El juicio por la salida a bolsa de Bankia comenzará el 26 de noviembre

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decretado este viernes la apertura de juicio oral contra el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, su exvicepresidente, José Luis Olivas, y una treintena de antiguos directivos de la entidad por presunta estafa a los inversores y falsedad en las cuentas presentadas para la salida a Bolsa realizada en 2011. También se acusa a dos personas jurídicas, BFA-Bankia y la auditora Deloitte.

Se trata del paso final a la instrucción que condujo durante años el juez Fernando Andreu que consideró probado que los administradores de Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas que no reflejaban la verdadera situación de la entidad en el momento de su salida a Bolsa. La Fiscalía pide penas de cinco años para Rato. Su exconsejero delegado Francisco Verdú, el exvicepresidente José Luis Olivas y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella, se enfrentan a solicitudes inferiores de prisión. No procede contra el resto que serán juzgados con la acusación popular que ejerce la CIC y otros como la CGT.

Les acusa de estafa a inversores por el dinero captado en el debut bursátil de la entidad, en julio de 2011, que menos de un año después tuvo que revisar sus cuentas arrojando un agujero de miles de millones de euros que requirió solicitar un rescate a Europa. Además, solicita para el exministro de Economía una multa de 60.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo y la actividad bancaria durante el tiempo de la condena.

El juicio será maratoniano, y se prevé que se celebre en sesiones de mañana hasta junio de 2019. Cerca de ochenta sesiones en las que volverán a revisar la actuación de la exdirectivca de la entidad que nació de la fusión de siete cajas. Además, pide que declaren como testigos el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que declaró en calidad de investigado en la fase de instrucción,el resto de técnicos del organismo que declararon durante esa fase y el actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

El folleto era "incompleto"

Según el relato del fiscal Alejandro Luzón el folleto de la salida a Bolsa era "incompleto" por la ausencia de unas cuentas anuales de Bankia, y "deficiente, pues no reflejaba de manera adecuada la imagen fiel del patrimonio de la entidad". En este sentido, asegura que el documento que se entregó a quienes acudieron a la operación "arrastraba controvertidos criterios contables" adquiridos previamente por algunas de la cajas, entre ellas Caja Madrid y Bancaja, que protagonizaron las mayores críticas en los informes aportados a la causa por los peritos judiciales.

Anticorrupción, que no acusa a ninguno de los procesados del delito de falsedad contable, matiza que las cuentas del grupo BFA-Bankia no pueden calificarse "materialmente de falsas en la medida en que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del regulador", el cual llegó a autorizar "expresamente" algunas decisiones que "no contribuyeron a que la imagen luciera adecuadamente".

De este modo, considera que el principal problema del grupo no era el "forzado acomodo" a una "elástica" normativa, sino la rentabilidad, al tratarse de un grupo con activos "poco rentables" y pasivos de alto coste, que generaba "pérdidas recurrentes muy importantes". Con el apoyo de los inversores mayoristas, a los que Bankia atrajo mediante la refinanciación de créditos, sostiene la Fiscalía, se consiguió sacar adelante una operación en la que los minoristas asumieron un riesgo "extraordinariamente superior" a la que conlleva siempre un movimiento bursátil, "merced a una información que no les advertía de los riesgos al socaire de una ficticia apariencia de credibilidad y solvencia".

Las advertencias del folleto, considera el fiscal, estaban más pensadas para proteger al emisor ante eventuales futuras reclamaciones que al inversor, "especialmente al minorista", incapaz de asumir semejante lista de riesgos, "algunos de enorme complejidad", lo que acabó dibujando un riesgo "remoto" e inconcreto.

Sobre la rebaja del precio inicial de las acciones, en opinión de Luzón, además de evidenciar los deterioros que "no lucían plenamente" en la contabilidad, determinó "automáticamente" la inviabilidad e insolvencia de BFA. En este sentido, insiste en que el descuento del 74% llevaba implícito "lo que se quería evitar", esto es, el incumplimiento por parte de la entidad del coeficiente de solvencia, circunstancia que determinó que apenas meses después el FROB entrara en el capital de Bankia.