reunión con la fiscalía y la abogacía del estado

Oferta de los controladores del caos de 2010 a los afectados: 600 euros y billete de avión

La defensa del colectivo que participó en la huelga salvaje de hace seis años traslada una oferta de pacto a Fiscalía y Abogacía del Estado para que medie con la acusación particular

Foto: El Gobierno decretó el estado de alarma en 2010 por la huelga de controladores aéreos. (EFE)
El Gobierno decretó el estado de alarma en 2010 por la huelga de controladores aéreos. (EFE)

La defensa de más de un centenar de controladores que participaron en la huelga salvaje de 2010 ha ofrecido un acuerdo a la plataforma de afectados para tratar de cerrar su causa por abandono del servicio público y evitar el juicio. La oferta ha sido comunicada en la mañana de este miércoles a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, y consiste en abonar una indemnización por daños morales de 600 euros a cada pasajero y asumir el coste del billete de avión que perdieron y la factura de hotel si tuvieron que hacer noche fuera de casa de forma forzosa.

Esta causa se instruye en el Juzgado Número 3 de Madrid y afecta a 119 controladores aéreos, entre ellos el presidente del sindicato mayoritario USCA, Camilo Cela, y su portavoz, César Cabo. El procedimiento tiene su origen en la demanda que interpuso una plataforma de afectados que sumaba hasta 5.000 personas, que reclamaba 10.000 euros por daños morales y el retorno de todos los gastos generados por las jornadas de caos que se vivieron el 3 y el 4 de diciembre de 2010. Los paros derivaron en el cierre del espacio aéreo y la decisión del entonces ministro de Fomento, José Blanco, de decretar el estado de alarma por primera vez desde el reestablecimiento de la democracia para que el ejercito pudiera hacerse cargo de las torres de control.

César Cabo, el portavoz del sindicato de controladores aéreos, tras el cierre del espacio aéreo español. (EFE)
César Cabo, el portavoz del sindicato de controladores aéreos, tras el cierre del espacio aéreo español. (EFE)

La huelga del colectivo y sus repercusiones derivaron en varios procedimientos judiciales. Uno de ellos es el que iniciaron estos grupos de afectados, que sumaban más de 10.000 personas, y que se instruye en Madrid. En su escrito de acusación, la fiscal Ana Sainz señalaba que las cancelaciones produjeron "perjuicios al servicio público que presta Aena y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación. Los vuelos afectados fueron no solo aquellos que tenían origen, destino o escala en Madrid, sino también aquellos que partiendo desde otros lugares su ruta sobrevolaba el espacio aéreo controlado desde el ACC de Madrid". Y por ello pedía a los controladores que subsanasen esos gastos y que Aena asumiese la responsabilidad civil subsidiaria, algo que la empresa pública ya había esquivado por la vía administrativa.

No obstante, las acusaciones particulares fueron un paso más allá. Reclamaron además una indemnización económica por daños morales. Ahora, la defensa de una parte importante de los acusados ha ofrecido limitar esa indemnización a 600 euros y cubrir los gastos generados por la huelga. Esto significa además aceptar la comisión del delito de abandono de servicio público, una figura penal que contempla pago de multas y suspensión de empleo o cargo público de seis meses a dos años. La propuesta convence a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que la están comunicando a los afectados. No obstante, no son pocos los abogados de los afectados que condicionan el acuerdo de conformidad a que los controladores se hagan cargo también de las costas del procedimiento.

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