La sentencia de La Manada llega a Europa

"Impactada por la sentencia en España en el caso de La Manada. ¿Cómo puede ser que esto no sea considerado violación por el juez?". Esta reflexión podría haber sido el lema que portara alguna de las manifestantes que este jueves protestaron en las calles españolas por la decisión de la Audiencia de Navarra de condenar a nueve años de prisión a cinco jóvenes por abuso sexual, y no violación, a una joven de 18 años. O de alguna comentarista nacional. Y, sin embargo, el mensaje fue publicado desde Bruselas por una política alemana: Ska Keller.

La copresidenta del Grupo de Los Verdes en la Eurocámara, muy activa tanto en las bancadas europarlamentarias como en las redes, mostró su perplejidad por un caso que consideró "una clara banalización de la violencia contra las mujeres". La llamada de una popular política alemana a "la Justicia española a corregir este escándalo" no podía ser menos oportuna para España, donde aún escuece la decisión de la audiencia de la región alemana de Schweslig-Holstein de descartar el delito de rebelión en el proceso de extradición de Puigdemont.

Pero el caso de La Manada ha traspasado fronteras y dado pie de nuevo a que se cuestione al sistema judicial español. Los representantes españoles en la Unión Europea hilan más fino y apuntan al código penal, donde no se tipifica claramente que la violación sea cualquier caso de sexo sin consentimiento. Así lo establece la Convención de Estambul sobre la violencia contra las mujeres, que tanto la UE como España y otros Estados miembros han firmado, pero que está pendiente de ratificación. Dicho de otro modo: España y sus socios han mostrado buenas intenciones, pero no han pasado de las palabras a los hechos.

Sin embargo, tan solo seis países europeos han adoptado esta definición de violación. España no se encuentra entre ellos, aunque el Gobierno ha anunciado este viernes que estudiará una revisión del Código Penal por si es necesario cambiar la tipificación delito de violación.

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Pero las cosas se mueven aún más rápido en Bruselas, donde el mismo jueves un grupo de eurodiputados de IU, ICV, Equo, Alternativa Galega de Esquerdas y Podemos se movilizó para plantear una pregunta escrita a la Comisión Europea sobre esta cuestión, en la que precisamente lamentan estas diferencias e instan a la institución a tomar cartas en el asunto.

Por el momento, la Comisión se mantiene al margen. Recuerda que no debe comentar sobre decisiones judiciales que se producen en los Estados miembros y que, en cualquier caso, esto está fuera de sus competencias. Y, aunque su portavoz Mina Andreeva ha recordado este viernes su política general de "cero tolerancia con la violencia contra las mujeres", no ha dado por el momento muestras de tomar nuevas iniciativas.

En concreto, los eurodiputados de izquierdas piden a Bruselas que presione a los países europeos para que cumplan con el Convenio de Estambul, de modo que todos introduzcan en sus códigos penales la definición de violación como ausencia de consentimiento. Pero también van un paso más allá, sugiriendo la posibilidad de que presente una nueva directiva contra la violencia de género "que armonice estos delitos y cree un marco común para las víctimas".

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Beatriz Becerra, eurodiputada independiente del Grupo Liberal tras haber abandonado UPyD, también ha pedido en otra pregunta parlamentaria a la Comisión que trabaje para la "armonización de los criterios para tipificar los diferentes delitos contra la libertad sexual". "En España, este delito requiere de violencia o intimidación, lo que provoca situaciones ambiguas y desprotección para algunas víctimas", ha recalcado en su escrito.

Por su parte, el PSOE asegura que pretende relanzar el debate. "La delegación socialista española en la Eurocámara volverá a plantear iniciativas en este sentido para conseguir que la ratificación europea del Convenio sea una realidad, y de esta manera hagamos ver a las mujeres que no están solas y tienen detrás una sociedad que trabajará por garantizar nuestras libertades", ha explicado Iratxe García.

Fuentes consultadas tanto en el PP como en Cs señalan que por el momento no tienen prevista ninguna acción concreta en este sentido. Y es que la sentencia no ha gustado a muchos de sus miembros, pero también circula la impresión de que no es el momento de poner más presión sobre la Justicia española.