Garzón SA: el bufete del exmagistrado suma 14 millones de facturación en solo cinco años
El antiguo magistrado de la Audiencia Nacional no ha dejado de ampliar su nómina de clientes desde que dio el salto a la abogacía, aunque prefiere que esa faceta tenga un perfil bajo
Baltasar Garzón fue expulsado de la carrera judicial en febrero de 2012 por las escuchas ilegales del caso Gürtel, pero no tardó en reinventarse. En junio de ese mismo año creó Ilocad, un despacho de abogados que no ha dejado de crecer desde entonces. En su primer año en funcionamiento facturó 185.152 euros. En 2013 sus ingresos ya se habían disparado hasta los 2.486.667 euros. Y en 2017, el último ejercicio declarado, facturó 5.378.724 euros y ya sumaba activos por valor de 4 millones. En total ya han entrado en la caja de su despacho 14,1 millones de euros. El crecimiento del negocio ha sido meteórico, aunque Garzón prefiere seguir cultivando en público su imagen de defensor de causas imposibles.
Algunos de sus trabajos están en las antípodas de la figura que proyecta. Entre los primeros encargos que recibió tras abandonar su despacho en la Audiencia Nacional figura un servicio de consultoría para un cliente de la Banca Privada de Andorra (BPA) que se vio implicado en un caso de blanqueo de capitales. Garzón le prestó ese servicio entre diciembre de 2012 y febrero de 2013. El procedimiento estaba relacionado con la decisión de la justicia del Principado de bloquear los 200 millones de dólares que tenía en la entidad el empresario venezolano Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, el superministro del Petróleo de Hugo Chávez.
BPA fue finalmente intervenida en 2015 por el Gobierno andorrano, tras la decisión del FinCen de Estados Unidos de abrir una investigación contra la entidad por su presunta colaboración en el lavado de dinero de jerarcas venezolanos y capos de las mafias rusa y china. Uno de los capos con cuentas en el banco era Andrei Petrov, detenido en 2013 en Lloret de Mar en la operación Clotilde. El superior de Petrov en Moscú, un general conectado con el Kremlin, Viktor Kainikin, llegó a alojar 44,2 millones de euros en BPA. Esos fondos también están siendo investigados por la justicia del Principado. En el verano de 2015, tras la intervención de la entidad, Garzón realizó gestiones para interesarse por la situación de los depósitos relacionados con Petrov, según han confirmado fuentes jurídicas a El Confidencial.
El exmagistrado, que tiene ya 13 empleados en su bufete, también ha participado en la defensa del exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, hombre clave en las actividades de la trama Gürtel en esa región. Antes de que el juicio comenzara el pasado enero, decidió cambiar de estrategia y empezar a colaborar con la Justicia. En ese giro tuvo un papel crucial Garzón. Nadie mejor que él para asesorar a uno de los cabecillas de la red. Fue el juez que impulsó las pesquisas que desembocaron en la operación Gürtel y también el primer instructor de la causa. Un abogado próximo al exmagistrado, Manuel Olle, se sumó a la defensa de Costa antes del inicio la vista oral. Y en pleno juicio, un letrado de Ilocad, el exfiscal Juan Barallat, se sentó entre el público junto a la pareja de Costa.
El cambio de rumbo quedó patente durante el juicio. El exdirigente del PP pasó de negar las acusaciones a implicar en la financiación ilegal del partido al expresidente valenciano Francisco Camps y ofrecer nuevos detalles sobre la caja B de los papeles de Bárcenas. Tras la confesión, Garzón alabó el coraje de Costa y ensalzó su "valor y firme colaboración con la Justicia". "Más vale tarde que nunca", aseguró en el acto de presentación de su último libro, 'La indignación activa: Una mirada personal para transformar la realidad' (Planeta, 2018). Un título muy descriptivo.
Garzón cerró uno de sus últimos encargos el pasado junio, solo unos días después de que su amiga Dolores Delgado, fiscal en la Audiencia Nacional, fuera nombrada por Pedro Sánchez nueva ministra de Justicia. Como desveló El Confidencial, el antiguo juez estrella ofreció sus servicios a Sandro Rosell, en prisión desde que fue detenido en mayo de 2017 en la operación Rimet, para conseguir que lo dejaran por fin en libertad. El expresidente del FC Barcelona, que ya había visto como los jueces tumbaban una decena de peticiones de libertad, aceptó el ofrecimiento de Garzón y le dejó que asumiera la pieza de situación personal, en la que se dirimen las medidas cautelares de los investigados. Barallat llegó a acudir en junio a la Audiencia Nacional para comunicar que se había sumado a la defensa de Rosell y anticipar que en breve presentaría una nueva solicitud de libertad. Sin embargo, la instructora del caso, la jueza Carmen Lamela, acordó el 29 de junio el procesamiento del exdirigente blaugrana y las gestiones de Garzón quedaron en suspenso.
El hombre que veía amanecer tiene ahora otro frente en la Audiencia Nacional, aunque no como abogado. El juez Diego de Egea y la Fiscalía Anticorrupción investigan su participación en uno de los trabajos del comisario José Manuel Villarejo. Este habría sido contratado por el naviero Ángel Pérez-Maura para que supuestamente frenara su extradición a Guatemala, donde está siendo investigado por el pago de un presunto soborno de 30 millones de dólares al expresidente del país, Otto Pérez Molina, por la adjudicación a su empresa de la construcción y gestión en régimen de usufructo de una terminal de contenedores en el puerto de Quetzal, en la costa del Pacífico. Los investigadores han descubierto pagos de Pérez-Maura a Villarejo y de este último a Garzón. El comisario tenía numerosas anotaciones sobre el exmagistrado y también apuntó una cita con 'Dos', el nombre en clave que supuestamente utilizaba para referirse a la ministra de Justicia.
Baltasar Garzón fue expulsado de la carrera judicial en febrero de 2012 por las escuchas ilegales del caso Gürtel, pero no tardó en reinventarse. En junio de ese mismo año creó Ilocad, un despacho de abogados que no ha dejado de crecer desde entonces. En su primer año en funcionamiento facturó 185.152 euros. En 2013 sus ingresos ya se habían disparado hasta los 2.486.667 euros. Y en 2017, el último ejercicio declarado, facturó 5.378.724 euros y ya sumaba activos por valor de 4 millones. En total ya han entrado en la caja de su despacho 14,1 millones de euros. El crecimiento del negocio ha sido meteórico, aunque Garzón prefiere seguir cultivando en público su imagen de defensor de causas imposibles.
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