Podemos pedirá al Gobierno subir el IBI a pisos vacíos y 'regulación Merkel' del alquiler

La burbuja del alquiler se está extendiendo por todas las ciudades españolas con una onda expansiva que genera ya estragos en las economías domésticas y la expulsión de grandes capas de la población hacia las periferias, donde se produce un efecto embudo. Un fenómeno descontrolado que se ha colado en el centro de la agenda política del Gobierno socialista y sus potenciales socios parlamentarios, Unidos Podemos, con el fin de ponerle coto. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, acordaron convertir la lucha contra la desorbitada subida del precio de los alquileres en una prioridad, creando una mesa específica de vivienda en las negociaciones que mantienen para pactar los Presupuestos Generales del Estado.

Podemos llevará un paquete de medidas urgentes a la primera reunión de la mesa que pasan por reformas de calado en la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos), traslado de ciertas competencias al nivel municipal, creación de un parque público de viviendas en alquiler o aplicación del 'modelo Merkel' de regulación de los alquileres. Medidas que se suman a las trasladadas por el propio Pablo Iglesias al líder del Ejecutivo durante la sesión de control de este miércoles: que las socimis dejen ya de "tributar" al 0%, obligar a grandes tenedores a poner viviendas en el mercado y que los ayuntamientos puedan regular el precio del alquiler en áreas de mercado tensionado. Sánchez, por su parte, se comprometió a prohibir por ley la venta de vivienda pública a fondos buitre, anunciando asimismo que la Abogacía General del Estado se personará como acusación particular en el proceso penal abierto por la venta de 5.000 viviendas en Madrid a un fondo de inversión.

En su mayoría, se tratará de propuestas que "el PSOE ya ha votado con nosotros" en el Congreso, explica Lucía Martín, diputada de En Comú Podem que forma parte del equipo negociador del grupo confederal en materia de vivienda. Es por ello que de entrada no se muestra especialmente pesimista, al entender que también existe una mayoría parlamentaria para "cambiar las cosas". Por lo general, no se trata de medidas rupturistas, ni siquiera innovadoras, y se pone como ejemplo a seguir el modelo alemán de intervención implantado por el Gobierno de Angela Merkel en 2015, para trasladar a España su aplicación introduciendo matices en las excepciones.

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Todo ello habida cuenta de que, como matiza Martín, en España la vivienda social se limita al 3% del total y en Alemania asciende al 25%. Esta intervención en el precio de los alquileres, según añade, tendrá el objetivo de que la vivienda pueda seguir siendo un producto rentable para los propietarios pero evitando que sea el principal producto de inversión para los grandes especuladores, al tratarse de un bien de primera necesidad. Obligar por tanto a los grandes tenedores a sacar al mercado sus viviendas vacías y trasladar a los ayuntamientos la competencia necesaria para poder subir el IBI —que ya se encargan de recaudar— a quien posea varios pisos fuera del mercado.

Se trata de crear una "herramienta", según la define la diputada de los 'comuns', que en todo caso dejaría en manos de las diferentes comunidades autónomas la decisión de utilizarla o no. "La idea no es que se tenga que aplicar en todo el Estado. En Cataluña o en la Comunidad Valenciana ya lo están pidiendo, pero en otros lugares no, por lo que cada comunidad autónoma podrá decidir según su competencia en vivienda".

Pisos públicos en alquiler

La creación de un parque público de vivienda en alquiler para acercar España a los porcentajes existentes en países de su entorno es otra de las propuestas que priorizará en las negociaciones Unidos Podemos. Las fórmulas a las que recurrir para incrementar este parque de pisos pueden ser varias, según defienden desde el grupo confederal.

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Estas irían desde obligar a fondos a colocar sus pisos en alquiler, a través de penalizaciones impositivas, hasta comprar carteras de pisos a bancos que se los están vendiendo mayoritariamente a fondos de inversión a precios por debajo del precio de mercado. A lo que sí se oponen frontalmente es a subvencionar la reforma de pisos a fondos buitre para que los pongan en alquiler, un globo sonda que salió del Ministerio de Fomento pero que posteriormente fue rectificado. Se trataría de soluciones para momentos determinados que se suman a la posibilidad de construir vivienda social nueva, dependiendo del lugar. Propuestas que en cualquier caso requieren tiempo y, sobre todo, dinero, por lo que serán imprescindibles otros acuerdos en fiscalidad que se están negociando con el Ministerio de Hacienda.