Los abogados del Popular llevan un año sin cobrar por problemas con el seguro

La macrocausa que instruye la Audiencia Nacional contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho por la ampliación de capital de la entidad financiera en 2016 y la presunta manipulación del mercado cumple un año este mes de octubre. Durante todo este tiempo, muchos de los abogados que representan a directivos querellados no han cobrado sus honorarios por discrepancias con la aseguradora que cubría los denominados gastos de defensa.

Los letrados de este procedimiento, que alcanza ya una complejidad mayor que la instrucción del sumario sobre la salida a bolsa de Bankia, han iniciado una pelea legal con Chubb, que se presenta como la mayor aseguradora mundial de daños y responsabilidad civil que cotiza en bolsa, para tratar de recibir unos emolumentos que muchos no han percibido aún, pese a que el propio Banco Popular contrató una póliza de seguro D&O, es decir, destinada específicamente a directivos y administradores.

La póliza se concibió precisamente para cubrir las posibles responsabilidades penales o civiles derivadas de actos que estos pudieran generar en el ejercicio de sus cargos y alcanzaba también a los de máximo nivel, como los presidentes. En la actualidad, los investigados superan ya la treintena, entre personas físicas y jurídicas, informan a El Confidencial fuentes cercanas al caso. La causa se encuentra congelada a la espera de un informe pericial que se está haciendo esperar pero cuya ultimación representará el pistoletazo de salida. En la actualidad, hay más de 300 personaciones admitidas entre querellas y perjudicados que se han mostrado parte. Alguna de ellas acumula a su vez a múltiples perjudicados.

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Según aseguran varias fuentes del caso, Chubb se niega a pagar a los letrados y ha recurrido a Clyde & Co para presentar batalla. Los representantes legales de los investigados se plantean, ante esta situación, cobrar los encargos firmados con los directivos reclamando los honorarios directamente al cliente. Los seguros estaban cubiertos y se abonaron —destacan— "jugosas primas" para contar con una cobertura total.

Algunos de los consultados no dudan en calificar a Chubb como la aseguradora "con la peor reputación del mercado", hasta el punto de que esta reclamación ecónomica al cliente se hace en muchas ocasiones sin esperar al resultado final. Según aseguran, estudian acudir a los tribunales e incluso comunicar a la Dirección General del Seguro y a sus homólogos británicos y estadounidenses esta actuación concreta de la aseguradora.

El estado de la causa

La causa se encuentra por el momento paralizada, pero puede estallar en cualquier momento. El juez Fernando Andreu, encargado de la instrucción, se decidió por gestionar el sumario en dos piezas separadas. La primera de ellas se refiere a la ampliación de capital realizada por el Banco Popular en el ejercicio 2016 bajo la presidencia de Ron, por importe de 2.505 millones de euros y otros hechos relacionados con la cuestión.

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En la segunda, se investiga la supuesta manipulación del mercado mediante la publicación de noticias que contenían datos o información que muchos de los querellantes han calificado como falsos y difundidos con la finalidad de hacer caer el valor de la cotización de las acciones del banco y poder obtener importantes beneficios. En esta, que afecta a Saracho, se rastrea el uso de información privilegiada y relevante para la cotización de las acciones y el posible lucro ilícito resultante.

La declaración de los dos expresidentes permanece aún sin fecha hasta que los dos peritos designados por el Banco de España hagan entrega de un informe que aún no está listo. El juez también reclamó documentación a la CNMV, al Banco Popular y al FROB. Miles y miles de folios sobre el folleto y la documentación en que se asentó la ampliación de capital, con el objeto de determinar si la información contable en ella expresada ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de manipulación o deformación. La causa recuerda en lo esencial al caso Bankia, cuyo señalamiento está previsto para noviembre.