los acusados por desobediencia, a cataluña

El tribunal del procés limita el juicio en el TS a 12 procesados y deja fuera a la Mesa

En un auto de Manuel Marchena, los siete magistrados avalan los argumentos de la Fiscalía que calificó los hechos como un atentado al corazón del Estado

Foto: Vista en el Supremo. (EFE)
Vista en el Supremo. (EFE)

El tribunal del 'procés' se ha pronunciado este jueves sobre las alegaciones presentadas el pasado 18 de diciembre por las defensas de los político catalanes. Los siete magistrados han estimado, en parte, sus argumentos y dejan fuera a seis de los procesados, aquellos acusados únicamente por desobediencia, es decir, los miembros de la Mesa y la integrante de la CUP Mireia Boia, con lo que se reduce a 12 el número de personas que se sentarán en el banquillo del Supremo en el juicio. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ocupará de investigar a los seis descartados por el alto tribunal, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

En un auto del que ha sido ponente el presidente Manuel Marchena, los siete jueces avalan, por unanimidad, los argumentos de la Fiscalía que defendió en la vista que la estrategia para la separación de España estuvo muy lejos de provocar efectos únicamente en aquella comunidad autonóma. El referéndum y los acontecimientos posteriores supusieron un atentado contra el corazón del Estado, argumentó entonces el fiscal Jaime Moreno. No obstante, considera que los procesados por el delito de desobediencia, que lleva aparejadas penas de multa, no deben ser juzgados por el alto tribunal y sí en Barcelona. Además de Boia, se descuelgan del juicio Lluis Corominas, Lluis Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó y Joan Josep Nuet.

De este modo se sentarán en el banquillo de los acusados del alto tribunal Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquin Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila. Despejada esta incógnita, no quedan ya impedimentos para que se activen los plazos de cara al inicio del juicio, que se prevé para finales de enero o principios de febrero. Las defensas tendrán ahora un plazo de diez días para presentar sus escritos y solicitar testigos. Según fuentes consultadas por El Confidencial barajan reclamar que se escuche a más de 1.000 personas y estudian pedir la declaración del expresident Carles Puigdemont.

Tras el examen de los escritos de acusación formulados la Sala adopta esta decisión a la vista de las conclusiones provisionales presentadas por el Ministerio Público, en las que se ofrece un relato histórico que permite valorar la cuestión desde un prisma con el que no contaba el instructor Pablo Llarena. El tribunal ha valorado aspectos como la necesaria presencia de los procesados "en las prolongadas sesiones" del juicio y el obligado desplazamiento a Madrid de aquellos que sólo deben responder por un delito de menor entidad. Considera que desgajar esta parte no rompe la conexidad de los hechos y mejorará, por contra, la operatividad de la vista oral.

Al inicio del juicio

El tribunal coloca al inicio del juicio la resolución de cuestiones como la petición de traducción simultánea para que los acusados puedan expresarse en catalán. El auto recuerda que esta solicitud contrasta con lo sucedido durante la fase de instrucción en la que no se produjeron quejas. Los magistrados dejan abierta la respuesta a esa petición, pero concluyen que "hacer depender el derecho a un proceso justo de la distancia entre la sede del propio domicilio y la del órgano jurisdiccional o del uso de la lengua materna por los profesionales que asumen la defensa, conduciría al sinsentido de negar que ese derecho tenga vigencia, por ejemplo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

La Sala aborda también las dudas planteadas por las defensas en el escrito de formalización de la declinatoria de jurisdicción sobre la designación del ponente y de los últimos miembros de la Sala Segunda. En su auto, el tribunal señala que la insinuación que se desliza "acerca de las dudas sobre la designación del ponente y de los últimos miembros de la Sala Segunda, la afirmación de un escenario de excepción o de un derecho penal del enemigo, son tomadas por la Sala como legítimos desahogos defensivos que, al carecer del más mínimo respaldo argumental, van a limitar sus efectos a los de su simple constancia".

Respecto a la competencia sobre los 12 procesados que sí serán juzgados en Madrid, el auto repasa las anteriores ocasiones en las que se rechazaron argumentos anteriores. Destaca la parte "internacional" de la estrategia del procés en la línea de la Fiscalía y que, por tanto, "habrían desbordado el límite terroritorial de la comunidad autónoma". Desde la intención del Govern de Puigdemont de que el referéndum legitimara internacionalmente su proyecto hasta las acciones del Diplocat y la contratación de observadores, el alto tribunal ve motivos para retener el procedimiento en cuanto a los delitos de rebelión y malversación. "La inescindibilidad del hecho se hace evidente, tanto respecto de aquellos acusados a los que se imputan los delitos de rebelión y malversación como respecto de aquellos otros en los que la imputación no incluye el delito rebelión sino, de foma conjunta, los de malversación y desobediencia", destaca.

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