Guerra entre okupas y vecinos en los pisos de la crisis: "Hemos tenido que hacer un muro"

El edificio es un búnker. Se han cambiado las cerraduras de las puertas comunes y se controla quién tiene llave. Hay un muro en mitad de la escalera que conecta uno de los portales con el garaje común. Los vecinos comprueban a diario, en una especie ya de obsesión, que sus contadores de luz, gas y agua no han sido manipulados. Han llegado a atrancar viviendas vacías para que nadie eche la puerta abajo.

Es la guerra por la subsistencia entre los pocos propietarios de un bloque a medio vender en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) y los okupas que han colonizado parte de los pisos vacíos. Los vecinos aseguran que ya no pueden más y piden ayuda urgente. Los okupas amenazan con apalear a quien se atreva a cruzar su portal. Son los efectos colaterales del nuevo objetivo de la ocupación: conquistar la obra nueva que quedó sin vender por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

TE PUEDE INTERESAR

Buscando casa en el Bronx de Madrid: diez pisos en un edificio y ocho están okupados

Ángel Villarino Alfredo Pascual

Según la tasadora Tinsa, en España hay 340.000 viviendas vacías a estrenar, buena parte de ellas en grandes promociones de barrios residenciales. Portales enteros, incluso edificios, listos para entrar a vivir, con parqué, grifería y radiadores que llevan años acumulando polvo. El edificio Infanta Leonor de Peñaranda de Bracamonte es uno de los lugares donde el conflicto está más avanzado. Un desarrollo de 128 viviendas donde solo se vendieron 50. Las otras 78 quedaron vacías.

Una parte se ha ido arrendando con contratos irregulares y al menos nueve de ellas han sido ocupadas. En concreto todas las del portal 8, el bloque que los propietarios han tenido que aislar con muros y cerraduras para evitar que los inquilinos, unas 80 personas hacinadas, casi todas temporeros de la campaña de recogida de la patata, se enganchen a los suministros comunitarios.

"Esta situación está llegando al límite y esto es insufrible. Necesitamos el apoyo de todos los vecinos de Peñaranda para concentrarnos en el edificio y que vean que este pueblo no está dispuesto a aguantar delincuentes que hacen lo que les viene en gana", clamó Víctor Nieto, uno de los propietarios, días atrás en las redes sociales. En pocas horas obtuvo 3.000 apoyos para organizar una manifestación en el pueblo o tomar cualquier medida. "Hacen lo que les viene en gana. Destrozan todo, no saben convivir en comunidad, tienen todo lleno de 'mierda', tanto las aceras como los contenedores, y usan el descampado al lado del edificio como su baño particular", proseguía la denuncia.

Esta situación está llegando al límite y esto es insufrible. Necesitamos el apoyo de todos los vecinos de Peñaranda

La tragedia de estas 50 familia comenzó en 2011, justo el día en que firmaron la hipoteca de sus casas, cuyo precio de compra osciló entre 80.000 y los 140.000 euros. Ante la falta de demanda, la promotra Martín y Vlican desapareció del mapa, dejando a los pocos propietarios a cargo de los gastos comunitarios. Una situación que a los dos años se tornó insostenible. Facturas de 7.000 euros de gas de un portal a repartir entre dos vecinos, más luego alumbrado, servicios de limpieza y otros extras.

"Era imposible hacernos cargo de todo el edificio entre 50 vecinos, las derramas eran enormes. Hasta que un día dejamos de pagar para no arruinarnos. Hoy nos reclaman judicialmente unos 100.000 euros entre Iberdrola y otros proveedores, ya que no dan con el promotor. Por eso la llegada el año pasado de los okupas nos afecta tanto, porque nos generan gastos que no podemos asumir. Lo primero que hicieron fue reventar la puerta de los contadores y engancharse a la luz. Así estuvimos 20 días hasta que vino la Guardia Civil. Hoy tienen luz porque el consumo se lo da una de las viviendas, que creemos que es quien está subalquilando todo el portal", resume Nieto.

Los 'okupas' nos generan gastos que no podemos asumir. Lo primero que hicieron fue reventar la puerta de los contadores

El portal de la discordia permanece casi vacío durante el día. Solo algunas mujeres y niños a medio vestir se asoman a las ventanas furtivamente. En el rellano de la escalera no aparece nadie. Es al anochecer cuando, aseguran los vecinos, comienza el bullicio. Los hombres regresan de su jornada en la recogida de la patata o en la venta ambulante y "arman jaleo hasta la medianoche".

"Mira cómo lo tienen todo de asqueroso, hay botellas de cerveza tiradas, los niños han roto la fuente de tanto subirse a jugar, hay cacas de perro, han reventado la puerta de la sala de contadores y ya dentro de su portal no sabemos porque no nos atrevemos a subir", afirma Mateo Pescador. A lo que otra vecina apostilla: "Aquí no ha habido enfrentamientos porque no nos hemos metido con ellos, pero a la que les dices algo te mandan a meterte en tus asuntos o te amenazan".

Vecinos indefensos

"Las okupaciones son un problema muy grave en España por la permisividad de las administraciones, que siempre lo han justificado de un modo u otro. Hoy estamos viendo que esas ocupaciones se transforman en organizaciones de tipo mafioso cuyo objetivo es delinquir y lucrarse a base de entrar en viviendas vacías y proporcionarlas a determinadas personas en régimen de pseudo alquiler", afirma Enrique Vendrell, vicepresidente primero del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE).

Y puntualiza: "En el allanamiento de promociones a medio vender los propietarios están incluso más indefensos porque no se afecta directamente su posesión, sino a los elementos y servicios de la finca, como el ascensor, el jardín o hasta una piscina comunitaria. Son servicios que no pueden ser atendidos económicamente porque las viviendas ocupadas no pagan esos gastos, y encima se conectan a los suministros básicos. Es una situación lamentable en la que es inútil reclamar judicialmente la cuotas comunitarias al titular, que es la empresa promotora que ha quebrado o ha hecho suspensión de pagos y no tiene recursos. Y mientras dura el procedimiento y no se esclarece de quién es la nueva titularidad, la comunidad no cobra y esa finca es ingobernable".

En el Infanta Leonor han lanzado un ultimatum: ya no hay ahorros para hacer frente a más derramas ni enganches ilegales. "Los propietarios hemos gastado miles de euros en gastos comunitarios y no podemos asumir ni uno más, cualquier destrozo que haga un okupa o un inquilino irregular es un problema grande", reconoce el vecino Melchor García.

Álvaro Peña, miembro de la firma que administra el edificio, denuncia el laberinto societario desde el que operan estas organizaciones de ocupación de obra nueva. "Tenemos una deuda cercana a los 100.000 euros, pero la promotora debe a la comunidad 130.000. Si nos pagara, lo sufragaríamos todo. El problema es que la Justicia es muy lenta y cuesta mucho dar con el titular del edificio. La empresa ha cambiado tres veces de administradror y a día de hoy no sabemos quién es". Peña sospecha que hoy el dueño es un testaferro de una sociedad opaca que gestiona viviendas ocupadas y que compró el 'paquete' del Infanta Leonor a Martín y Vlican. Ese testaferro es un ciudadano no español que regenta una tienda de limpieza de coches y que ya ha sido denunciado ante el juzgado. "Al menos, hemos conseguido que los inquilinos que están de alquiler hagan el ingreso a una cuenta del juzgado y no al propietario", subraya.

Viviendas en el limbo legal

La alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, asegura que no tiene herramientas para echar a los okupas, en un argumento que suelen emplear todos los alcaldes afectados. "Es un asunto que excede las competencias municipales. Hemos aumentado la presencia policial y estamos muy atentos a la convivencia. Acudimos cuando nos llaman los vecinos, enviamos a la trabajadora social o damos aviso a Iberdrola cuando detectamos un enganche de luz ilegal. Más no podemos hacer", asegura.

"Yo no puedo echar a nadie de una casa ni puedo desahuciar. Son los vecinos quienes deben denunciar en el juzgado cada situación irregular que vean", dice Ávila. Los propietarios, en cambio, creen que el ayuntamiento sí podría hacer más. "Hay un montón de viviendas aquí que no pagan el IBI. El ayuntamiento podría denunciar al dueño por ello y empezar a tirar por ahí del hilo para saber quién es realmente el administrador y emprender acciones judiciales. Pero el ayuntamiento no hace nada y no entendemos por qué", resumen los vecinos.

El ayuntamiento de Salamanca logró días atrás desalojar 60 viviendas ocupadas de una promoción vacía bajo la amenaza de retirar las ayudas sociales

En Salamanca, el ayuntamiento ideó una estrategia días atrás que ha resultado efectiva: amenazar a los okupas con retirarles las ayudas sociales si no abandonaban las viviendas que habían allanado. Un total de 60 pisos nuevos en el barrio de Los Alcaldes que fueron desalojados pacíficamente en tiempo récord.

"Los hechos van muy por delante de la reacción legislativa", se lamenta Vendrell. "En el Congreso hay una iniciativa de proposición de ley por la que se podría desalojar a los okupas al inicio de la demanda civil y no cuando ya hay sentencia firme al cabo de mínimo dos años como ocurre ahora. El juez podría requerir a los ocupantes que abandonen la finca a no ser que acrediten un título o contrato para estar ahí. Eso no solo devolvería la finca al propietario, sino que desalentaría a las organizaciones que se lucran de estos negocios y que ahora saben que pueden echar abajo una puerta y estar tranquilos dos años". Todos los partidos políticos menos Podemos son partidarios de esta modificación legal, que está actualmente en manos de la comisión de Justicia del Congreso.

"Esta iniciativa legislativa seguro que saldrá adelante porque las ocupaciones se están volviendo en contra de las administraciones públicas, ya que el parque público de vivienda para demandas sociales está siendo ocupado por gente que no está en las listas de solicitud. Es decir, las administraciones que toleraron todo esto son ahora las víctimas. Lo que pedimos es que el desalojo al inicio del proceso judicial no solo se pueda ejecutar en viviendas públicas, sino también en propiedades privadas", pide el vicepresidente del CGCAFE.

Mientras el tiempo pasa, los 50 propietarios del Infanta Leonor mantienen sus viviendas en venta, aunque no albergan mucha fe en que alguien les libere de su condena. "¿Quién nos va a comprar estos pisos? Yo pagué 138.000 euros y lo tengo puesto en 90.000. Si alguien me lo compra le regalo hasta los muebles. Pero todo el mundo en el pueblo y los alrededores sabe lo que hay aquí", suspira Nieto.