el impacto negativo supera los 31 millones

Fiscalía ofrece a los 'traders' que perdieron dinero por Iberdrola acusar a la compañía

El Ministerio Público contacta con los intermediarios eléctricos perjudicados por la supuesta maniobra de Iberdrola para inflar el precio de la luz para brindarles la personación en la causa

Foto: Foto: Reuters.
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La investigación contra Iberdrola por haber cerrado presuntamente sus embalses en el otoño de 2013 para provocar un alza desorbitada del precio de la luz va camino de incorporar nuevos actores en las próximas semanas. La Fiscalía ha empezado a ponerse en contacto con las comercializadoras eléctricas que se vieron perjudicadas por esa supuesta maniobra de Iberdrola para ofrecerles la posibilidad de personarse en el caso y sumarse a la acusación pública contra la multinacional con sede en Bilbao, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al procedimiento, la primera causa penal que se abre en España contra una eléctrica por una presunta manipulación del mercado de la generación de energía.

La Fiscalía está utilizando como punto de partida para esas gestiones los dos últimos informes remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, responsable de la investigación abierta hace tres años contra la tercera compañía por capitalización del Ibex 35 y varios de sus directivos por un presunto delito contra los consumidores. Como informó este diario el lunes, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han acreditado que el supuesto fraude, que se habría concentrado entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, no solo pasó factura a los ciudadanos. Los agentes han constatado que ese incremento injustificado de los precios también provocó pérdidas a la mayoría del casi centenar de intermediarios eléctricos con licencia para operar en territorio nacional.

Entre los operadores perjudicados se encuentra el gigante suizo del 'trading' eléctrico Axpo, que declaró a la Guardia Civil pérdidas durante esas tres únicas semanas por importe de 28 millones de euros. Por su parte, Nexus Energía aseguró haber sufrido un impacto negativo de 1,8 millones. Por debajo de esa cantidad se encuentra la mayoría de intermediarios. Geotlander, por ejemplo, contabilizó un perjuicio de 902.000 euros. Y Enercoluz Energía, de 370.000. Es decir, que el agujero generado al sector sumaría al menos 31 millones de euros.

La cantidad definitiva será probablemente mayor. De hecho, la lista de afectados es mucho más larga. La Cooperativa Eléctrica de Callosa del Segura (Alicante) forma parte de ese grupo. También otros grandes agentes del sector, como la antigua Gas Natural Fenosa SUR, ahora Naturgy. Sin embargo, ninguno estaba personado en el caso hasta ahora. La Fiscalía quiere resolver esa laguna ofreciéndoles acciones penales contra Iberdrola, que sería una vía para que pudieran reclamarle a la cotizada las cantidades que presuntamente dejaron de ingresar en ese otoño. Responsables de estas compañías ya han adelantado a este diario su intención de sumarse a la acusación contra la eléctrica. Durante estos primeros años de investigación en la Audiencia Nacional solo han ejercido la acusación el Ministerio Público y la asociación de defensa de los consumidores Facua, con el papel de acusación popular.

Fuentes cercanas al caso aseguran a El Confidencial que las pruebas contra Iberdrola son contundentes. Hace dos semanas, tuvieron que declarar en calidad de imputados cuatro directivos de la compañía que presuntamente habrían participado en los hechos bajo sospecha. En concreto, se les acusa de haberse coordinado para cerrar intencionadamente los embalses en el otoño de 2013 —uno de los más lluviosos de las últimas dos décadas— para recortar así la producción de energía hidráulica, la fuente de electricidad más barata. Como consecuencia de esa medida, tuvieron que entrar en el 'pool' de energía otras fuentes más caras, como las plantas de ciclo combinado.

El resultado fue que el 18 de diciembre, solo un día antes de la subasta en la que se iba a fijar la tarifa eléctrica que pagarían los pequeños consumidores durante los siguientes tres meses, el megavatio hora alcanzó un precio récord de 91,89 euros, un 126% de lo que había marcado apenas tres semanas antes, cuando estaba en solo 40,65 euros. El Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a suspender la subasta e intervenir la tarifa. Dos años después, en 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) concluyó que Iberdrola había bloqueado sus centrales hidráulicas para inflar el precio de la luz. Según el regulador, la multinacional ganó 21,5 millones de euros y provocó pérdidas en el mercado de 105 millones.

Informes anteriores de la UCO incorporados a la causa y desvelados por este diario ya apuntaron algunas irregularidades descubiertas tras analizar la documentación y los archivos intervenidos durante el registro de las sedes de Iberdrola Generación en Madrid y Bilbao en mayo de 2017. Por un lado, los investigadores descubrieron que la compañía había previsto producir en el periodo bajo sospecha más energía hidráulica de la que finalmente generó. Además, comprobaron que en los mismos días de años anteriores sus embalses habían aportado al sistema más megavatios que en 2013, a pesar de que las condiciones ambientales de ese otoño fueron mucho más favorables. Las precipitaciones habían sido abundantes en las cuencas en las que Iberdrola tiene sus plantas hidroeléctricas, pero su producción fue inexplicablemente más baja.

Los agentes también constataron que la compañía fijaba las tarifas mediante órdenes verbales que no quedaban recogidas en ningún tipo de acta, un método rudimentario y poco transparente que sorprendió a los investigadores. Iberdrola ni siquiera disponía de un protocolo que especificara qué niveles jerárquicos de su cúpula debían participar en el proceso de formación de los precios.

Iberdrola ha restado importancia a los últimos pasos que ha experimentado la causa. “En el proceso de instrucción, se ha solicitado información a las comercializadoras en posición compradora en las fechas objeto de investigación, pero de momento no hay ninguna personada ni hay nada que acredite que el posible perjuicio a las compañías comercializadoras se pueda atribuir a Iberdrola”, ha asegurado la compañía a este diario a través de una portavoz.

“Iberdrola ha mantenido siempre que en ningún momento realizó una manipulación fraudulenta de los precios en las ofertas de producción hidroeléctrica en este periodo. Iberdrola Generación no obtuvo ningún beneficio con esta supuesta actuación, ya que tenía una posición neta compradora en el periodo analizado. Es decir, no solo no tenía capacidad para hacerlo, sino que además el incremento del precio del mercado le perjudicaba, como así fue”, sostiene la compañía. “El precio del mercado en aquellas fechas subió por la confluencia de circunstancias ajenas a la compañía, entre ellas, una alta demanda, una producción eólica baja, la indisponibilidad de centrales nucleares y los precios altos de gas en los mercados internacionales. Iberdrola Generación actuó como un gestor prudente, ofertando la totalidad de la producción y reflejando en sus ofertas de producción hidroeléctrica el incremento de valor que tenía el agua en ese escenario de escasez, como ha quedado probado por varios informes de expertos cualificados independientes”.

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