Un caso que va a devorar a tres jueces

Baltasar Garzón, Antonio Pedreira y Pablo Ruz son los tres jueces que a lo largo de cinco años se han atrevido a meter mano a una trama de corrupción que en un principio parecía que salpicaba a unos pocos miembros del Partido Popular y que, con el paso del tiempo y con el desarrollo de la investigación, la propia formación se ha convertido en su principal sospechosa.

Los tentáculos del caso Gürtel son tan fuertes y peligrosos que han acabado con la carrera del primer juez que lo investigó, con la salud del segundo y con la proyección profesional del tercero, con los días contados en la Audiencia Nacional. Cuando en 2009 Garzón asumió la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y fue con todas sus armas contra una trama de empresarios que se habían quedado con el monopolio de las adjudicaciones del PP madrileño no se imaginó que sus contactos e influencias –además de unas escuchas luego consideradas ilegales– acabarían con su carrera.

El 6 de febrero de ese año ordenó un gran operativo en el que cayeron varias personas, entre ellas Francisco Correa, considerado el líder de la trama, la cabeza pensante y ejecutora de todos los hechos delictivos. Pero no tardaron en salir nombres del PP como los de varios alcaldes de localidades madrileñas, un eurodiputado, algunos cargos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el propio presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, e incluso el del tesorero de la formación, Luis Bárcenas, un hombre totalmente desconocido hasta entonces para la inmensa mayoría de la población.

Aunque algo salpicado, el PP logró canalizar el foco de atención. A Correa y sus acólitos los dejaban caer y a los alcaldes como el de Boadilla del Monte o Majadahonda, también. El trabajo de puertas para dentro no se ve, pero sí los resultados. En abril de 2010, los abogados de varios imputados conseguían imputar a Garzón por sus métodos de trabajo. Habían conseguido apartarle temporalmente del Juzgado Central de Instrucción número 5 por ordenar grabar las conversaciones entre varios encarcelados y sus abogados desde la cárcel. Garzón no pudo defender esta acusación y en febrero de 2012 el Tribunal Supremo le condenó a once años de inhabilitación por prevaricación. Prueba superada. La trama se había quitado a un juez de en medio.

En ese tiempo, Garzón ya no tenía el caso, pero sí el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. En cuanto salieron a la luz aforados regionales, Garzón se inhibió a este tribunal, que empezó de cero la investigación. El nuevo instructor asumió la causa y trabajó mano a mano con las dos fiscales que llevaban el peso del caso. Pedreira estaba delicado de salud y, al poco tiempo, pudo comprobar en las dificultades que se encontraba su 'colega' por sacar el caso a la luz.

Bárcenas y su mujer, salvados por un tiempo

Es más, pocas semanas después de la imputación de Garzón, el instructor del tribunal madrileño acuerda archivar la causa respecto de Rosalía Iglesias, la mujer del tesorero del PP. Luis Bárcenas consiguió mantenerse en un segundo plano. Parecía que su imputación eran daños colaterales de la investigación, pero nadie le prestó mucha atención.

Su nombre había conseguido pasar lo suficientemente desapercibido como para que Pedreira también ordenara su desimputación sin armar jaleo. Hizo lo mismo con el senador Jesús Merino y el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote. La salud del juez cada vez iba a peor. Para la enfermedad degenerativa que sufría, este caso y las presiones sufridas no eran lo mejor. Las fiscales veían contrariadas algunas de sus decisiones y, aunque reconocido su esfuerzo, le solicitaron que abandonara la causa y se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional, una vez que los aforados regionales imputados habían dejado su escaño, algo que hizo en septiembre de 2011.

Por esas fechas, Mariano Rajoy todavía era el jefe de la oposición y vivía con cierta tranquilidad el caso, que después de dos años y medio se había desinflado en los medios de comunicación.

En ese momento, cayó en manos del joven Pablo Ruz. En junio de ese año había sido elegido por el Consejo General del Poder Judicial como la persona que sustituiría a Garzón mientras el Supremo dilucidaba si era inocente o culpable por escuchar ilegalmente a imputados y abogados.

Acababa de llegar al juzgado y estaba aterrizando cuando se devolvió la causa a su nuevo despacho. Tardó algo en arrancar, pero poco a poco fue practicando las diligencias que faltaban y citando de nuevo a alguno del centenar de imputados que había en la causa. En marzo de 2012, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional daba un revés al PP. Ordenaba que se volviera a imputar a los tres miembros de su partido que Pedreira había retirado. Aun así, había cierta calma porque parecía que las pruebas eran endebles.

Ruz, de juez cómodo a indeseado

El bombazo de las autoridades suizas, que decidieron mandar toda la información de las cuentas de Bárcenas en varios de sus bancos, cambió las reglas del juego. La posición de Ruz comenzaba a peligrar. Hasta 48 millones de euros llegó a acumular el tesorero del partido que en esos momentos estaba en el poder. Ya no era la persona que había ayudado a Correa a conseguir algún contrato. Las nuevas investigaciones apuntaban a Bárcenas como una de las personas clave del entramado. Y este no pensaba que le ocurriera lo mismo que a Correa. No iba a caer solo. En pocos días se filtró a la prensa unos papeles que reflejaban la presunta contabilidad B del PP. La guerra había comenzado y Ruz estaba en medio del fuego.

El partido político mantenía la calma con Ruz al frente. No había sobresaltos, no actuaba sin consultar a la Fiscalía y no era tan impredecible como su antecesor. Eso hasta que tomó dos decisiones que han supuesto un duro revés al Gobierno: el ingreso en prisión incondicional de Bárcenas el pasado 27 de junio y la entrada de la policía en la sede del PP en la madrileña calle Génova el pasado 19 de diciembre.

Ruz es un juez interino. La plaza del Juzgado Central de Instrucción número 5 no es suya y está en manos del CGPJ que siga allí o se vaya. El titular, Miguel Carmona, hizo una maniobra perfecta y no pretende cubrir su plaza. Mientras era vocal del órgano de los jueces se presentó como candidato para cubrir la vacante de Garzón. Sus compañeros le eligieron, en contra de las esperanzas del PP, que temía que un magistrado progresista se encargara de un caso tan complejo como Gürtel y su pieza separada de los 'papeles de Bárcenas'. Fue elegido en junio de 2012, pero hasta que no terminara el mandato del CGPJ, a finales de 2013, Ruz se quedaría de sustituto. Durante ese tiempo consiguió que el Gobierno le adjudicara un dulce destino, de juez de enlace en Londres. Allí estará dos años, hasta que se jubile.

Sin embargo, Ruz ya no es bien visto por los que mandan. El nuevo CGPJ, de mayoría conservadora, renovó a finales de diciembre por seis meses más su estancia en la Audiencia Nacional. Pero fuentes del Consejo aseguran que el tiempo de Ruz ha empezado su cuenta atrás. Están esperando a que finalice la instrucción de la pieza principal del caso Gürtel, ya en su etapa final, y una vez que procese y lo envíe a la Sala para enjuiciamiento, la carrera de este juez en la Audiencia se acaba. Tendrá que volver a su puesto de Móstoles, porque al Juzgado Central de Instrucción número 5 deberá aterrizar un nuevo titular. Él es demasiado joven, su antigüedad no lo permite.