ya lo hicieron el parlamento vasco y las defensas

Amnistía Internacional pide al Supremo plaza de observador en el juicio del 'procés'

Envía una carta al tribunal en la que pide que se le reserve un espacio para acudir a la vista, con la intención de supervisar el procedimiento

Foto: Vista de un monitor de la sala de prensa durante la vista por las cuestiones previas del caso del 'procés'. (EFE)
Vista de un monitor de la sala de prensa durante la vista por las cuestiones previas del caso del 'procés'. (EFE)

Los observadores internacionales y nacionales para el juicio del 'procés' se están convirtiendo en un tema recurrente. Amnistía Internacional ha solicitado, en un escrito remitido al Tribunal Supremo, plaza en la vista oral para que miembros de la organización puedan asistir a modo de observadores para "evaluar" si se cumplen todas las garantías. Su petición se suma a la ya realizada por el Parlamento vasco y a la solicitud que han formulado las defensas en los escritos presentados en las últimas horas, en los que reclaman la presencia de expertos internacionales para 'testar' el desarrollo del procedimiento.

Este tipo de peticiones ha provocado ya la reacción de la fiscal general del Estado, que aseguró tras conocer la iniciativa de los acusados que la Justicia española es absolutamente transparente y recordó que el juicio se va a televisar en directo. Según informan fuentes de la organización, Amnistía ha enviado una carta al tribunal en la que pide que se le reserve un espacio para acudir a la vista, con la intención de supervisar el procedimiento. Concreta que, en el caso de que la Sala Segunda acceda a su solicitud, miembros de su equipo jurídico ocuparán este espacio en el interior de la sala donde, dentro de solo unos días, serán juzgados Oriol Junqueras y otros 10 políticos catalanes acusados de delitos de rebelión y malversación, y se dispone de poco más de 100 espacios.

Desde AI precisan que no es la primera ocasión en que asisten a juicios en España y ponen como ejemplo que ya lo hicieron en el procedimiento que llevó a cabo la Audiencia Nacional contra el exministro de Interior de Guatemala Carlos Vielmann, al que se acusaba del asesinato de 10 presos en dos prisiones del país centroamericano en los años 2005 y 2006.

Con esta solicitud, la formación ejecuta su anuncio de hace unos meses cuando, en una carta enviada el 26 de noviembre al diputado suspendido de JxCAT en el Parlament Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, a la cárcel de Lledoners (Barcelona), mostró su preocupación por su prisión preventiva que consideró "injustificable". También aseguraron entonces que seguirán denunciando la situación internacionalmente hasta que los cargos de rebelión y sedición contra ellos sean retirados. En aquella misiva, consideraban que el encarcelamiento es una medida "excesiva y desproporcionada que viola los derechos de libertad de expresión y reunión".

Estas iniciativas, tanto particulares como de los propios acusados, chirrían no solo a juicio de María José Segarra sino también a los ojos de jueces y fiscales consultados, que consideran absolutamente innecesario que ningún experto supervise un juicio celebrado en España. En esta línea, reinvindican la transparencia de la Justicia española en contraposición a las de otros países, incluso europeos.

Datos frente a Europa

Los juristas consultados destacan el hecho de que el derecho a un proceso público está plenamente garantizado en España, donde el acceso de los medios de comunicación a las vistas orales viene amparado por la Constitución española, la doctrina del Tribunal Constitucional, el Reglamento 1/2005 de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales aprobado por el Consejo General del Poder Judicial y el Protocolo de Comunicación de la Justicia, también del órgano de gobierno de los jueces.

En la vista oral del 'procés', los medios de comunicación tendrán acceso a la sala de vistas y podrán seguir también el desarrollo íntegro del juicio desde los espacios habilitados al efecto en la propia sede del tribunal. Además, la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo facilitará señal institucional de televisión que será enviada gratuitamente a los medios interesados por el medio público TVE, tal y como acordó la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en su reunión del pasado 11 de diciembre.

Este hecho contrasta con lo habitual en países de nuestros entorno. En Francia, por ejemplo, no se puede acceder a la sala con medios de grabación bajo la amenaza de multas. Tampoco se permite en Reino Unido. En Portugal, la norma es no autorizar la transmisión de imágenes salvo resolución judicial que así lo acuerde. Algo parecido sucede en Italia, donde solo se emite un juicio si hay interés social relevante y nunca sin el consentimiento expreso de las partes.

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