El Supremo avala la intervención reforzada de las cuentas de la Generalitat

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha deliberado esta mañana los dos recursos contencioso-administrativos presentados por la Generalitat de Cataluña contra el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 15 de septiembre de 2017, y la Orden del Ministerio de Hacienda, de 20 de septiembre de 2017, por los que se acordó la no disponibilidad de créditos presupuestarios de dicha comunidad autónoma.

Por unanimidad, los magistrados del alto tribunal han decidido desestimar los argumentos del Govern contra este control reforzado de las cuentas que impulsó el exministro popular Cristobal Montoro y fue levantado en parte tras la llegada al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Las medidas fueron adoptadas en los días previsos al 1 de octubre y estaban destinadas a cortar la liquidez de la Generalitat ante el desafío soberanista del Parlament.

El acuerdo propició que el Estado se hiciera cargo directamente de la mayor parte de los pagos para garantizar así que no se destinan a financiar el referéndum. El Gobierno central pasó de este modo a controlar directamente todos los gastos destinados a financiar los servicios públicos básicos: sanidad, educación, dependencia, seguridad, etc. y también a pagar las nóminas de los trabajadores públicos.

La orden ministerial firmada por Montoro unos días después fue la ejecución de esta limitación extendida del gasto. El Acuerdo de No Disponibilidad, con fecha de 20 de septiembre, cortó todos los pagos de la Generalitat que no fueran destinados a financiar lo más básico. El propio ministro firmó este Acuerdo de No Disponibilidad por el que la Generalitat perdió 4.500 millones de euros procedentes del sistema de financiación autonómica o cualquier otra transferencia de una Administración a la comunidad autónoma.

La Generalitat trató de frenar las medida con un recurso ante el Tribunal Supremo en el que se solicitó la aplicación de medidas cautelares que fueron rechazadas en un intento de disponer de todo su presupuesto hasta el referéndum. El 'vicepresident' económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, opinó sobre la cuestión antes de su ingreso en prisión y defendió que no no cumplía la legislación, ya que utiliza la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera para conseguir "objetivos políticos".