Junqueras desafía al Supremo: asegura que la intervención no entrará en vigor

El vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras (ERC), ha defendido que al haber admitido a trámite hoy el Tribunal Supremo (TS) el recurso presentado por la conselleria de Economía, la propia admisión tiene carácter suspensivo, un criterio que no comparte el alto tribunal, tal y como ya ha explicado El Confidencial. Junqueras asegura que la jurisprudencia existente avala el criterio de la Generalitat. Sin embargo es el propio TS el que interpreta dicha jurisprudencia, no el vicepresidente catalán.

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Marcos Lamelas. Barcelona

El TS ya ha dicho que no hay suspensión de la orden, diga lo que diga la Generalitat. Junqueras ha argumentado, según ha develado hoy en la rueda de prensa de los martes, tras el Consell Executiu, que para que la orden sea suspendida hace falta que lo diga un juez y que ningún tribunal se ha pronunciado al respecto.

Pero como la orden ministerial se apoya en la Ley de Estabilidad financiera que, por cierto, en su día fue votada por CiU en el Congreso, dicho pronunciamiento judicial no resulta preceptivo, tal y como establece dicha norma. En resumen, en dos o tres días Junqueras se encontrará con la realidad, y el Gobierno central tomará control de las finanzas públicas de la Generalitat.

Ante esta diferencia de criterio Junqueras ha optado por poner a los bancos en la primera línea de fuego por la intervención de las finanzas autonómicas que ha planteado el Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro en la orden ministerial publicada por el BOE este fin de semana. Por ello se van a dirigir a las entidades financieras por la vía administrativa y notarial para recomendarles cumplir con sus obligaciones.

Junqueras presiona a las entidades con el requerimiento notarial, igual que los bancos fueron notificados ayer por el Ministerio de Hacienda para congelar los fondos y controlar las tarjetas de crédito en manos de altos cargos. La tesorería de la Generalitat está gestionada por el BBVA y La Caixa, que ganaron este servicio en concurso público.

“Nos dirigiremos a los bancos por vía administrativa y notarial para recordarles sus obligaciones”, ha manifestado hoy Junqueras para quien no es que se dude de la posición del Supremo sino que se hace “para reforzar y acompañar a las entidades en el cumplimiento de la legalidad”.

La intervención de Hacienda actúa en dos líneas. Por una lado veta la entrada de los adelantos provenientes del sistema de financiación autonómica, 1.400 millones. Por otro aplica un control de pagos sobre lo que la Generalitat tiene en caja. Fuentes financieras han cifrado la tesorería disponible de la Generalitat en este momento en más de 1.000 millones. Con la intervención de Hacienda, la Generalitat no podrá disponer ni de la primera, que será retenida por Hacienda; ni de la segunda, sobre la que se aplica un control de pagos previo a la intervención de la Generalitat. La administración catalana, por tanto, se queda sin fondos. Y Junqueras sin poder operativo sobre todo el aparato administrativo de su conselleria, en la que toda la responsabilidad quedará en manos de la interventora general.

El fondo de la cuestión

Mientras que en el tema de las cautelares el vicepresidente catalán lo tiene perdido en el fondo de la cuestión es muy posible que Junqueras y la Generalitat tengan toda la razón jurídica de su parte. Como ha explicado hoy en la rueda de prensa “hemos hecho una gestión ejemplar. Hemos reducido el 85% de todo el déficit que ha reducido toda la administración española. No hay razones legales y efectiva. Sólo se quiere castigar al conjunto de los ciudadanos de Cataluña por la convocatoria del referéndum”.

“El Estado español tiene una situación de expediente abierto en la UE por exceso de déficit. En cambio nosotros hemos reducido el déficit y el Estado español no. No es una cuestión de estabilidad financiera”, ha argumentado Oriol Junqueras.

Seguir con el referéndum

Por otra parte tanto Junqueras como el portavoz Jordi Turull se han mostrado convencidos de que el referéndum del 1-O se celebrará tal y como esta previsto pese a la presión legal y policial del Gobierno. Sin embargo, igual que en pasadas semanas, no han dado ningún detalla de cómo se desplegarán los mecanismos para llevar a cabo la consulta.