un total de 10.500 millones

Iglesias no descarta un pacto en los PGE con la senda de déficit del PP si se recauda más

Para ello el partido ha propuesto nuevas medidas fiscales para subir la recaudación. "No estamos pidiendo la Luna, sino que la justicia fiscal se acerque a la media europea", afirma Iglesias

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias (i), durante un reciente encuentro en la Moncloa. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias (i), durante un reciente encuentro en la Moncloa. (EFE)

El bloqueo de la Mesa del Congreso al atajo legal impulsado por los socialistas para despojar al Senado de su poder de veto a la senda de déficit podría suponer un golpe en las negociaciones entre el PSOE y Unidos Podemos para aprobar los Presupuestos, que se traduciría en 1.200 millones menos de inversión pública para el Estado (los otros 4.800 millones se distribuyen entre la Seguridad Social y las comunidades autónomas). Sin embargo, desde la formación liderada por Pablo Iglesias no descartan llegar a un pacto presupuestario con el Gobierno de Pedro Sánchez aun con la anterior senda de déficit del PP, siempre y cuando se cierre un acuerdo global en medidas sociales y en fiscalidad para financiarlas.

Para ello, la formación ha puesto sobre la mesa medidas fiscales que permitirían una mayor recaudación. "No estamos pidiendo la Luna, sino que la justicia fiscal se acerque a la media europea", afirmaba Pablo Iglesias durante la presentación del documento base para un acuerdo presupuestario: 'Presupuestos con la gente dentro. Democracia es Estado social'. Medidas como la aplicación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Se trata de un gravamen de un 1% calculado sobre el patrimonio de aquellas personas que tengan más de 10 millones de euros de patrimonio. La aplicación de este impuesto conllevaría una recaudación estimada superior a la inversión estatal que supondría regresar a la senda de déficit del PP: 1.500 millones de euros.

Otras de las propuestas fiscales pasan por implantar una tasa a las grandes empresas digitales, con lo que se recaudaría en torno a 1.200 millones de euros al año, aumentar el tipo del IRPF para rentas superiores a 120.000 euros al año, incrementar la lucha contra el fraude fiscal, implantar un impuesto específico a la banca o gravar las transacciones financieras, tanto la compraventa de acciones con un 0,2% como los derivados con un 0,02%. Se trataría de un total de 10.500 millones más de recaudación.

Desde la formación, reconocen la dificultad añadida de negociar los Presupuestos con la anterior senda del déficit, pero la consigna es llegar a un acuerdo global que, si es satisfactorio, no impedirá el apoyo de Unidos Podemos a los Presupuestos Generales del Estado. Con todo, confían todavía en que no haya que retomar la senda de déficit del PP, que conlleva cinco décimas menos de gasto que la negociada por el PSOE con Bruselas. "La mayoría parlamentaria no va a consentir la utilización de técnicas ilegítimas" para eliminar el poder de veto del Senado a la senda de déficit.

La hoja de ruta presupuestaria hecha pública esta tarde por Unidos Podemos y sus confluencias ha sido calificada por la coportavoz del grupo parlamentario, Ione Belarra, como de sentido común y alejada de un programa de máximos o con líneas rojas. "No podemos dejar pasar ni una oportunidad para mejorar la vida de la gente", ha concluido, mostrándose optimista ante la posibilidad de cerrar un acuerdo presupuestario expansivo y centrado en una mayor inversión pública. "Tenemos una oportunidad de oro que no vamos a dejar escapar", replicaba Lucía Martín, portavoz de En Comú Podem. El objetivo es cerrar un acuerdo antes del próximo 15 de octubre, cuando el presidente del Gobierno acuda a presentar las cuentas al comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Entre las principales novedades que se plasman en este documento marco "para llevar a cabo, desde una perspectiva global, la negociación de los Presupuestos", destaca la creación de "una tarifa asequible para los hogares de primera residencia". Se trata de "introducir un sistema de límites máximos y progresividad en el precio que asegure que el sueldo no se nos va en pagar un servicio básico como es la energía en la primera residencia y que nadie se queda sin suministro por no llegar a atender sus facturas".

Para financiar la "tarifa familiar", se propone implementar un cargo a la "sobrerretribución" de las eléctricas, en función de los aumentos que experimente el precio de la luz, por lo que contribuirían más cuanto mayores sean los precios. En definitiva, "recuperar parte del regalo de dinero público" a las eléctricas, como "la cantidad que pagamos a muchas centrales para que mantengan disponible una capacidad muy por encima de lo que necesitamos" o "el sistema de determinación de precios, que hace que paguemos la energía al nivel de la más cara que entra en el mercado, lo que favorece mucho los beneficios de centrales hidráulicas o nucleares que están amortizadas hace años".

Otra de las prioridades que remarcan desde la formación pasa por garantizar el acceso a la vivienda, principalmente regulando los alquileres. Para ello, se propone la introducción de reformas de calado en la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), trasladar ciertas competencias al nivel municipal, crear un parque público de viviendas en alquiler o aplicación del 'modelo Merkel' de regulación de los alquileres. A estas medidas, se suman otras como que las socimis dejen ya de "tributar" al 0%, obligar a grandes tenedores a poner viviendas en el mercado y que los ayuntamientos puedan regular el precio del alquiler en áreas de mercado tensionado.

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