Podemos cierra un documento base para su pacto de legislatura con el PSOE

El acuerdo presupuestario entre PSOE y Unidos Podemos está más cerca de ratificarse. La formación liderada por Pablo Iglesias y las distintas confluencias que componen el grupo confederal harán público este lunes un documento base para un pacto de legislatura con los socialistas. Bajo el título 'Presupuestos con la gente dentro. Democracia es Estado social', el texto condensa las propuestas que Podemos todavía está acabando de perfilar con el Gobierno de Pedro Sánchez para dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Podemos tiene prisa, quiere tener un acuerdo cerrado entre la primera y la segunda semana de octubre, antes de que el presidente, Pedro Sánchez, acuda a Bruselas a presentar las cuentas al comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, y este documento trata de subir la presión y dar un último empujón a las negociaciones volviendo a retomar la iniciativa.

"El documento recopila medidas ya conocidas y añade otras propuestas con las que acabar de definir el conjunto de exigencias que Unidos Podemos le hace al Gobierno, para que el grupo confederal, en función de lo que este esté dispuesto a acordar, pueda tomar la decisión de aprobar o no los próximos Presupuestos Generales del Estado", explican fuentes de la dirección a este diario. Estas mismas fuentes apuntan la importancia del documento "para llevar a cabo, desde una perspectiva global, la negociación de los Presupuestos".

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Entre las principales exigencias que se están acabando de perfilar en las distintas mesas sectoriales de negociación y que se desarrollan en el documento, destaca un paquete de medidas para frenar los alquileres abusivos; la revalorización de las pensiones con el IPC blindada por ley; la derogación de las reformas laborales; la bajada de la cuota a los autónomos con menos ingresos; la derogación de la conocida como 'ley mordaza'; la eliminación de los delitos contra los sentimientos religiosos e injurias a la Corona del Código Penal, y la subida del salario mínimo a 1.000 euros en 2019.

Respecto al salario mínimo, el Congreso había aprobado una iniciativa legislativa de Unidos Podemos, que está paralizada al seguir en el plazo de enmiendas, en la que se proponía una subida a 800 euros mensuales en 2018 y a 950 euros en 2020. Se da por tanto un salto cualitativo en el documento, convirtiendo en urgente esta medida y evitando que la subida sea escalonada.

Podemos también está planteando al PSOE en las mesas de negociación, como se recoge en el documento, iniciar la transición energética y frenar "la estafa de la factura de la luz". Para ello, se propone "crear una tarifa asequible para los hogares de primera residencia". Se trata de "introducir un sistema de límites máximos y progresividad en el precio que asegure que el sueldo no se nos va en pagar un servicio básico como es la energía en la primera residencia y que nadie se queda sin suministro por no llegar a atender sus facturas", explican fuentes del partido.

Límites a la factura de la luz

Al mismo tiempo, "y para que todo el mundo que tenga derecho a ello se pueda aprovechar de esta medida, hay que ofrecer a los consumidores que estén en el mercado libre pasarelas para volver al mercado regulado, donde estarán más protegidos", añaden estas mismas fuentes. "Hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha reconocido la agresividad y la confusión que reinan en las prácticas de las eléctricas para pasar clientes del mercado protegido al libre", concluyen.

La tarifa familiar pretende "asegurar que el sueldo no se nos va en pagar un servicio básico como es la energía en la primera residencia"

Para financiar la "tarifa familiar", se propone implementar un cargo a la "sobrerretribución" de las eléctricas, en función de los aumentos que experimente el precio de la luz, por lo que contribuirían más cuanto mayores sean los precios. En definitiva, "recuperar parte del regalo de dinero público" a las eléctricas, como "la cantidad que pagamos a muchas centrales para que mantengan disponible una capacidad muy por encima de lo que necesitamos" o "el sistema de determinación de precios, que hace que paguemos la energía al nivel de la más cara que entra en el mercado, lo que favorece mucho los beneficios de centrales hidráulicas o nucleares que están amortizadas hace años".

La problemática de las salas de apuestas también se intentará abordar, en primer lugar regulando la publicidad. Algo así como equipararlas al tabaco, según ejemplifica una fuente cercana a las negociaciones. Otra de las principales prioridades de la formación pasa por garantizar el acceso a la vivienda, principalmente regulando los alquileres. Se trata de introducir reformas de calado en la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), trasladar ciertas competencias al nivel municipal, crear un parque público de viviendas en alquiler o aplicación del 'modelo Merkel' de regulación de los alquileres. A estas medidas se suman otras como que las socimis dejen ya de "tributar" al 0%, obligar a grandes tenedores a poner viviendas en el mercado y que los ayuntamientos puedan regular el precio del alquiler en áreas de mercado tensionado.

La política fiscal, en manos del Gobierno

El documento, que será presentado este lunes por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y portavoces de las formaciones aliadas (En Marea, En Comú Podem e Izquierda Unida), hace un énfasis mucho mayor en las cuestiones sociales que en las fiscales. De hecho, un acuerdo tácito entre Sánchez e Iglesias tras reunirse en La Moncloa fue el de que Podemos perfilase las medidas sociales y el Gobierno buscase las vías impositivas para garantizar la recaudación necesaria de cara a financiar dichas medidas. Eso sí, siempre que la presión fiscal se oriente hacia las "élites privilegiadas" y no a las clases trabajadoras. A estas últimas, incluso se les rebajaría la presión fiscal, como serían las cuotas de los autónomos con menos ingresos o el IVA a los productos de primera necesidad.

La política económica quedará así en manos de los socialistas. Con todo, Podemos quiere arrancarle a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, el compromiso de gravar las transacciones financieras, tanto la compraventa de acciones como de derivados, con lo que se calcula que se ingresarían 400 millones de euros más, o modificar el impuesto sobre sociedades para gravar los dividendos de las grandes empresas internacionalizadas. En el capítulo de impuestos, los responsables económicos del PSOE y Unidos Podemos ya han acordado establecer un tipo efectivo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades —actualmente pagan un 7,3% de su resultado contable— y subir el IRPF a quienes cobran más de 10.000 euros al mes. Esto es, con rentas superiores a los 140.000 euros anuales.