Gobierno y Generalitat admiten sus "discrepancias" pero no rompen el diálogo

No había muchas esperanzas de que se cerrasen acuerdos concretos y "materiales". No los hubo. Pero para las partes, para el Gobierno central y la Generalitat de Catalunya, el encuentro era un paso adelante, aunque con distinta intensidad, eso sí, en la normalización de relaciones, por mucho que en otoño vengan curvas por la sucesión de efemérides y de la previsible aceleración soberanista, escenario ante el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez reclama "lealtad".

Este miércoles se celebraba la esperada comisión bilateral Generalitat-Estado, la primera reunión en siete años. Fue en julio de 2011, cuando José Luis Rodríguez Zapatero estaba aún en La Moncloa, cuando las dos delegaciones se vieron las caras. No hubo más 'cumbres' durante todo el mandato de Mariano Rajoy. Así que recomponer las relaciones entre los dos gobiernos, la voluntad de "normalización", era el principal propósito de Pedro Sánchez. De hecho, el único acuerdo tangible de su entrevista con el 'president', Quim Torra, hace casi un mes.

En las casi cuatro horas de reunión de las dos delegaciones —una, en representación del Gobierno central, presidida por la ministra Meritxell Batet; la otra, la contraparte catalana, capitaneada por el 'conseller' de Acción Exterior, Ernest Maragall—, se constataron las "discrepancias profundas". O cómo los conceptos de "normalidad" son bien diferentes para las dos administraciones. La Generalitat quería hablar de presos y de autodeterminación, pero se encontró contra el muro del Ejecutivo central, que no reconoce ni reconocerá ambas cuestiones. Es más, cierra por completo la puerta, y no va a cambiar su posición. Ello explica el tono más airado de Maragall a la salida de la cita. Mientras que la ministra celebraba la recuperación del diálogo, y el tono "franco" que las dos comitivas emplearon, el 'conseller' argumentaba que no podía proclamar su "satisfacción" porque no se habían producido avances en sus dos grandes inquietudes.

"La reunión ha sido correcta y se ha desarrollado en un tono de respeto institucional, pero además de franca ha sido dura", subrayó Maragall, quien lamentó la "distancia" que evidencian los planteamientos de los dos gobiernos. "Queríamos hablar de cosas que para Cataluña son muy importantes en materia de derechos", lo que incluye "los presos y los exiliados" independentistas y el ejercicio del derecho a decidir. Pero en ambas cuestiones, remarcó el 'conseller', la respuesta ha sido un "no".

La interlocución seguirá en los próximos meses, porque en esta primera reunión no hay acuerdos materiales concretos. Llegarán más tarde

Podría decirse que las dos delegaciones veían el vaso medio lleno (el Gobierno) o medio vacío (el Govern). Pero, más allá de las valoraciones concretas, sí hubo una salida clara: las dos partes continuarán dialogando en los próximos meses. Ya no en el marco de la bilateral, la de máximo rango político, sino en las comisiones y subcomisiones que se van a reabrir o crear para asuntos concretos (inversiones, transferencias, cumplimiento del Estatut, reducción de la conflictividad...). Ese es el campo de trabajo en el que quiere poner el foco el Ejecutivo de Sánchez, y en el que menos interesado está el Consell de Torra.

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J.R.

Tres comisiones mixtas y cuatro subcomisiones

Pero, pese a que no sea su marco ideal, no se levantará de la mesa. Maragall, de hecho, celebró que se pone en marcha un calendario que supone que para finales de este año se puedan materializar avances en todas esas parcelas concretas. Y no va a "renunciar" por tanto al diálogo en esas materias. El Govern ni siquiera concreta cuál es ese "margen" que concede a Sánchez. "Sería absurdo que nos fijáramos un ultimátum y unos plazos", verbalizó el 'conseller'.

El Govern advierte de que seguirá insistiendo sobre presos y derecho a decidir, pero mientras seguirá dialogando para cumplir con sus "obligaciones"

Gobierno y Generalitat, pues, acordaron que a partir de septiembre se comiencen a reunir las comisiones y subcomisiones mixtas, trabajo que solo "tendrá sentido", advirtió, Batet, si se afronta "desde la lealtad imprescindible". "Lealtad que el Gobierno tendrá" y que "no concibe" de ninguna manera que el Govern de Torra no la tenga. Los órganos que se retomarán eran los previstos: la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, la de Transferencias y la de Infrastructuras. En este último punto, la ministra expresó el compromiso del Ejecutivo de hacer un "esfuerzo" con Cataluña, porque es una manera de "reducir desigualdades" y también de "hacer política social", puesto que generan "más crecimiento" y "cohesión" del territorio.

Además, se pondrán en marcha cuatro subcomisiones técnicas. La primera estudiará los recursos contra leyes catalanas ante el Tribunal Constitucional —que en algunos casos requerirá de modificaciones de esas normas para acoplarlas a la Carta Magna, a cambio del desistimiento de la impugnación por parte del Estado—. Otra abordará la acción exterior y de la UE, otra se centrará en la colaboración y cooperación entre gobiernos y la última, la cuarta, girará en torno a infraestructuras y equipamientos.

Maragall sí reconoció la voluntad de "diálogo" del Ejecutivo central y de "respeto competencial y del autogobierno". Y el Govern estará en esas comisiones y subcomisiones "por responsabilidad institucional", porque no puede dejar de cumplir con sus obligaciones y de defender "hasta el último euro y la capacidad de decisión que esté en juego en beneficio de nuestros ciudadanos". El Ejecutivo catalán no quería proclamar su "satisfacción", pero sí remarcó que obró como tenía que hacer. "Tenemos la convicción de que hemos hecho lo que debíamos hacer, y de que hay unas discrepancias obvias y profundas, pero esto no es excusa para seguir hablando". Es decir, el Govern ha de seguir gesticulando, hablando para su parroquia secesionista, insistir en sus demandas de presos y autodeterminación —la rotunda negativa del Ejecutivo central no les "parará"—, pero al mismo tiempo ve bien mantener la cooperación y una relación normalizada con Madrid.

Dos delegaciones del máximo nivel

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, encabezó la representación del Gobierno central en la reunión de la comisión bilateral Generalitat-Estado de este 1 de agosto en Barcelona. A ella la acompañaban los secretarios de Estado de Política Territorial, Nacho Sánchez Amor; de Hacienda, Inés María Bardón, y de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, así como la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, fue reemplazado por su número dos, el secretario general de Infraestructuras, Javier Izquierdo.

La delegación catalana la capitaneó el 'conseller' de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Ernest Maragall. Y junto a él, estaban presentes el vicepresidente del Govern y 'conseller' de Economía y Hacienda, Pere Aragonès; la titular de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elsa Artadi; además de la secretaria general de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Mercè Salvat; el delegado del Govern en Madrid, Ferran Mascarell; el director del Gabinete Jurídico de la Generalitat, Francesc Esteve; y el director general de Relaciones Institucionales, Aleix Villatoro.

La cita comenzó en el Palau de la Generalitat sobre las 16:30 horas y acabó alrededor de las 20 horas. Batet fue la primera en comparecer, y lo hizo al filo de las ocho y media de la tarde.