Sánchez tendrá que ganarse por separado el apoyo a los PGE de En Marea y En Comú

El Gobierno iniciará la próxima semana dos nuevas rondas de contactos, al margen de las que mantiene con Unidos Podemos, para sumar apoyos a los Presupuestos Generales del Estado. Estas negociaciones bilaterales se llevarán a cabo con las confluencias gallega y catalana integradas en el grupo confederal, En Marea y En Comú, respectivamente, que cuentan con autonomía de voto y pondrán sobre la mesa del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez una serie de exigencias propias para determinar si apoyan o no las cuentas para el próximo año.

Los diputados gallegos de En Marea se reunirán el próximo martes con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, para presentarle y demandar el desarrollo de una 'Agenda gallega del cambio', que condensaría, según han manifestado, "los consensos de la ciudadanía y las instituciones de Galicia". Entre ellos, destaca el reinicio del traspaso de competencias del Gobierno central a la Xunta de Galicia, paralizado desde 2008, comenzando por la AP-9, que ya solicitó el Parlamento gallego y vetó el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

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Paliar el "déficit de infraestructuras", principalmente ferroviarias, y el descenso de las inversiones será otra de sus reivindicaciones. Asimismo, se solicitará revisar la prórroga de 60 años otorgada a la celulosa Ence, instalada en la ría de Pontevedra, por considerarla "ilegal" y perjudicial tanto para el medioambiente como para la actividad marisquera y turística de la zona. Otras de las prioridades serán la condonación de deuda a los puertos gallegos y que Galicia tenga presencia en las negociaciones con la Unión Europea. En definitiva, "acuerdos favorables a Galicia como país" que los representantes de En Marea en el Congreso consideran "factibles". Cuestiones todas ellas que determinarán el apoyo de En Marea a los Presupuestos.

Demandas presupuestarias específicas

En Comú Podem también mantendrá un encuentro la próxima semana con la ministra Batet, después de haber abierto conversaciones informales, con el objetivo de "abordar demandas presupuestarias específicas y también otras cuestiones que hacen referencia al conflicto catalán", según recalcaba su portavoz, Lucía Martín. “Somos la primera fuerza catalana en el Congreso y tenemos la responsabilidad de mejorar la vida de la ciudadanía”, añadía.

Lucía Martín, portavoz de En Comú Podem: “Somos la primera fuerza catalana en el Congreso y tenemos esa responsabilidad"

Los 'comuns' han fijado cinco acuerdos prioritarios para dar su apoyo a las cuentas: "pinchar la burbuja del alquiler", a través de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y triplicando la inversión para crear un parque público de alquiler; hacer cumplir las "promesas de una década perdida de bipartidismo en infraestructuras y recuperar la inversión en transporte para poder bajar el precio del billete"; hacer cumplir también la Ley de Dependencia y que el Gobierno asuma "la mitad del coste de los servicios y ayudas a las personas dependientes"; derogar el "decreto de exclusión universitaria del PP y CDC", y, por último, transferir el dinero del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que corresponde a los ayuntamientos.

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Desde la confluencia catalana, defienden su posición de fuerza por ser la formación que más escaños obtuvo en Cataluña en las últimas elecciones generales. Asimismo, se muestran optimistas en llegar a un acuerdo porque “el PSOE se ha mostrado favorable a muchas de las medidas que pedimos cuando estaba en la oposición, así que confiamos en que no haya problema en llevarlas a cabo”. De hecho, el diputado de los 'comuns' Joan Mena destacaba: “Ya tenemos acuerdos avanzados en ámbitos como los de las pensiones, educación, la sanidad pública o la dependencia”.

Antes de ver a Moscovici

Esta misma semana, Unidos Podemos presentaba públicamente un documento base para cerrar un acuerdo con el Gobierno de cara a los PGE. El objetivo es acelerar las negociaciones para tener un acuerdo cerrado entre la primera y la segunda semana de octubre, antes de que el presidente, Pedro Sánchez, acuda a Bruselas a presentar las cuentas al comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Entre las principales novedades que se plasman en el documento, destaca la introducción de un sistema de límites máximos y progresividad en el precio de la luz, creación de una 'tarifa familiar' para las primeras residencias, implantar el 'modelo Merkel' para regular los alquileres o subir el SMI a 1.000 euros en 2019. Todas las medidas propuestas necesitarían una recaudación adicional cifrada en unos 10.500 millones de euros.

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Aunque en cuestiones de fiscalidad es el Ejecutivo quien lleva la iniciativa, desde Unidos Podemos se ha propuesto para financiar estos Presupuestos expansionistas la aplicación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, con el que se recaudarían 1.500 millones de euros; la implantación de una tasa a las grandes empresas digitales (con la que se calcula una recaudación en torno a 1.200 millones de euros al año); aumentar el tipo del IRPF para rentas superiores a 120.000 euros anuales; incrementar la lucha contra el fraude fiscal, e implantar un impuesto específico a la banca o gravar las transacciones financieras.

Los Presupuestos, prueba de fuego

Al Ejecutivo, con tan solo 84 diputados en el Congreso, ni siquiera le bastará con el apoyo de Podemos y sus confluencias para sacar adelante los Presupuestos. Tendrá que contar también con el resto de sus socios en la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Esto es, con las formaciones independentistas catalanas, ERC y PDeCAT, el PNV y Compromís. Los PGE serán la prueba de fuego que permitirá al Gobierno socialista consumar la legislatura, como pretende, hasta 2020, o bien tener que pulsar el botón rojo de la convocatoria de elecciones generales anticipadas.