Torra busca observadores internacionales que asistan al juicio contra el soberanismo

La Generalitat quiere que haya observadores internacionales en el juicio del Tribunal Supremo contra el intento independentista de octubre del año pasado, en que serán juzgados Oriol Junqueras, Carme Forcadell y otros líderes del soberanismo, a los que la Fiscalía pide más de 200 años de cárcel. La presencia de observadores garantizaría una mayor visibilidad del juicio durante todos los meses, pero se está buscando la vía más conveniente. El presidente catalán, Quim Torra, espera que una previsible condena provoque una profunda indignación de la sociedad catalana que favorezca un nuevo momento de ruptura.

La Generalitat podría buscar a los observadores por sí misma, pero la última experiencia no fue muy positiva. El juicio durará unos seis meses. Y a los observadores internacionales les gusta cobrar. Para el 1 de octubre, se desviaron diversos fondos para pagos a dichos observadores, unos abonos que ahora se han convertido en uno de los pilares en la acusación de malversación.

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La situación legal de Raül Romeva resulta en especial difícil: pagó dinero para los observadores con su tarjeta de crédito, según la acusación, y buena parte de las partidas destinadas a la figura de los observadores salieron de su departamento. La 'operación observadores' resultó catastrófica, porque tras la consulta de octubre del pasado año, estos dictaminaron que el referéndum no había cumplido los estándares internacionales. Una conclusión que topa con lo que desde entonces ha repetido el independentismo: que hay un 'mandato del 1 de octubre'. Pero no puede haber mandato si la consulta no fue válida.

Por eso hay que buscar alternativas. Así, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido al Consejo de Europa que envíe observadores al juicio. Eso solucionaría el problema de los pagos, pero no está claro que la UE siga esta recomendación porque en el marco europeo la Justicia española no está cuestionada.

Otra opción sería que el Consell per la República que preside Carles Puigdemont enviase a los observadores internacionales. El Consell podría sufragar los gastos. Está fuera de España y está recaudando fondos para acciones “en favor de la república”.

La Generalitat reconoce solo de puertas adentro el delito de desobediencia, pero rechaza de pleno todos los demás, incluido el de malversación

La Generalitat está en conversaciones con los abogados que defienden a Puigdemont y al resto de los huidos, como es el caso de Ben Emmerson, Paul Bekaert o Aamer Anwar, según explican fuentes del Palau, para encontrar la fórmula más correcta y las personas más convenientes para la causa independentista.

Más observadores, más visibilidad

La Generalitat pretende que los observadores internacionales cubran la totalidad del juicio porque aspira a más visibilidad internacional. Desde la fallida declaración de independencia, los medios de comunicación internacionales han perdido interés por Cataluña. Los observadores internacionales deberían servir para evitar lo más previsible, que el juicio aparezca en los media de todo el mundo el día que empiece la vista oral y luego no vuelva a captar su atención hasta la sentencia. Desde la Generalitat se considera que la presencia de observadores internacionales daría continuidad y permitiría un seguimiento informativo más prolongado.

La Generalitat se mueve en dos planos contrapuestos: lleva meses desacreditando a la Justicia pero quiere evitar actos de desobediencia

También se aboga por que la presencia de los observadores internacionales sirva para forzar a los jueces a valorar de una manera más distanciada y neutral los hechos encausados. Desde la Generalitat y partidos soberanistas como JxCAT o ERC se reconoce, de puertas adentro —ya que oficialmente se pide la absolución— la desobediencia, pero se niega el resto de delitos y sobre todo la acusación de rebelión, que mantiene la Fiscalía.

Ambivalencia

Ante la inminencia del juicio, la Generalitat se mueve en dos planos contrapuestos. Por un lado, lleva meses desacreditando a la Justicia y criticando al Gobierno por no hacer gesto alguno hacia los presos soberanistas. Por otro, se quieren evitar los actos de desobediencia —la misma por la que aboga la Crida— hasta la sentencia, precisamente para evitar perjudicar a los encausados.

Además, desde el Govern se niega el indulto como una salida política y se rechaza que los presos se puedan acoger a esta alternativa tras una sentencia contraria, si bien se asegura que se respetará cualquier decisión personal.