omitió gastos por importe de 64.654 euros

La Guardia Civil apunta que la interventora de la Generalitat ocultó facturas

Solicita al juez que ordene la "entrega inmediata" de todos los gastos relacionados con el desplazamiento de observadores del 1 de octubre

Foto: Votaciones durante el 1-O. (EFE)
Votaciones durante el 1-O. (EFE)

La Guardia Civil ha reclamado al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona la entrega inmediata por parte de la Intervención General de la Generalitat de facturas relacionadas con el referéndum del 1 de octubre hasta ahora no facilitadas. La solicitud se ha realizado después de que los agentes hayan comprobado que no se remitieron facturas vinculadas con el organismo de promoción internacional, Diplocat, y relacionadas en concreto con el pago de gastos de los observadores que se desplazaron a Cataluña para los comicios declarados ilegales.

El Instituto Armado reprocha a la interventora Rosa Vidal que no participara "de manera clarificadora" en respuesta a varias de las cuestiones que se le plantearon y a las que respondió de forma genérica sin determinar si las actividades financiadas estuvieron o no dotadas con partidas presupuestarias públicas. En la respuesta que aportó, especificó que el Departamento de Asuntos Exteriores había dotado al Diplocat de 1,5 millones para financiar sus gastos de funcionamiento y especificó que no disponía de "toda la información" sobre el destino de estos fondos.

La partida sospechosa, identificada con el número D/442723000/2310, afecta a actos directamente relacionados con la financiación de la presencia de expertos durante los comicios, que según los cálculos de los investigadores superó los 300.000 euros. No obstante, las facturas de la Intervención omitían una actividad por importe de 64.654 euros.

Para seguir el rastro de estos gastos ocultos, la Guardia Civil ha tenido que acudir al sistema de recepción de facturas electrónicas de la Generalitat donde ha descubierto importes hasta el momento desconocidos. Incluye varios de ellos a modo de ejemplo en el informe. Los indicios recabados le llevan a solicitar al juez que ordene a la Intervención que haga "entrega inmediata" de todas las facturas que aparecen en esas actividades.

También quiere conocer a qué partidas presupuestarias se repercutieron todas ellas y por qué importe total. Aclara que si no se vincularon a ningún gasto público, la Generalitat deberá aclarar "cómo y de dónde se pagaron y qué papel desarrolló la Intervención para con esas facturas". También los motivos por los que "no se hace ninguna mención a ellas en su primer informe en contestación al mandamiento que se efectuó en septiembre".

Los agentes están también desconcertados ante una duplicidad en la numeración de las partidas. La ya citada D/442723000/2310 figura en los presupuestos de dos organismos diferentes: el Diplocat y el Departamento de Relaciones Exteriores.

La interventora, imputada

El pasado junio, el juez que instruye esta causa sobre las estructuras para la independencia, estrechamente vinculada al 1-O, incluyó como investigada a la interventora Vidal, la persona que certificó que el Govern no había gastado ni un euro en el 1-O. El magistrado entendió que ha tratado de "impedir" que se conozca el coste público de la consulta.

Según el magistrado, la interventora "debería haber facilitado un listado comprensivo de los donantes y contribuyentes con sus respectivas cuantías"

La imputación se produjo después de que contestara a varios requerimientos remitidos por Hacienda que en ningún departamento constaban gastos de preparación o ejecución del referéndum, una afirmación que para el magistrado es contraria a "las más elementales reglas de la lógica". En opinión del magistrado, la interventora "debería haber facilitado un listado comprensivo de los donantes y contribuyentes con sus respectivas cuantías".

"Es por ello que no habiéndose facilitado ninguna información justificativa de los gastos generados por la consulta, antes al contrario tratando de impedir el conocimiento de la misma y ante la existencia de evidencias sobre la realidad y del gasto y la utilización de fondos públicos, deba acudirse a otros medios de investigación", sostenía el juez en su auto.

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