sigue los pasos del ministro en el juicio

El técnico de Hacienda con Montoro deja en el aire la malversación del referéndum

Martínez Rico reconoció que su sistema de control no era infalible, pues "una contratación irregular es irregular en cualquier caso, con certificado y sin él, y quedaría al margen del control"

Foto: El que fuera subsecretario de Hacienda y mano derecha de Cristobal Montoro, Felipe Martínez Rico.
El que fuera subsecretario de Hacienda y mano derecha de Cristobal Montoro, Felipe Martínez Rico.

Los controles de Hacienda "llegan a donde llegan y tienen los límites que tienen". El que fuera subsecretario de Hacienda y mano derecha de Cristóbal Montoro, Felipe Martínez Rico, reconoció este martes en el juicio del 'procés' que su vigilancia sobre las cuentas de la Generalitat no era infalible. Con voz tranquila y tomándose su tiempo para responder, explicó que el ministerio incrementó su control sobre los presupuestos del Govern desde 2015, pero admitió que el sistema pudo ser burlado con contrataciones irregulares. No concretó ningún gasto público dirigido a la preparación del referéndum, pero sí reconoció que sospecharon en varias ocasiones de que se estaba utilizando dinero de la Generalitat de cara al 1-O: "Se requirió que aportasen información adicional. El ministerio no estuvo conforme con la respuesta recibida y se denunció a la Fiscalía".

La pregunta clave llegó pasada la media hora de declaración, durante el turno de la fiscal Consuelo Madrigal: "¿Cree que la consulta del 1 de octubre se financió con fondos públicos?". Una vez más, Martínez Rico hizo gala de su perfil técnico y no dio una respuesta tajante: "De lo que tengo conocimiento es de que el ministerio solicitó que se personara en las causas penales para cubrir cualquier perjuicio a la hacienda estatal. El ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto de la comunidad. Lo que fuera la realidad material de los hechos...". Minutos antes, la fiscal había planteado una pregunta similar —"¿se causó perjuicio a la hacienda pública estatal?"—, pero el presidente del tribunal, Manuel Marchena, paró los pies al Ministerio Público asegurando que es la sala la que tiene que decidir si se dio o no esa situación.

En su declaración, Martínez Rico siguió las pasos de Montoro, que no pudo dar ejemplos claros de malversación pero sí explicó que presentaron hasta siete denuncias ante la sospecha de que se estaba usando dinero público para el 1-O: cuatro a la Fiscalía General del Estado y otras tres al Tribunal de Cuentas. Martínez Rico defendió la actuación de Hacienda en todo momento y dio respuestas ambiguas ante varias preguntas, pero terminó por reconocer que su vigilancia pudo ser burlada por la Generalitat: "Una contratación irregular es irregular en cualquier caso, con certificado y sin él, y quedaría al margen del control", afirmó. "Es un sistema de certificación propio de la intervención, pero no son la realidad material de los hechos".

Martínez Rico hizo además hincapié en que se denunciaron irregularidades en los pagos relacionados con los observadores para el referéndum, así como en los gastos relacionados con la empresa Unipost o en la campaña de publicidad de Civisme. En lo que se refiere a este último caso, que abordaba los anuncios de las vías del tren que llamaban al voto el 1-O, recordó cómo la Generalitat aseguró que la campaña había quedado desierta, afirmación que luego comprobaron que no era cierta: en realidad, las autoridades catalanas habían desistido. Pese a ello, Hacienda encontró dos facturas impagadas que habían sido emitidas por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en relación a dichos anuncios: una de 93.179 y otra 184.624 euros.

Martínez Rico recordó también cómo en septiembre de 2017, tras la negativa de la Generalitat a remitir más información sobre sus cuentas, Hacienda incrementó su control “para garantizar que no hubiera desvío de fondos públicos", adoptando así nuevas medidas "como el pago directo de todos los servicios públicos”. En la misma línea, explicó que comenzaron a exigir un certificado para poder demostrar que la orden de gasto no era contraria al "ordenamiento jurídico", pero a preguntas de la Fiscalía, reconoció de nuevo que este nuevo sistema no era infalible: "Estos certificados llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen. La realidad material es mucho más compleja". Al igual que ocurrió con Montoro, la declaración del funcionario no fue suficiente para demostrar la malversación pero tampoco para descartarla, dando así munición tanto a las defensas como a las acusaciones a base de ambigüedades y evasivas.

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