Rato vuelve al banquillo: las claves del juicio por la salida a bolsa de Bankia en 2011

Tras cinco años de investigación, este lunes 26 de noviembre arranca en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el juicio por la salida a bolsa de Bankia en 2011. Más de una treintena de investigados se sientan en el banquillo por presunta estafa a inversores y falsedad en cuentas, entre ellos el expresidente del banco, Rodrigo Rato, su exvicepresidente, José Luis Olivas, y la propia entidad como persona jurídica. Frente a ellos, la magistrada Ángela Murillo, que condenó el pasado octubre a Rato a cuatro años y medio de prisión por las tarjetas 'black', presidirá el tribunal.

La Audiencia Nacional tratará así de esclarecer el presunto maquillaje de las cuentas de Bankia de cara a su salida a bolsa en 2011, operación que menos de un año después exigió revisar los números y destapó un agujero multimillonario por el que se tuvo que solicitar un rescate a Europa. "Apreciando la existencia de indicios racionales de criminalidad y la suficiencia de lo actuado para formular acusación, acuerda dirigir el procedimiento que ha de conducir al juicio oral contra quien pasa a tener la condición de imputado judicialmente", sostiene el magistrado Fernando Andreu en su auto.

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El juicio, que según fuentes jurídicas se alargará al menos hasta junio, se erige como uno de los principales procedimientos de 2019, ante lo que El Confidencial ha elaborado una guía con las claves del mismo.

¿Qué se investiga?

La investigación se remonta a junio de 2012, cuando UPyD presentó una querella contra 35 directivos de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA), acusándolos de haber ocultado la situación patrimonial de la entidad para recabar miles de millones de euros con la salida a bolsa. La entonces secretaria general del partido, Rosa Díez, definió lo ocurrido como "un engaño masivo" que se había llevado a cabo mediante "la falsificación de los datos".

Para entonces, Bankia ya se había convertido en blanco de críticas, pues en mayo de ese mismo año el FROB tuvo que inyectar dinero en la entidad, cuyo rescate ascendió finalmente a más de 20.000 millones de euros. Su presidente, Rodrigo Rato, presentó entonces su dimisión el 7 de mayo de 2012 y, dos días después, la matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA) fue nacionalizada, lo que dejó en manos del Estado el 45% de Bankia.

Entre los documentos que se revisarán durante el juicio se encuentra el folleto elaborado por el banco para su salida a bolsa, sobre el que el magistrado Andreu dice lo siguiente en su auto: "Conforme ha quedado expuesto, de las diligencias practicadas se desprenden indicios, racionales y suficientes de que la situación financiera narrada en el folleto informativo y las perspectivas del emisor no serían las reales, pues no reflejaban ni la imagen de solvencia publicitada y divulgada, ni la situación económico-financiera real de la Sociedad, puesto que de la pericial practicada se desprenden indicios de la incorrección e inveracidad de la información contenida en el folleto".

Resultan además de vital importancia para el análisis de estos hechos los informes de los peritos del Banco de España, Víctor J. Sánchez Nogueras y Antonio Busquets, en los que se cuestiona la veracidad de las cuentas de Bankia en 2010 y 2011, de cara a su salida a bolsa, así como la posterior reformulación de las mismas en mayo de 2012, ya con José Ignacio Goirigolzarri al frente de la entidad. Ambos expertos arremeten además en los mismos contra la labor del Banco de España y de la CNMV durante la crisis, y también contra Deloitte, que se encargó de auditar las cuentes. En el juicio, sin embargo, solo se encuentra investigada como persona jurídica esta última.

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En sus famosos informes aseguran que Bankia era inviable y que sus cuentas no reflejaban esta situación, conclusiones que los acusados tratan de frenar con toda una serie de análisis elaborados por economistas e incluso por el Banco de España y el FROB. La polémica en torno a los mismos llegó a tal punto durante la instrucción que el propio fiscal Anticorrupción del caso los critica en su escrito de acusación: "El auto acoge el parecer de los peritos judiciales en relación con las diferentes cuentas por ellos examinados, en las que detectan diferentes 'irregularidades', 'incorrecciones', 'omisiones' e 'inexactitudes', que en sus segundos y terceros informes ampliatorios —no en los iniciales de 2014— terminan calificando de 'falsas', sobrepasando el cometido propio de su pericia".

La sentencia dependerá por tanto en gran medida de la validez que los magistrados den a estos informes, así como a aquellos que han presentado las defensas para tratar de tumbar sus conclusiones.

¿A quién se investiga?

El fiscal Alejandro Luzón pide en su escrito de acusación cinco años de prisión para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, cuatro años para el exvicepresidente José Luis Olivas, tres años para el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y dos años y siete meses para el exconsejero delegado Francisco Verdú, todos ellos acusados de estafa a los inversores. El Ministerio Público fija además para cada uno de ellos una multa de 60.000 euros mediante el pago diario de 200 euros durante 10 meses y solicita también que indemnicen conjunta y solidariamente a los inversores minoristas que acudieron a la salida a bolsa en 2011, en torno a 11.000 personas. De todos modos, la propia Bankia ya ha devuelto el dinero a la mayor parte de los mismos, dejando a poco más de 150 a la espera de recibir su dinero.

Las penas para ellos serían aún más duras si la acusaciones populares y particulares consiguen que se les juzgue también por falsedad contable. La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce como acusación popular con el letrado Andrés Herzog, pide por ejemplo penas de cuatro años y seis meses de prisión por falsear las cuentas y de siete años y medio por estafa a inversores, lo que sumaría hasta 12 años de cárcel para los principales imputados.

A diferencia del Ministerio Público, dichas acusaciones no se limitan a los cuatro hombres mencionados, lo que explica que en total haya más de una treintena de investigados. Las fuentes consultadas apuntan sin embargo a que podrían intentar aferrarse a la conocida como doctrina Botín durante las cuestiones previas, defendiendo así que, al verles la Fiscalía inocentes, no cabe que sigan como investigados.

Entre los exdirectivos de Bankia que también tendrán que sentarse en el banquillo se encuentran Miguel Ángel Soria Navarro, Ildefonso Sánchez Barcoj y Sergio Durá Mañas. Asimismo, los exconsejeros de la entidad acusados son los siguientes: Arturo Fernández, Javier López Madrid, Antonio Tirado Jiménez, Antonio Ibáñez González, Araceli Mora Enguidanos, Francisco Juan Ros García, José Antonio Moral Santín, José Manuel Serra Peris, José Manuel Fernández Norniella, Pedro Bedía, Rafael Ferrando, Jorge Gómez, Agustín González, Remigio Pellicer, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, José Manuel Suárez, Ángel Daniel Villanueva, José Rafael García Fuster, Ángel Acebes, Francisco Baquero, Jesús Pedroche, José María de la Riva, Estanislao Rodríguez Ponga y Francisco Celma, este último por ser la persona de Deloitte que auditó las cuentas, que también está investigada junto a la propia Bankia y el BFA como personas jurídicas.

¿Quién acusa?

Además de la Fiscalía Anticorrupción, en el juicio ejercen como acusación popular la Abogacía del Estado en representación del FROB, la Confederación Intersindical de Crédito y la Confederación General del Trabajo. Asimismo, como acusación particular se encuentran otros 43 letrados.