De villanos a inocentes: 19 jueces fallan a favor de los controladores en la crisis aerea

Tres años después del caos que supuso el cierre del espacio aéreo en el puente de la Constitución de 2010 y la militarización de las torres de control aún quedan cerca de 290 controladores imputados por un supuesto delito de abandono de funciones e, incluso de sedición, precepto basado en una ley preconstitucional. Llegaron a ser, en un principio, hasta 600 controladores imputados en toda España. Prácticamente, todo el colectivo. Pero sucesivas decisiones judiciales, hasta 19, les han ido dando la razón al culpar a AENA de la decisión unilateral de bloquear el espacio. La reparación, sin embargo, llega demasiado tarde para un colectivo que, desde entonces, lucha por despojarse del sambenito de ser los villanos deuna crisis que degeneró en la proclamación del estado de alerta.

Los rescoldos de aquella monumental crisis, que dejó en tierra a miles de pasajeros en uno de los puentes con más salidas del año, se han ido apagando poco a poco en los tribunales. Aunque, a día de hoy, cerca de 290 controladores -170 de ellos en la capital- aún esperan a que la justicia de Madrid, Barcelona y Baleares dicte el sobreseimiento libre y total de la causa, tal y como acaba de solicitar el abogado del sindicato de controladores USCA, José Antonio Choclán, exmagistardo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Choclán trata de desmontar en los tribunales que ni hubo sedición ni, mucho menos, un abandono masivo de sus funciones por parte de los controladores que obligase al cierre del espacio aéreo y a la militarización de las torres. Muy al contrario, la tesis es totalmente opuesta. Que Aena decidió, unilateralmente, la peor de todas las decisiones, la del bloqueo aéreo, antes de que ni uno solo de los trabajadores afectados hubiera presentado formulario alguno de incapacidad psicofísica, tal y como establece el artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Área. Y es que, hay que recordar, en este sentido, que aquella jornada del 3 de diciembre de 2010 fue especialmente tensa en las torres de control por el Real-Decreto que aprobó aquel día el exministro José Blanco y que ampliaba las horas máximas anuales de los controladores. Una decisión de última hora con la que el Gobierno quiso sortear el tope anual de horas que entonces ya casi habían agotado los controladores. Causa achacable, por otro lado, a una mala planificación de los recursos humanos por parte de Aena.

De momento, aunque lentamente, la justicia está dando la vuelta a la versión oficial que hasta ahora ha quedado grabada de aquel suceso que encumbró hábilmente a Blanco y a la exministra de Defensa, Carmen Chacón. Un total de 19 juzgados de toda España les ha dado ya la razón. En Valencia, el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial solicitó el sobreseimiento de la causa argumentando “que no consta que hubiera cese del servicio de control aéreo por inactividad de los controladores”. En Burgos, el tema se archivó “sin que, por tanto, se detectaran hechos susceptibles de denuncia penal”. En Álava, el sobreseimiento, en junio de 2011, dejó claro que los tráficos que se encontraban en vuelo fueron controlados con normalidad hasta sus aeropuertos de destino, (…) permaneciendo –los controladores- en sus puestos a la espera del reglamentario relevo que nunca se produjo.

Parecidas resoluciones se han ido produciendo también en Cantabria, Asturias (en donde se demostró que los controladores prestaron servicio a diversas aeronaves y no desatendieron sus puestos), en Alicante, Andalucía, Vigo, Reus. En Sevilla se consideró que no existían indicios de delito al otorgar verosimilitud a los informes médicos aportados a la causa y a lo declarado por los facultativos de AENA que certificaron la existencia de crisis de ansiedad en los controladores. En Santiago de Compostela, el juez Vázquez Taín, célebre ahora por el ‘caso Asunta’ dictaminó, por su parte, que “no se puede vincular el cierre del espacio aéreo con el cese de la actividad ejercitado por los imputados”. Dicho de otro modo, “el cierre del servicio acordado para todo el espacio aéreo nacional, ninguna relación tiene con el hecho de los imputados investigados en las presentes diligencias no acudiesen a su puesto de trabajo por haber superado la jornada laboral”.

Nadie abandonó su puesto de trabajo

El escrito presentado por Choclán el pasado 11 de noviembre ante el juzgado de instrucción número 3 bis de Madrid recoge, cronológicamente, cómo se fueron sucediendo los acontecimientos a lo largo de ese día 3 de diciembre y cómo, ante el nerviosismo y la tensión generada por el decretazo aprobado por el Gobierno, fue la propia Aena la que, en previsión de lo que pudiera pasar, acordó reducir la capacidad de operación de Barajas y, después, distribuir “un taco” de formularios de aptitud psicofísica para que fuera rellenado por quienes no se encontrasen en condiciones. De hecho, hasta las 19 horas de aquel día no se entregó ningún formulario firmado. Habían pasado ya tres horas desde que el director regional, Gabriel Novelles, decretase el cierre del espacio aéreo.

Choclán concluye así que las diligencias practicadas acreditan que no se produjo situación alguna de abandono colectivo, y que la interrupción del servicio de tránsito aéreo fue consecuencia del cierre del espacio aéreo acordado por los directivos de AENA, “sin que pueda imputarse objetivamente a un inexistente abandono del servicio por parte de controladores imputados en esta causa”.

“No es imputable el perjuicio a la comunidad derivado de la paralización del servicio a ninguno de los controladores imputados, ni por acción ni por omisión. Los trabajadores no abandonaron en ningún momento sus puestos de trabajo, no dejaron a su suerte la función encomendada, ni desobedecieron las órdenes recibidas, estando en todo momento a disposición de sus jefes”.

El escrito recoge también las respuestas que dio ante el juez el citado Gabriel Novelles y que, exculpan, mejor que ninguna otra argumentación, a los controladores aún imputados. Estos, en ningún momento, se rebelaron contra AENA o dejaron su puesto de trabajo aun con el riesgo de dejar a aviones en el aire.

• P.- ¿Usted el día 3 por la tarde vio algún CTA o grupo de CTAs que se desenchufara y dijera hasta luego?
• R.- Ninguno
• P.- ¿Algún CTA no cumplió las órdenes o directrices de los responsables de la sala?
• R.- No sé a qué directrices en concreto se refiere, pero…(…) No hubo ninguno que en esa situación dejara de atender el tráfico.
• P.- ¿Cuando se toma esa decisión de reducción de capacidad es porque la gente se está yendo de la sala?
• R.- No
• P.- ¿Abandonan la sala?
• R.- No, no hay nadie que abandone la sala. Nadie abandona su puesto de trabajo. Nadie. (…) Nadie abandona su puesto de trabajo, nadie lo ha hecho nunca, ni lo hará jamás. Nadie abandonaba el puesto.
• P.- ¿Durante los días 3 y 4 hubo algún CTA que se fuera de su puesto de trabajo?
• R.- No, nadie se fue

Tres años después, en un nuevo aniversario de aquella crisis de altos vuelos, los controladores siguen luchando por limpiar su nombre después de haberse convertido en un chivo expiatorio inmerecido. Saben, sin embargo, que aunque la justicia les deje limpios de polvo y paja, el veredicto de la sociedad ya está echado. En 2010 fueron los villanos y los culpables. Y eso no hay juez que lo levante. Al menos, a corto y medio plazo.