Los otros 'sediciosos': ¿qué fue de los controladores aéreos?

Era 3 de diciembre de 2010. En aquella jornada, a las puertas del puente de la Constitución, estaba a punto de desatarse una crisis que generaría un estado de alerta, el primero de la historia de España, una intervención militar y un cierre total del espacio aéreo español. Los controladores aéreos, los otros 'sediciosos', se plantaron y no acudieron a sus puestos de trabajo. Se abrieron tres días de locura cuyas repercusiones jurídicas aún colean a día de hoy. Un pequeño grupo de disconformes resiste, como en la aldea gala de Astérix y Obelix, irreductible, todavía y como siempre, al acuerdo.

La crisis comenzó a las cinco de la tarde del 3 de diciembre. El Consejo de Ministros aprobó un decreto que incluía una regulación de la jornada laboral del sector. La reacción entre los afectados no se hizo esperar. Comenzó un abandono masivo de sus puestos de trabajo por parte de decenas de trabajadores que impidió que ningún avión volara. Caos en los aeropuertos de todo el país. Pasajeros desalojando aviones. Cancelaciones. El Ejército tomaba las torres de control mientras la Fiscalía comenzaba la apertura de diligencias por un delito de sedición contra decenas de trabajadores. Madrid y Baleares mantuvieron el desafío hasta el final.

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Han pasado más de ocho años desde aquella crisis y los procedimientos judiciales abiertos a raíz de la misma han seguido caminos diferentes. En Baleares, la cuestión se resolvió con un acuerdo que implicó hace unos meses multas millonarias. En Madrid, 14 'rebeldes' impiden, por el momento, una conformidad con el Ministerio Público que dejaría el tema en sanciones similares. Más de 100 controladores ya han avalado un reconocimiento parcial de su culpa en aquella huelga que el entonces ministro de Fomento, José Blanco, tachó de salvaje. O todos o ninguno. La crisis continúa abierta y no parece avistarse una solución final.

La conformidad, a la que ha tenido acceso El Confidencial, tiene ya el visto bueno de 119 acusados, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que trata de torear el asunto como mejor puede, en medio de interminables reuniones trimestrales en las que no se acaba de convencer a los que discrepan. Además de la dificultad de lograr que todos los acusados, 133 en total, estampen su firma, el tema plantea problemas de cara a un próximo juicio que, sin duda, llegará. El hecho es que si 133 controladores faltan a sus puestos de trabajo para la vista oral, el espacio aéreo deberá cerrarse de nuevo, indican las fuentes consultadas. Tampoco es fácil encontrar el modo de juzgar a tal cantidad de acusados a la vez.

El acuerdo aún no ratificado por todos refleja los siguientes términos. La sedición queda olvidada y se sustituye por una calificación jurídica de abandono de servicio público del artículo 409 del Código Penal, en mayor o menor grado, en función de la responsabilidad de los acusados. Estos deben admitir la autoría de los hechos y gozarían de la aplicación de dos atenuantes, una de dilaciones indebidas —han pasado más de ocho años— y otra de reparación de daño por el pago de la responsabilidad acordada.

Dos categorías de multa

Las multas de esta conformidad se dividen así en dos categorías. A los acusados con mayor responsabilidad les correspondería pagar una multa de siete meses con una cuota diaria de 150 euros, es decir, un total de 31.500 euros. Los segundos afrontan el pago de 100 euros al día durante cinco meses, 15.000 euros. Solo los que ostentaban un papel directivo quedarían, además, suspendidos de empleo y sueldo durante casi medio año. En el 'pack' se incluye que asuman las costas. Y precisamente este es uno de los motivos de la discordia.

Los acusados que ya han firmado aceptan indemnizar a los perjudicados —centenares— a través de su representación procesal, si estuvieren personados, y a los no personados, en ejecución de sentencia. En la cantidad por la que se acrediten los perjuicios sufridos y una cantidad de 1.000 euros a cada uno, en concepto de daño moral. De estas cantidades, sustanciosas, sería responsable civil subsidiario AENA. Pese a los términos, el acuerdo está muy lejos.

Antes del caso de Madrid, aún herida abierta, otros controladores, los de Palma, sellaron la paz a cambio de multas. Hace solo unos meses, en octubre de 2018, la Audiencia Provincial de Palma condenó a 73 personas a multas que oscilaron entre los 15.000 y los 31.500 euros (un acuerdo similar) después de que todos ellos se declararan culpables del delito de abandono del servicio. Sin embargo, la aldea poblada por 14 irreductibles galos resiste, todavía y como siempre, al acuerdo. Y la crisis continúa.