De la pulsera telemática al "deterioro clínico": Villarejo y sus 11 intentos para salir de prisión

Once intentos, once fracasos. El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha pedido una y otra vez quedar en libertad provisional desde que entrara en prisión el 5 de noviembre de 2017, pero en todas las ocasiones ha recibido un no como respuesta. La última negativa se produjo el pasado jueves, cuando María Tardón, magistrada de la Audiencia Nacional, rechazó su solicitud por riesgo de fuga y destrucción de pruebas. "Lejos de desaparecer o disminuir [los riesgos] con el transcurso del tiempo y con el resultado de las diligencias de investigación practicadas, deben, por el contrario, estimarse incrementados", argumentó la jueza en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial.

Este último rechazo se suma a un listado cuyo fondo argumental ha sido siempre el mismo: dejar en libertad a Villarejo supone poner en riesgo la causa que se instruye en la Audiencia Nacional. Así lo expuso el Juzgado Central de Instrucción número 6 el 30 de enero, el 13 de febrero, el 22 de mayo, el 4 de junio, el 9 de julio, el 13 de agosto y el 4 de octubre. Y así lo ratificó la Sala de lo Penal el 2 de marzo, el 20 de noviembre y el 26 de diciembre. Villarejo comienza por tanto 2019 en la cárcel de Estremera, donde ingresó por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, entre otros.

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La defensa del policía ha ido añadiendo nuevos argumentos a sus escritos en los últimos meses, pero ya desde junio insistía en que “es un tipo de persona que no sale huyendo, sino que afronta los desafíos y los embates del destino”. Sus abogados alegan que su única intención es la de “afrontar las imputaciones que pesan sobre él para vencerlas”, subrayando para ello el arraigo familiar, social y profesional del expolicía, razones por las que le definen como "una persona con una vida ya hecha" que no se sustraería a sus obligaciones con el tribunal. Tardón, sin embargo, asegura que "no puede descartarse que posea medios económicos aún no descubiertos" para huir de España, como sugiere "el acopio de dinero en metálico y oro en sus domicilios" o "la existencia de documentación en blanco y con datos de identidad que no se correspondían con la fotografía del apelante".

En un intento de restar el riesgo de fuga de la ecuación, su defensa abrió la puerta en verano a medidas cautelares como la de una pulsera telemática de localización, sistema habitual en los seguimientos de la violencia de género. Esta propuesta se repite también en el último escrito presentado el pasado diciembre, en el que se sugieren como alternativas que el policía retirado se presente todos los días en el juzgado o incluso que un agente visite a diario su casa. Las propuestas, sin embargo, no han convencido a la magistrada, que ha rechazado su solicitud en sustitución del juez del caso, Manuel García Castellón, por encontrarse este de vacaciones.

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Otro de los argumentos que se repiten en los escritos es el de la salud del comisario jubilado, aspecto que se apoya en el informe médico de un doctor que trabaja en una clínica de Estepona vinculada a Villarejo. El facultativo sostiene que presenta "un deterioro clínico significativo" que se refleja en "la aparición progresiva de dolor lumbar y ciático refractario en relación con esfuerzos físicos", ante lo que critica que "debido a las circunstancias excepcionales en las que nos encontramos, ha sido imposible implementar un seguimiento clínico adecuado". La magistrada, por el contrario, defiende la postura de un médico forense y de los servicios médicos de la cárcel, que "confirmaron que el cuadro clínico del interno era perfectamente compatible con el régimen penitenciario propio de los presos preventivos".

En lo que se refiere a las grabaciones y vídeos que Villarejo mantiene encriptados, documentos que afectan a políticos de primer nivel y le han sido incautados, su defensa también los aprovecha a la hora de pedir su libertad. El policía cambió de abogado el pasado octubre, en medio de la polémica suscitada por la filtración de los audios que grabó durante años para conseguir información, cuando optó contratar los servicios de Antonio García Cabrera. Desde entonces, su nuevo letrado ha asegurado que su prisión provisional ha demostrado ser "insatisfactoria", pues "ha propiciado que se esté produciendo el juicio paralero más grave de nuestra democracia por la filtración del contenido de la causa".

La Audiencia Nacional sostiene por su parte que dejarle en libertad le daría la posibilidad de destruir pruebas: "Mientras se encuentre en proceso el volcado y análisis de la documentación incautada, y aún esté pendiente el descifrado de este material informático, la persistencia del riesgo de destrucción o alteración de pruebas por parte del investigado" resulta "vigente" y "ciertamente seria y real". Basándose en los riesgos de fuga y de destrucción de pruebas,Villarejo permanecerá por tanto en prisión provisional hasta nuevo aviso. Y todo apunta a que la fase de instrucción de esta macrocausa está lejos de terminarse.