pero no habrá comisión en el parlamento

La obsesión de Navarra con la Corona: otra vez el referéndum e investigar al rey emérito

La Cámara aprueba por tercera vez en 17 meses una proposición para exigir un plebiscito entre monarquía y república: ahora también pide una comisión de investigación sobre Juan Carlos I

Foto: Felipe VI y Uxue Barkos se saludan con motivo de la última presencia del rey en Navarra, el pasado mes de junio. (EFE)
Felipe VI y Uxue Barkos se saludan con motivo de la última presencia del rey en Navarra, el pasado mes de junio. (EFE)

El Parlamento de Navarra ha vuelto ‘a la carga’ contra la Corona. En plena efervescencia por la respuesta que va a dar en los tribunales el Gobierno español a la resolución del pasado 11 de octubre del Parlament de Catalunya que condenaba y reprobaba la actitud de Felipe VI en el conflicto soberanista y su “justificación de la violencia” empleada por la Policía en el referéndum del 1-O, la Cámara foral se ha posicionado nuevamente en contra de la monarquía y ha denunciado la presunta corrupción del rey emérito Juan Carlos I.

El Debate sobre el Estado de la Comunidad Foral que se celebró en el hemiciclo navarro durante el pasado jueves y viernes dio pie a una nueva resolución en contra de la Casa Real y lo que significa. Por un lado, se exige una vez más la convocatoria de un referéndum para decidir entre monarquía y república, y, por otro, se reclama al Congreso de los Diputados la constitución de una comisión de investigación sobre “las presuntas irregularidades y prácticas corruptas en relación al origen del patrimonio del rey emérito” en base a las declaraciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein. En todo caso, la pretensión de crear una comisión de investigación en el propio Parlamento foral no ha salido adelante después de que un informe jurídico elaborado por la Cámara haya determinado que no existen competencias para abordar la constitución de este organismo por ser una propuesta "contraria al orden constitucional".

Se trata de la tercera vez en menos de 17 meses que el Parlamento de Navarra exige la celebración de un referéndum vinculante para que la ciudadanía pueda decidir la forma de gobierno de Estado. Todas estas iniciativas han sido aprobadas en la cámara a impulso de Izquierda Ezkerra y han contado con el apoyo de los otros tres partidos que sustentan el Ejecutivo de Uxue BarkosGeroa Bai, la marca del PNV en Navarra, EH Bildu y Podemos–.

El primer pronunciamiento tuvo lugar el 5 de junio de 2017 cuando el Parlamento aprobó una moción que reclamaba este plebiscito para que “la ciudadanía del Estado español decida entre monarquía o república la forma de Estado que desea”. Esta misma resolución fue aprobada el pasado 11 de junio si bien el texto establecía la coletilla de que en el referéndum debían participar “la ciudadanía de Navarra y del Estado Español”. Ambas manifestaciones de la Cámara Foral estaban motivadas por la presencia de Felipe VI en Navarra. Ahora, apenas cuatro meses después de la última declaración institucional, la Cámara Foral ha retomado la exigencia del plebiscito al emplazar al Gobierno de España a que “proceda a la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía decida democráticamente la forma de Estado entre monarquía y república”.

El portavoz de Izquierda Ezkerra en el Parlamento de Navarra, José Miguel Nuin. (EC)
El portavoz de Izquierda Ezkerra en el Parlamento de Navarra, José Miguel Nuin. (EC)

El portavoz de Izquierda Ezkerra, José Miguel Nuin, asegura que la ciudadanía “tiene derecho” a decidir sobre el modelo de Estado porque es “pura democracia”, y más en un momento en el que la Constitución “está muy tocada y con un cuestionamiento político y social cada vez mayor”. Por ello, remarca que “hay que abordar un proceso muy profundo de cambio”.

Pero en este último pronunciamiento institucional, el Parlamento de Navarra ha ido un paso más allá en su obsesión contra la Corona al reclamar que se actúe contra el rey emérito con una comisión de investigación en el Congreso que aborde las “presuntas irregularidades y prácticas corruptas” de Juan Carlos I. Según se argumenta en la exposición de motivos de la moción, “una democracia de calidad no puede dejar al margen de la decisión democrática y de la lucha contra la corrupción ninguna de sus instituciones”, y “sin embargo en el Estado Español esto es lo que sucede con la institución monárquica”.

No es la única propuesta que estaba encaminada a actuar contra el rey emérito en el Parlamento de Navarra. El sector crítico de Podemos, compuesto por cuatro de sus siete representantes en el hemiciclo navarro, pretendía que el rey emérito y Corinna fueran llamados a declarar en el Parlamento Foral dentro de una comisión de investigación constituida en esta cámara, pero la Mesa ha rechazado este lunes crear esta comisión en base a un informe de los servicios jurídicos. La propuesta fue registrada en septiembre después de que el Congreso rechazara unos días antes con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos la petición de Unidos Podemos para que el pleno debatiera crear esta comisión de investigación sobre las revelaciones de la empresaria alemana al comisario José Manuel Villarejo en relación con las actividades del antiguo jefe del Estado.

La Mesa del Parlamento rechaza la comisión de investigación sobre el rey emérito tras un informe jurídico que refleja que la cámara no es competente

Esta iniciativa, que contaba con el aval de EH Bildu e Izquierda Ezkerra, se encontraba en 'stand by' a la espera de que los servicios jurídicos determinaran si el Parlamento tiene competencias o no para investigar al rey emérito. La Mesa de la Cámara había acordado solicitar un informe sobre esta cuestión en su sesión del pasado 8 de octubre después de que el letrado advirtiera ante la tramitación de esta iniciativa de que el Legislativo foral no tiene competencias al respecto, por lo que constituir esta comisión de investigación podría ser inconstitucional. Finalmente, el informe jurídico ha cerrado la puerta a esta posibilidad al determinar de forma contundente que se "debe inadmitir la propuesta de creación de la comisión de investigación sobre las grabaciones de Corinna y las supuestas irregularidades cometidas por parte del rey emérito al vulnerar por exceso las inexistentes competencias del Parlamento de Navarra sobre la materia". En su argumentación, sostiene que la propuesta es "contraria el orden constitucional" por "pretender investigar a un órgano constitucional del Estado, el Rey de España como Jefe del Estado en el ejercicio de sus funciones, infringiendo el mandato tajante y explícito establecido en los artículos 56.3 y 65.1 de la Constitución".

Una vez conocido el informe, la Mesa ha acordado en su reunión de este lunes 22 de octubre inadmitir a trámite la propuesta con el voto en contra del representante de Geroa Bai y de los dos miembros de UPN en este órgano. El voto de Geroa Bai ha sido determinante ya que los representantes de Podemos y EH Bildu han votado a favor de la admisión de la iniciativa. Su portavoz en la Cámara, Koldo Martínez, ha defendido el voto en contra de la iniciativa presentada por sus socios por "imperativo legal" a la vista de las conclusiones del informe jurídico, las cuales, según ha puesto de manifiesto, no comparten "políticamente".

Geroa Bai se opone a constituir una comisión de investigación sobre Juan Carlos I por "imperativo" legal tras un informe que rechaza "políticamente"

El sector crítico de Podemos defiende que el Parlamento está habilitado para investigar a Juan Carlos I en base a que el rey emérito “también ostenta el título de Rey de Navarra” y “a través del Convenio Económico Navarra-Estado se financian los gastos de la Corona en un 1,6%”. La impulsora de la iniciativa, Laura Pérez, la que fuera secretaria general de Podemos Navarra hasta su expulsión del partido por “infringir gravemente el código ético” de la formación –según determinó la Comisión de Garantías Democráticas Estatal–, había censurado en un primer momento la “arbitrariedad” de la Mesa al paralizar la tramitación de la iniciativa cuando en otras ocasiones no ocurre lo mismo ante la solicitud de un informe jurídico. La portavoz de Podemos-Orain Bai –la formación de Pablo Iglesias está disgregada en dos grupos en la Cámara Foral– critica que se está “usurpando” el debate al Parlamento, que no solo tiene “legitimidad para investigar cualquier cuestión de interés general” sino también para “abrir la brecha” sobre la inviolabilidad de un rey que “nunca juró la Constitución y sin embargo se coge a una prerrogativa prevista en ella”.

Geroa Bai ha rechazado crear la comisión de investigación sobre Juan Carlos I y también se ha desmarcado del boicot institucional a Felipe VI que han reclamado los demás integrantes del cuatripartito con motivo de las visitas del rey a Navarra para dejar constancia del rechazo a su presencia en la comunidad. A este respecto, Barkos acompañó al monarca en su visita del pasado año para presidir el acto de conmemoración del 25 aniversario del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), como también en junio de este año en la inauguración del V Congreso Internacional Arquitectura y Sociedad.

En todo caso, el partido de Barkos sí ha avalado el referéndum sobre monarquía y república y que se investigue a Juan Carlos I en el Congreso. De hecho, la resolución aprobada este pasado viernes en el Parlamento de Navarra se suma a una larga lista de propuestas avaladas por la Cámara foral en contra de los Reyes a lo largo de la presente legislatura. El cuatripartito hizo valer a finales de 2015 su mayoría y eliminó a la Casa Real de la ceremonia de entrega del Premio Príncipe de Viana de la Cultura, la cual había estado presidida por Felipe de Borbón desde 1990. El Parlamento también ha defendido izar la bandera republicana con motivo del 14 de abril, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha tumbado esta pretensión al fallar que esta enseña “no es una bandera constitucional” y no se puede hacer ondear “otra bandera que no sea la oficial”, ya sea en “el balcón principal, cualquiera de sus fachadas o ventanas, se trate o no de un mástil o cualquier otro tipo de exhibición pública”.

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