las relaciones entre el estado y la generalitat

Torra sondea a Sánchez sobre un pacto de los presos con la Fiscalía

El 'president' de la Generalitat dispone de un informe de abogados de cuatro procesados sobre la posibilidad de un acuerdo con la Fiscalía para que modifique la acusación

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el 'president' de la Generalitat, Quim Torra, durante la reunión. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el 'president' de la Generalitat, Quim Torra, durante la reunión. (EFE)

El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, sondeó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la posibilidad de buscar un pacto con la Fiscalía sobre la situación procesal de los presos independentistas, según fuentes conocedoras de la reunión. El nuevo Gobierno ha estudiado ya de manera informal las posibilidades de evolución del proceso en el Tribunal Supremo, pero fuentes del Ejecutivo se remiten a la Fiscalía y su autonomía para actuar en el procedimiento y decidir por qué delitos se acusa finalmente.

El propio Torra y la vicepresidenta Carmen Calvo explicaron en sus ruedas de prensa tras la reunión la imposibilidad de interferir en el proceso penal, aunque el 'president' aseguró reiteradamente que habían hablado con detalle de lo que él considera presos políticos y su futuro penal, en el que es decisiva la actuación de la Fiscalía, por la lista de delitos por la que puede acusar y para solicitar cambios en su situación penitenciaria.

Torra sondea a Sánchez sobre un pacto de los presos con la Fiscalía

Obviamente, de la reunión no puede salir ningún tipo de acuerdo, pero los responsables de la Generalitat sí vieron la necesidad de explorar las opciones que se plantean a medo plazo sobre el futuro de los independentistas presos o fugados de la Justicia. y evitar altas condenas en su momento, a través de la actuación de la Fiscalía. El juicio en el Tribunal Supremo y, más adelante los de la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, son el principal escollo para la normaización de relaciones que pretenden todos.

En los preparativos de la reunión, Torra ha manejado un informe jurídico que coincide con la posición de los abogados Jordi Pina y Javier Melero. que analizan las posibilidades de alcanzar un pacto con la Fiscalía en el Tribunal Supremo. En esos preparativos se estudió plantear el asunto en la reunión, aunque fuera de manera informal. Los dos letrados defienden a Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Joaquim Forn, que se encuentran en prisión.

Todos ellos mantuvieron en su declaración ante Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo, una posición contraria a mantener el proceso independentista, es decir, su estrategia procesal sería coherente ahora con un acuerdo con la Fiscalía que se tradujera en una reducción de penas para los líderes independentistas. Para ello, la Fiscalía tendría que variar su posición en el proceso.

Ese hipotético pacto tiene el inconveniente de la división de los procesados. Hay un grupo que está en contra de ese acuerdo, porque supondría admitir hechos delictivos, y, por otra parte, permanecen fuera de España otros procesados a los que podría afectar un eventual pacto con la Fiscalía.

La nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, que es clave en este asunto, mantuvo la pasada semana en el Congreso una posición firme y no ha dado muestras de cambiar en favor de un acuerdo o de atemperar su acusación. La acusación del caso la llevan los fiscales del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno, y han mantenido una posición coherente con la acusación inicial de José Manuel Maza, fiscal general fallecido en noviembre. Maza marcó el camino de la acusación por rebelión, además de desobediencia y malversación, que mantuvo el anterior fiscal general, Julián Sánchez-Melgar. Está por ver ahora cuál es la orden de Segarra a los fiscales del caso. Los cuatro fiscales tienen una categoría profesional superior a la de Segarra, pero estaría obligados a cumplir la orden, aunque podrían dejar constancia de su eventual discrepancia.

En el procedimiento que condenó a Artur Mas, entre otros, por la consulta del 9-N de 2014, la Fiscalía retiró en el último momento la acusación de malversación, la único que podía enviarles a la cárcel. La propia sentencia del Tribunal Supremo dejaba claro que no podía condenar por ese delito, aunque había motivos, porque no había acusación del fiscal. Esa retirada de la acusación fue interpretada entonces como un gesto de distensión en un momento en el que el proceso secesionista apenas había arrancado.

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