Un coche ensangrentado, unas pisadas y un testigo muerto: el doble crimen de Lugo

A las 20:00 del 30 de abril de 1994 alguien entró pistola en mano al establecimiento mayorista de productos para hosteleros Cash Record de Lugo. Apuntó a la cajera Elena López y apretó el gatillo. Se volvió hace el reponedor Esteban Carballedo y volvió a disparar. Eran los únicos empleados del local, con lo que al quitarlos del medio el atracador tenía vía libre para arramblar con toda la tienda. Hoy, casi 25 años después de aquel crimen, la familia de los fallecidos sigue sin conocer quién acabó con sus vidas.

Durante ese tiempo, la instrucción judicial ha sido cerrada en tres ocasiones y reabierta en otras tantas. La acusación particular ejercida por los familiares critica que el juzgado no ha hecho nada para impulsar la causa, que había muchas diligencias por hacer que ha eludido. Entre ellas, destaca la relativa al Volkswagen Passat encontrado por la Policía Local en las inmediaciones de la escena del crimen "con aparentes manchas de sangre" siete meses después de la matanza, el 13 de noviembre de 1994, "en estado de abandono". El automóvil no figuraba como robado en las bases de datos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

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La Guardia Urbana de Barcelona confirmó que el nombre del propietario figuraba en sus archivos, pero este —según averiguaron los investigadores— vendió el automóvil a una casa de compraventa de la capital catalana, que a su vez traspasó el coche a Autos Iglesias (en Lugo), que luego hizo lo propio a un particular lucense, quien también se lo transmitió a un pintor, que lo vendió de vuelta al anterior propietario. La inspección ocular de los agentes de la Policía Local, remitida luego a la Policía Nacional, responsable de la investigación, desveló que "desde el exterior del vehículo, pues se encontraba totalmente cerrado, se observaronó en el asiento trasero unas manchas rojizas que bien pudieran ser sangre".

El modelo y la marca del vehículo coinciden, además, con el que describió uno de los testigos. En concreto, el propietario de los Talleres Gayoso, José Núñez Gayoso, quien el 4 de mayo de 1994, apenas una semana después del doble asesinato, declaró en la comisaría de Lugo que el sábado anterior sobre las 19:15 vio un Passat blanco "pasar unas tres veces" delante de su negocio. Describió que en el asiento trasero iba una persona de blanco y que el turismo iba "despacio, como si quisiera parar". "Sus ocupantes parecían querer comprobar la presencia de policías locales", añadió el testigo, que hizo constar que había un coche patrulla estacionado en la zona.

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La acusación particular ejercida por la familia entiende que ese Volkswagen pudo ser "el vehículo en el que se desplazaron los asesinos hasta el Cash Record". Este extremo, sin embargo, no ha podido confirmarse. La Policía Nacional recibió el coche de los agentes de la Policía Local que lo encontraron y, según un telefonema anotado en el libro registro de los investigadores, hizo una inspección científica, pero esta última no aparece por ningún lado. "Ni el acta ni los resultados de los análisis" que supuestamente llevaron a cabo los responsables de las pesquisas, aseguran desde la acusación particular, y recuerdan asimismo que incluso el propio vehículo está actualmente en paradero desconocido, ya que no se encuentra en dependencias municipales, según admitió la propia empresa adjudicataria.

En un oficio trasladado por los investigadores policiales al juzgado en octubre de 2018, estos explican que no saben qué pudo pasar con la documentación, que o bien se traspapeló o bien no se llegó a confeccionar el acta porque las pruebas dieron un resultado negativo para la investigación, excusas que a juicio de la defensa de la familia "resultan sorprendentes". Esa misma parte también se queja de que tras ese oficio presentó otro escrito para solicitar la apertura de diligencias con el fin de esclarecer el destino del acta de inspección ocular y los resultados de las pruebas científicas practicadas.

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El juzgado, sin embargo, no vio oportuna la propuesta de los letrados de la familia. El 10 de enero pasado rechazó la práctica de esta pesquisa al entender que no sería útil para avanzar en la instrucción. También se opuso a poner en marcha otras diligencias reclamadas por la acusación, como la de citar al exagente de la Guardia Civil que un informe policial sin autor conocido encontrado en la comisaría en 2011 señaló como el hombre que proveía de armas y protegía al único imputado en la causa, Manuel Juan Vilariño, con el fin de que este pudiera trapichear con droga en el bar Los Ángeles que regentaba. Un conocido de Vilariño, Francisco Javier Núñez —ya fallecido—, declaró que poco antes del atraco a Cash Record el investigado le propuso a él dar el golpe, pero que lo rechazó. Incluso le dio una vuelta con el coche alrededor del establecimiento para mostrarle el terreno y hasta le puso una pistola en la mano al tiempo que le decía que la cosa sería sencilla, añadió el testigo, cuya historia fue negada por Vilariño.

La providencia que rechaza estas diligencias —ya antes el juzgado rehusó también indagar en el origen de las huellas de zapatillas que se encontraron en la escena del crimen y que iban de uno a otro cadáver— pretende también poner fin a la instrucción por enésima vez. "Ninguna de ellas resulta sustancial", arguye el juzgado, que añade que además tampoco "podrían ser razonablemente practicadas dentro del plazo máximo". "Visto a su vez el estado de las actuaciones, se confiere a todas las partes personadas y al ministerio fiscal para que informen lo que tengan por oportuno acerca de la conclusión del sumario para enjuiciamiento o sobreseimiento del proceso", zanja el juzgado.