revisan las causas en busca de más indicios

Fiscales del Supremo recaban en Barcelona pruebas del delito de rebelión de Puigdemont

Javier Zaragoza y Fidel Cadenas se han desplazado en los últimos días a la capital de Cataluña para repasar los informes policiales que obran en juzgados como el 13

Foto: Momento en el que Carles Puigdemont leía el texto por el que se declaraba la independencia de Cataluña. (EFE)
Momento en el que Carles Puigdemont leía el texto por el que se declaraba la independencia de Cataluña. (EFE)

Dos de los fiscales del Tribunal Supremo incluidos en el equipo del Ministerio Público que investiga a todo el Govern cesado por rebelión han viajado a Barcelona para revisar en los Juzgados catalanes el contenido de las distintas causas abiertas por el procés. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, Javier Zaragoza y Fidel Cadena se han desplazado en los últimos días a la capital de Cataluña para repasar los informes policiales que obran en juzgados como el 13 de Barcelona, que ha liderado en los últimos meses la investigación contra la creación de las estructuras de la futura República independiente.

La intención de la Fiscalía es hacer acopio de todas las pruebas que se incautaron durante la conocida como operación Anubis. El magistrado catalán ha ido sumando a su causa indicios contra una veintena de cargos de la Generalitat y los planes diseñados desde el Govern y que fueron desplegándose durante dos años con el objetivo final de separarse unilateralmente de España.

Fue precisamente una orden del juez del 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, la que facilitó el registro de la Consejería de Economía donde se localizó el documento que sustenta la acusación por rebelión, sedición y malversación. En su reciente auto sobre la responsabilidad de Oriol Junqueras y el resto de acusados, el juez instructor Pablo Llarena basaba buena parte de su auto en el conocido como Enfocats, una hoja de ruta donde se detallaban los pasos del camino del procés.

El Juzgado 13 cuenta también con toda la documentación incautada en ese y en otros registros, entre la que se encuentran los correos electrónicos intercambiados entre cargos de la Generalitat días antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre. En ellos se han localizado detalles sobre la elaboración de la ley de Transitoriedad que debía entrar en vigor tras la consulta y algunos de los planes del Govern para la República. Los documentos, están siendo analizados por la Guardia Civil que debe informar en breve de sus conclusiones. Además, las dependencias judiciales de Barcelona tienen en su poder intervenciones telefónicas, agendas, material oficial de trabajo y el resultado de distintos seguimientos.

Otra de las investigaciones a cargo del juez Ramírez Sunyer es la del censo que se empleó en el 1-O y que este mismo martes provocó el registro del Instituto de Estadística de Cataluña donde los agentes han tratado de localizar los listados de datos que se utilizaron para la investigación. El Juzgado mantiene una pieza separada por el uso ilegítimo de datos de los ciudadanos para el censo electoral que se utilizó durante el referéndum del 1 de octubre.

Desperdigadas en distintos Juzgados de Cataluña se encuentran también distintas causas sobre la pasividad de los Mossos en esa fecha. Como ejemplo, el 2 de Sabadell ya ha pedido al Cuerpo que identifique al inspector y subinspector responsables de la Sala Regional del Complejo Central y al jefe de la comisaría de Santa Perpètua de Mogoda, a los que citará como investigados dentro de unas diligencias por presunta desobediencia en uno de los colegios de votación del referéndum del 1-O. Este juzgado investiga, como consecuencia de una denuncia de un particular, el comportamiento concreto de presunto incumplimiento del deber de perseguir delitos de los Mossos que actuaron en el colegio Pere Calders de Polinyà (Barcelona).

El objetivo de los fiscales es determinar con qué material cuentan para la investigación principal del Supremo pero también para la que mantiene la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela contra el que fuera mayor de la policia autonómica Josep Lluís Trapero y su intendente Teresa Laplana y en la que el Ministerio Público tiene intención de ampliar la acusación al jefe político y otros mandos.

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