la fiscalía carga en dos querellas contra govern y parlament

Rebelión, sedición y 6 millones de fianza: el paquete completo contra Puigdemont

Maza desvela el misterio: dos querellas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en las que pide la citación urgente para reclamar, entonces, prisiones

Foto: El fiscal genera del Estado, José Manuel Maza. (EFE)
El fiscal genera del Estado, José Manuel Maza. (EFE)

El paquete completo: rebelión, sedición, malversación y otros. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha desvelado pasadas las doce y media de la mañana de este lunes el contenido de las dos querellas que ha presentado su departamento en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo este lunes contra el expresidente del Govern catalán Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y el resto del 'consellers', la presidenta del Parlament disuelto, Carme Forcadell, y la Mesa que tramitó la votación de la independencia. Tras la DUI aprobada el viernes, el Ministerio Público pide que se cite a un total de 20 personas y se reserva la petición de prisiones para la comparecencia. Reclama, además, que depositen de forma solidaria fianzas por más de seis millones de euros.

En cumplimiento de sus funciones constitucionales y en defensa de la legalidad, el fiscal general del Estado procede contra todos ellos. La decisión ha venido provocada por la disolución de la cámara para convocar elecciones el 21 de diciembre adoptada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Esto ha generado que Puigdemont pierda el fuero que, no obstante, mantiene Forcadell como miembro de la Diputación Permanente de la Cámara autonómica y la consiguiente división en dos de la acusación.

Acompañado por Luis Navajas, teniente Fiscal del Tribunal Supremo; Fausto Cartagena, fiscal jefe de la Inspección; José Miguel de la Rosa, fiscal jefe de la Secretaría Técnica y Jesús Alonso, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Maza ha disparado la batería completa de delitos. Las dos querellas del Ministerio Público acusan a unos y a otros de un delito de rebelión, penado con hasta 30 años de prisión, aunque introducen también el delito menor en grado, sedición, que va hasta los 15 años.

Rebelión, sedición y 6 millones de fianza: el paquete completo contra Puigdemont

Los acusados son "los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña, que con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada, con total desprecio a nuestra Constitución", ha subrayado en una breve comparecencia desde la sede de la Fiscalía.

La primera de las denuncias, encabezada por Puigdemont, incluye a todos los consellers, también a Santiago Vila que dimitó antes de la DUI. Interesa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 764 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se acuerden para todos los querellados en las dos causas, las medidas cautelares que se estimen pertinentes para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir, incluyendo la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que se fija en un importe de 6.207.450 euros.

El fiscal pide también la citación de los querellados con carácter urgente "para valorar la adopción de medidas cautelares de carácter personal respecto de los mismos, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas". En caso de incomparecencia, solicita "la inmediata detención de los querellados".

Las querellas muestran también la intención de acumular en estas dos líneas las causas seguidas ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Cataluña contra los miembros del Govern y del Parlament. Van firmandas por el propio fiscal general y superan las 100 páginas cada una de ellas. Aseguran que fueron "instrumentos al servicio del plan secesionista del Govern" y promovieron actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación de Cataluña sobre el cual quedaba legitimada cualquier actuación. También aquellas que están al margen de las leyes con la intención de hacer nacer en la sociedad la creencia de la legitimidad de las actuaciones en contra del poder constituido para defender ese inexistente e inconstitucional derecho de autodeterminación.

Hubo violencia

Para el fiscal sí hubo violencia. La rebelión, dice, "no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas". Menciona la sentencia del Tribunal Supremo con ocasión del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en la que se llegó a estimar que se puede llevar a cabo “de modo incruento”, sin perjuicio de “resaltar que lo que se proyecta y conviene como incruento, se torna violento y belicoso tan pronto se ofrece resistencia u oposición a los planes de los rebeldes, los cuales nunca pueden aseverar -dado que el futuro no se puede predecir por los humanos- que su alzamiento, con toda seguridad, será incruento, sin víctimas y sin derramamiento de sangre”.

Incluso la fuerza en las cosas con eficacia intimidatoria pueden cumplir los requisitos que la infracción, añade, y cita al TSJ de Cataluña que la describe como "una actitud activa por la fuerza o estando dispuesto a su utilización y en forma pública, patente o exteriorizada". "Es suficiente que con el alzamiento se haya producido un peligro objetivo para la consecución de los fines rebeldes. Desde esta perspectiva el peligro de lograr el fin perseguido, declarar la independencia de Cataluña, parte integrante del territorio nacional y con ello la violación de la Constitución, queda objetivado a través de todos los actos legislativos y materiales realizados o posibilitados directa o indirectamente", añade.

La querella contra el Govern ha recaido de forma provisional en el Juzgado que dirige Carmen Lamela, que ya investiga por delitos de sedición al hasta el fin de semana mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas la jueza analizará si asume la investigación por antecedentes o la envía a reparto.

Maza defiende la competencia de la Audiencia Nacional como tribunal encargado de investigar la sedición y destaca su experiencia en los delitos de terrorismo como un punto a favor para que asuma la causa. Explica que "aunque el delito de terrorismo presenta connotaciones particularmente específicas" en este caso "también se observa la conveniencia de preservar la necesaria serenidad en el enjuiciamiento de unas conductas que están generando un sentimiento de fractura social que no se puede desconocer".

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