo socialista precisaron que el dirigente venezolano no había pedido asilo político a España. Al menos, hasta ahora. No es su "voluntad" en este momento, explicaba a EFE su responsable de la defensa internacional, Javier Cremades. "Ahora mismo eso no ha sucedido, aunque jurídicamente lo puede pedir", señaló el letrado. López, por tanto, se encuentra en la legación diplomática "como un huésped, un invitado". Y como tal puede recibir a otras personas, convocar a los medios o "comunicarse con el exterior o enviar mensajes, cosa que no podía hacer cuando estaba en arresto domiciliario".

La ley permite que se pueda demandar asilo fuera de España, siempre que "el solicitante no sea nacional del país en que se encuentre" la embajada

Sin embargo, el opositor no tiene fácil solicitar asilo a España. La ley de 2009 tasa dónde se puede pedir protección internacional en España: en puestos fronterizos (puertos o aeropuertos), en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), en las Oficinas de Extranjeros, en las comisarías de Policía autorizadas o a las direcciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La ley, en su artículo 38, permite que se pueda demandar asilo fuera de España, siempre y cuando "el solicitante no sea nacional del país en que se encuentre la representación diplomática y corra peligro su integridad física". En este caso, los embajadores de España "podrán promover el traslado" del demandante de asilo a nuestro país para formalizar la petición. Pero López no se encuentra en ninguna de estas dos situaciones: ni está en España ni se encuentra en otro país distinto al suyo. El dirigente tiene nacionalidad venezolana —a sus padres, Leopoldo López Gil y Antonieta Mendoza, el Gobierno de Mariano Rajoy les concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza en diciembre de 2015— y no ha podido moverse a un tercer país.

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Convenciones de Caracas y Ginebra

España no pertenece a la Convención de Caracas, la que regula otro tipo de asilo —el diplomático— entre los países iberoamericanos. Está adherida a la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que es la que inspira la primera ley reguladora de asilo, la de 1984, y luego la de 2009. La diferencia es importante: la de Ginebra acepta el asilo territorial o fronterizo, la de aquellos que huyen de su país porque se sienten perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado grupo social, de género u orientación sexual.

En octubre del año pasado, el Gobierno logró traerse a España a un disidente liberado por el régimen, Lorent Saleh, premio Sájarov 2017

La embajada en Caracas no puede sacar a López del país sin un previo pacto con el régimen de Nicolás Maduro. En octubre pasado, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, se trajo a España al joven disidente Lorent Saleh, galardonado en 2017 por el Parlamento Europeo con el Premio Sájarov y que desde 2014 se hallaba detenido en las dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Ese precedente podría intentar aplicarse ahora con López, siempre que este deseara abandonar Venezuela y Maduro permitiese su salida. El opositor es uno de los símbolos de la resistencia antichavista y por eso su liberación por Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional y presidente encargado, se ha percibido como un salto relevante dentro de la oposición al régimen.

En cualquier caso, tanto en la Moncloa como en Exteriores llaman a la calma. A esperar. "No hay novedades", subrayaban este miércoles por la tarde. No quieren adelantarse a futuros escenarios. Es pronto, advierten. "Solo han pasado unas horas desde que se refugió en la embajada de España", apuntan fuentes del departamento que dirige Josep Borrell. Por ahora, no se ha dado a López un plazo para tomar una decisión, pero desde el Gobierno se recuerda que la acogida tiene que ser necesariamente temporal, no permanente. Ello sí que ahondaría el choque con Caracas.

El Grupo Internacional de Contacto, impulsado por Borrell, sigue presionando a favor de elecciones y de una salida democrática, pacífica y política

Buscar una salida para España tampoco es sencillo. Borrell y el presidente Sánchez siguen al minuto la evolución de los acontecimientos, pero prefieren no hacer aspavientos. El ministro, de hecho, mantuvo su viaje de trabajo a Jordania y Líbano, pero está en contacto con sus socios europeos. El Grupo Internacional de Contacto (GIC), impulsado por España y del que forman parte países europeos y latinoamericanos y que intenta tender puentes para facilitar la convocatoria de unas elecciones presidenciales limpias y libres en Venezuela, lanzó un comunicado alineado con la posición de Madrid. Reafirmó su apoyo a una salida "política, pacífica y democrática" en Venezuela, dentro de su Constitución, y expresó su rechazo al uso de la fuerza. Llamó a evitar un enfrentamiento civil o el aumento de la violencia.

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Reunión ministerial la próxima semana

El grupo insiste en que han de respetarse los derechos y libertades de los venezolanos, y los dirigentes políticos y los miembros de la Asamblea Nacional han de poder desarrollar su trabajo "sin miedo y sin represalias", igual que ha de restablecerse la libertad de información y quedar liberados los presos políticos. Los ministros de los países pertenecientes al GIC mantendrán una reunión para evaluar la situación los próximos 6 y 7 de mayo en San José, capital de Costa Rica.

España mide cada paso, porque quiere combinar la preservación de la seguridad del embajador y la colonia española y ayudar al avance democrático

Como aseguran fuentes próximas al ministro, hay ahora mismo una situación "bipolar": España reconoce a Guaidó desde el pasado 4 de febrero para que convoque elecciones y mientras tanto está obligada a mantener relaciones bilaterales con el Gobierno de Maduro propiciando, con el GIC, que acepte unas presidenciales. "Tenemos que combinar el preservar la seguridad de todos los españoles allí, embajador y cónsul incluidos, con el esfuerzo de contribuir al necesario avance democrático del país. Siempre sin apoyar ningún tipo de violencia de parte de nadie", añaden. El Ejecutivo ya ha advertido de que no respaldará ningún golpe militar ni una intervención extranjera, ya que la solución debe partir del propio pueblo venezolano, ayudado por la comunidad internacional.

Los pasos dados por España, concertados con sus socios europeos, han sido lentos y cautelosos. Reconoció a Guaidó, pero no echó del país al embajador de Venezuela en Madrid, designado por Maduro, Mario Isea, porque ello habría elevado la tensión con el régimen chavista y habría podido desencadenar una respuesta furibunda. La reacción del presidente podría haber sido la expulsión de Jesús Silva. El Gobierno recordaba el pasado viernes que su obligación es velar por la colectividad española afincada en el Estado caribeño, y que es voluminosa: 151.915 registrados a 1 de enero de 2019 (167.255 un año antes). De ahí que desde Exteriores insistan en que la situación es "compleja", y por eso las salidas no siempre son obvias ni sencillas.

La situación en sí misma es inédita, porque España dio en febrero un paso no dado hasta entonces: respaldar como presidente interino a quien no tiene los resortes del poder en sus manos. España, como otros países de la UE, se apartaba de la tradición europea de reconocer Estados y no gobiernos. En Exteriores, ponen este cambio como ejemplo de que se pueden explorar salidas alternativas dentro de la ley para el caso de Leopoldo López. Se trataría de dar con una solución que no comprometa a España como país y que ayude al opositor y a la reconstrucción democrática. Pero lo primero, repiten, es esperar.

El asilo de venezolanos, muy infrecuente en España

España batió un nuevo récord de solicitudes de asilo en 2018: 54.065. Solo se resolvieron, no obstante, 11.875 expedientes, y de estos se rechazaron más de tres de cada cuatro. Se dio protección internacional a solo 2.895 personas de ese total de 11.875, según el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). De ellos, solo a 575 se les otorgó el estatuto de refugiados y al resto (2.320), un escalón por debajo, la protección subsidiaria, que es una protección temporal de cinco años diseñada para aquellos que huyen de conflictos bélicos.

Al menos 78.710 expedientes estaban pendientes de resolución a finales del año pasado, más del doble que en 2017. Precisamente en ese ejercicio, en 2017, España aceptó una de cada tres demandas de asilo. "Hay que desmontar ese discurso alarmista y perverso de que el asilo está siendo un coladero para miles de personas. Solo el 24% de las solicitudes son admitidas favorablemente, por debajo de los principales países europeos de acogida —Alemania, el 50%, o Grecia, el 49%—, lo que da una imagen negativa a la hora de aceptar refugiados", decía el pasado febrero Estrella Galán, directora de CEAR, en la presentación del informe anual. 

De nuevo, la mayoría de peticiones procedía de ciudadanos venezolanos (19.280), muy por delante de colombianos (8.650), sirios (2.775), hondureños (2.410) y de El Salvador (2.275). El Gobierno solo aceptó, en 2018, 30 solicitudes de venezolanos, y denegó 1.495. 

A comienzos de este año, el Ministerio del Interior, a la vista de la gravísima crisis abierta en Venezuela, ofreció otra salida: aquellos ciudadanos del país caribeño que no tengan derecho al estatuto de refugiado o asilado se les reconocería un permiso de residencia temporal humanitaria con el fin de que no se hallen en un limbo jurídico. Esa ayuda sería de un año prorrogable. Interior recordaba que el artículo 37 de la ley señala que aquellos a los que se deniegue la protección internacional podrán recibir un permiso de residencia o estancia en España por "razones humanitarias". Pero, de nuevo, para poder acceder a esta autorización el solicitante ha de encontrarse en España, cosa que no ocurre con Leopoldo López. 

El Ejecutivo informó el pasado 1 de marzo de que había concedido a 400 venezolanos los primeros permisos de residencia por cuestiones humanitarias, y esa cantidad, advertían fuentes gubernamentales a EFE, podrían aumentar en las siguientes semanas, ya que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) -que integran Interior, Justicia, Exteriores y Presidencia y la agencia de la ONU Acnur- propuso a los venezolanos a los que se denegó el estatuto de refugiado desde el 1 de enero de 2014 poder acceder a esta vía alternativa. 

El Gobierno tiene que garantizar la seguridad de @leopoldolopez, @liliantintori y de su hija que han buscado refugio en la embajada de España en Caracas. No es solo una obligación sino el deber que tiene nuestro país con la defensa de la libertad y los derechos humanos.

 

La comunidad venezolana en España ha crecido en los últimos años al calor de la grave crisis política y socioeconómica del país, y ya supera las 95.000 personas.