Cargar con la violencia machista en el DNI: "No me dejan borrar el apellido de mi padre"

A Jorge* le quedan pocos recuerdos de la época en que vivió con su padre. Todo lo que guarda de él son las denuncias por violencia de género, alguna foto que conserva su madre y un par de familiares a los que ve de vez en cuando. La única herencia que tiene, además del posible parecido físico, es su apellido. Unas cuantas letras seguidas en su DNI que cada vez que las lee hacen que se imagine los moratones que le marcó a su madre. Es solo un apellido, una palabra, pero que a él le pesa como si fuera el lastre que arrastran todos los hijos de la violencia machista. Una carga que no quiere llevar y a la que el Ministerio de Justicia no le permite renunciar.

El proceso de suprimir el apellido paterno de su DNI comenzó en 2017, siendo todavía menor de edad. La madre de Jorge y su padrastro se sinceraron con él y le contaron todo lo que había pasado con su padre biológico. El maltrato, el abandono, los gritos... "Yo de algo era consciente, al fin y al cabo mi padre nunca se dignó a verme, pero cuando eres pequeño no tomas conciencia de por qué han pasado ciertas cosas", lamenta. Fue entonces cuando, al enterarse de todo, decidió que no quería llevar el apellido de una persona que no se había interesado por él y que maltrató a su madre.

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Todo el contacto que Jorge guardaba con su padre se reducía a los 286 euros de pensión que una sentencia obliga a que le pase desde 2009, cuando se le condenó por un delito de abandono de familia e impago de la manutención desde 2002. Los 286 pasaron a ser 0 en agosto de 2016, cuando su padre dejó de aportar la pensión pese a la orden del juez. "Siempre se ha desentendido de mí", cuenta Jorge.

"Tengo recuerdos muy vagos del maltrato, era muy pequeño", dice, aunque más que una imagen de aquella época, recuerda varios sonidos que le transportan a entonces. Una puerta que se cierra de golpe, un cristal que se rompe y gritos.

Con el visto bueno del juez y la Fiscalía, Jorge y su madre Carla* remitieron la solicitud a la Dirección General de Registro y Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, para comenzar con el cambio. La respuesta llegó varios meses después. Y fue negativa. Según el registro, como "no consta en los quince años transcurridos desde los hechos denunciados que se hayan producido otros de la misma naturaleza que hayan determinado la adopción de nuevas medidas cautelares" no consideran que este cambio sea necesario.

"En los últimos quince años es cierto que no hubo maltrato, pero no por un cambio en su padre, sino porque me marché a una casa de acogida con mi hijo con el fin de acabar con la violencia", explica Carla, por lo que ya no existía convivencia y, de ahí, la ausencia de medidas cautelares. Además, según el escrito remitido por el registro, se considera que en este caso suprimir el apellido no cabe apreciar que "coadyuve a preservar la integridad física de una víctima directa e inmediata de violencia de género y dificultar su localización por parte del maltratador". Otra pega más.

Una medida pactada en el Senado

La ley ampara que los hijos de víctimas de violencia de género tengan la posibilidad de suprimir el apellido paterno. Sin embargo, en los casos como el de Jorge, aquellos hijos que no hayan obtenido alguna medida cautelar de protección judicial no están dentro de los supuestos que permiten este cambio. "No entiendo que no me dejen quitarme el apellido de mi padre, maltrató a mi madre y no es justo que no me dejen borrarlo de mi vida como él ha hecho conmigo", lamenta.

Esto podría haber cambiado después de que el Senado refrendara por unanimidad el acuerdo sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, explica a este diario Ángeles Álvarez, portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad en el Congreso, ya que entre las 266 medidas que incluye el documento aprobado por la Cámara Alta se contempla el "derecho a quitarse los apellidos del maltratador si lo desean" y "posibilitar a los jóvenes el cambio de apellido".

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"El problema está en que desde la Administración en muchas ocasiones se está poniendo resistencia a actuar teniendo en cuenta este tipo de medidas", critica Álvarez. En este caso, explica, el funcionario del registro debería haber preguntado al Ministerio de Justicia cómo debía actuar. "Existe la interpretación de los dos supuestos porque no existe una orden desde Justicia, pero con las medidas refrendadas por el Senado es posible que el hijo de un maltratador suprima el apellido paterno", añade.

Sin embargo, en la respuesta del registro a Jorge solo le dan la posibilidad de invertir los apellidos y que el de su madre sea el primero.

Vuelta a empezar

Jorge volverá a solicitar al registro cambiar sus apellidos. Ahora como mayor de edad, sin que su madre le acompañe, aunque teme que la respuesta vuelva a ser la misma.

Todo este sinfín de trámites que vuelven a empezar hace que la memoria de Carla aborrezca todavía más aquellos años de maltrato. Le vienen a la cabeza sobre todo las últimas navidades que pasaron juntos: "El niño estaba llorando y su padre dijo 'a este lo voy a dormir a golpes'; me enfrenté a él". Aquel día no hubo moratones, solo gritos e insultos. Pero aquella promesa, como la mayoría, cayó en saco roto. No solo era el maltrato. Eran los trapicheos, los dudosos negocios, verlo entre rejas, los puntos de sutura que enmendaban sus puñetazos.

"Un día los vecinos oyeron follón y llamaron a la Policía", recuerda. Tras denunciarle, se lo llevaron preso porque "estaba en busca y captura por tráfico de drogas". De aquel episodio pasaron meses, Carla y Jorge vivieron en varias casas de acogida, se mudaron de ciudad y lograron rehacer su vida.

*Los protagonistas de esta historia han preferido mantener el anonimato y por eso se utilizan nombres ficticios.