beneficiaría retroactivamente a junqueras

Suavizar el Código Penal, la última y fracasada petición 'indepe' para los presos

Ante la llegada del juicio y la perspectiva de una condena de muchos años, hay quien sigue buscando palancas. El Ejecutivo de Sánchez ni ha contestado al planteamiento

Foto: Manifestación en favor de Oriol Junqueras. (Reuters)
Manifestación en favor de Oriol Junqueras. (Reuters)

A la desesperada, el entorno de los partidos independentistas ha trasladado al Gobierno la última petición que podría salvar a los presos del 'procés'... y los Presupuestos. Se trataría de reformar en el Código Penal los delitos de rebelión y sedición, de forma que lo sucedido en Cataluña se pudiese ajustar a tipos con penas más bajas. Como las reformas favorables a los reos se aplican de forma retroactiva, esto beneficiaría a Junqueras y compañía. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ni ha contestado a esa complicada operación, según fuentes conocedoras de lo ocurrido.

La primera petición de los independentistas, declarada públicamente, era que el Gobierno de Sánchez instase a la Fiscalía para que no acusase por rebelión o sedición. El Ejecutivo nombró a la fiscal general del Estado, María José Segarra, pero una vez en su puesto tiene autonomía. Moncloa se negó a tocar a los fiscales y estos acusaron por rebelión pidiendo más de 20 años de prisión.

Moncloa hizo lo que sí estaba en su mano, rebajar la acusación de la Abogacía del Estado, dependiente jerárquicamente del Ministerio de Justicia. Aunque la ministra portavoz, Isabel Celaá, y el propio Pedro Sánchez señalaron que no darían indicaciones, se ordenó acusar por malversación y sedición, un escalón por debajo. La acusación choca con la Fiscalía y acabó costando el puesto al jefe del departamento penal de la Abogacía, Edmundo Bal, un progresista que llevaba 16 años en el cargo. Bal no quiso firmar un escrito de acusación que no era suyo, aunque afirmó que defendería en el juicio lo que le mandaran sus superiores, según fuentes jurídicas.

Pero ante la llegada del juicio y la perspectiva de una condena de muchos años, hay quien sigue buscando palancas. Incluso si la sentencia descarta rebelión —que exige violencia y muchos juristas discrepan de que lo ocurrido en Cataluña encaje en un tipo penal para un golpe de Estado tipo el del 23-F, cuando entraron a tiros en el Congreso—, las penas pedidas son enormes.

El entorno independentista se ha dirigido al Gobierno pidiendo que se comprometa a reformar el Código Penal, ahora o más adelante, para rebajar los tipos de sedición y rebelión. El derecho penal tiene un principio básico de que hay que aplicar la pena más favorable al reo incluso si se hace retroactivamente. El artículo dos del Código Penal establece que "tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena".

Es decir, que si dentro de un año el Gobierno cambia el Código Penal, lo que exige la aprobación del Congreso, para reformar los tipos penales de rebelión y sedición, esa reforma podría aplicarse a Junqueras y demás presos (siempre que finalmente sean condenados). Esa es la petición que ha llegado al Ejecutivo.

El Gobierno de Pedro Sánchez ni ha contestado. La rebaja de la acusación de la Abogacía del Estado era el gesto que podía ofrecer y fue desestimado por los independentistas como insuficiente. El mensaje que lanza el Ejecutivo es que da por perdidos los Presupuestos, para los que necesitaba el apoyo de ERC y la abstención de PDeCAT, y que gobernará por decreto hasta que llegue el adelanto electoral.

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