echa la culpa a Saracho de la quiebra por las garantías

Linde admite que fue un error no nacionalizar el Banco Popular en 2012

El gobernador del Banco de España ha reconocido que, a la vista de lo ocurrido, fue una mala decisión no haber rescatado con dinero público al Popular cuando suspendió en 2012

Foto: El Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, hoy en el Congreso. (EFE)
El Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, hoy en el Congreso. (EFE)

El gobernador del Banco de España (BdE) ha reconocido que fue un error no nacionalizar el Banco Popular en 2012 cuando suspendió los test de estrés de Oliver Wyman, porque su situación era demasiado grave para sanearse por sí mismo. Luis Linde ha asegurado que concedió a la entidad toda la liquidez de emergencia posible y ha culpado a la entidad, presidida en ese momento por Emilio Saracho, de su "quiebra" por no presentar más garantías. Y ha añadido que si el Santander no lo hubiera comprado, se habría dado un "escenario catastrófico para España" en la que los depositantes habrían perdido su dinero y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) no hubiera podido hacer frente a las pérdidas.

En su comparecencia ante la comisión de investigación de la crisis financiera del Congreso, Linde ha admitido que "fue una mala decisión dejar al Popular sanearse por sí mismo. Aunque hizo un esfuerzo por sanearse, no fue suficiente porque su situación era demasiado grave". Ahora bien, ha matizado que "eso lo vemos ahora, entonces nos parecía que tenía capacidad para hacerlo. Pero plantearse esta pregunta es legítimo a la vista de lo ocurrido". Si se le hubiera inyectado dinero público en 2012, el Popular habría podido traspasar todos sus activos inmobiliarios (crédito promotor e inmuebles adjudicados) a Sareb y, a juicio de muchos observadores, habría evitado la resolución del año pasado.

También ha rechazado cualquier responsabilidad en la crisis que acabó con la resolución del Popular, pese a las acusaciones realizadas la semana pasada por el propio BCE. Linde ha explicado que el Popular solicitó por primera vez la provisión de liquidez de emergencia (ELA) el 5 de junio del año pasado y que, como superaba el umbral de 2.000 millones que requiere autorización del BCE, solicitó un consejo extraordinario del supervisor europeo que aprobó esta concesión. La semana pasada, el consejero del BCE Yver Mersch dijo que el Banco de España era el único responsable de decidir sobre la ELA. Linde ha afirmado que volvió a conceder ELA al banco el día 6 pero ya "no se llegó al importe total de la petición porque el Popular no pudo presentar las garantías suficientes". El subgobernador Javier Alonso aseguró en verano que sospechaba que el Popular tenía más garantías pero no las presentó.

El gobernador ha reconocido que tanto el BdE como el BCE hacían un seguimiento "varias veces al día" de la liquidez desde finales de marzo. Sin embargo, no ha explicado por qué, si llevaban un control tan estricto, no se le concedió liquidez de emergencia hasta dos días antes de que el banco "se declarase quebrado y se desencadenase el proceso de resolución", ni tenía conocimiento de las garantías de las que disponía Popular.

El expresidente del Banco Popular, Emilio Saracho. (EFE)
El expresidente del Banco Popular, Emilio Saracho. (EFE)

Por otro lado, se ha vuelto a negar a ofrecer cifras concretas de liquidez con el argumento de que no tiene el permiso del BCE, aunque el BdE no tiene inconveniente en darlas. En todo caso, ha sentenciado que "las cifras no tienen mucha importancia". Lo que sí ha asegurado es que fue una suerte que hubiera un comprador -el Santander- porque, de lo contrario, se habría producido un "escenario catastrófico" para la economía española: "Si no hubiera habido comprador, ese banco habría entrado probablemente en liquidación, lo que habría significado un 'bail-in' para todos los acreedores, entre ellos los depositantes. Y es muy dudoso que el FGD hubiera tenido fondos suficientes para hacer frente a esas pérdidas".

Problemas de solvencia desde 2012

Aunque se ha aferrado a la versión oficial de que el Popular era solvente y que su caída se produjo únicamente por problemas de liquidez, también ha admitido que, si bien cumplía estrictamente las ratios de capital, el banco tenía problemas de solvencia ya desde 2012 que se agravaron en 2016: la "tasa de cobertura se situaba por debajo de sus pares; el riesgo de crédito era el principal, sobre todo por el elevado riesgo inmobiliario y los activos adjudicados, que tenían una cobertura por debajo de la media".

Por eso, el BCE le instó a realizar una nueva ampliación de capital, pero no tenía potestad para autorizarla ni fijar su importe. Linde ha admitido que los riesgos que se incluían en el folleto se quedaron cortos: el documento cifraba las necesidades de nuevas provisiones en hasta 4.700 millones (finalmente fueron más de 5.000) y los posibles resultados negativos de 2016 en 2.000 millones (fueron 3.400). Y ha añadido que en esas pérdidas no previstas se incluyeron las cláusulas suelo o el perjuicio del fondo comercio Targobank.

También ha lanzado un 'recado' a Antonio Del Valle, quien recientemente ha recurrido a la Justicia de Estados Unidos: "La composición del consejo era más complicada de lo que había sido tradicionalmente en el Popular con la presencia de nuevos accionistas extranjeros, en especial los mexicanos".

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