por el 2o y 21 de septiembre y el 1-O

La Fiscalía pedirá la imputación del jefe político de los Mossos por sedición

Soler encabeza el listado de nuevos cargos de la policía autonómica cuya imputación quiere proponer el fiscal a la jueza

Foto: El ex director general de los Mossos d'Esquadra Pere Soler junto a Josep Lluís Trapero.
El ex director general de los Mossos d'Esquadra Pere Soler junto a Josep Lluís Trapero.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene en su punto de mira al jefe político de los Mossos, cesado tras la aplicación del 155. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, el Ministerio Público va a solicitar la declaración como imputado de Pere Soler a la jueza Carmen Lamela, en su primera ampliación de la causa que sigue el Juzgado Central de Instrucción 3 contra el exmayor Josep Lluís Trapero y su intendente, Teresa Laplana, por delitos de sedición.

Soler encabeza el listado de nuevos cargos de la policía autonómica cuya imputación quiere proponer el fiscal a la jueza instructora. También solicitará que se cite a otros mandos intermedios por la actuación desarrollada por los agentes durante las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre y durante la jornada del referéndum, el 1 de octubre. La jueza Lamela mantiene su competencia sobre esta parte de la investigación después de que el juez del Supremo Pablo Llarena haya acumulado en el alto tribunal la instrucción sobre el resto de acusados.

Las intervenciones telefónicas que maneja la Fiscalía apuntan a que los altos cargos del Govern implicados en los preparativos de la consulta recibieron ayuda de los Mossos d'Esquadra para proteger sus contactos y para entorpecer la vigilancia de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Como adelantó este diario, la directora de Servicios de la Generalitat en ese momento recibió una llamada de un 'mosso' que le informó de que se le iba a proporcionar escolta durante las 24 horas, vigilancia en su domicilio y él mismo se acercaría a su despacho para darle “cuatro consejos para temas de medios técnicos”, es decir, sobre qué precauciones debía tomar para evitar ser investigada.

En otra de las llamadas interceptadas, el propietario de la empresa donde se intervinieron sobres para las papeletas del 1-O, Francesc Sutrias, pidió directamente a Pere Soler, en ese momento aún director general de los Mossos d'Esquadra, que tomara medidas para que pudiera “estar tranquilo en su despacho, su coche, su casa”. Soler le respondió que habían “aumentado la contravigilancia a los más expuestos” a la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Ambos quedaron en mantener un cita privada para tratar ese asunto por miedo a que la conversación estuviera siendo intervenida. “Es obvio que las órdenes para el cumplimiento de los requerimientos que Sutrias hace a Soler”, añadieron los agentes, “se transmiten a través del [entonces] mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero”, investigado ya por sedición en la Audiencia Nacional.

Tras la decisión de Llarena, el grueso de la causa por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia contra todo el Govern cesado, la Mesa del Parlament que tramitó la votación de la declaración unilateral de independencia y los presidentes del ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, se encuentra ya en manos del Supremo que, no obstante, ha dejado a Lamela la parte que afecta a la actuación policial y la investigación sobre otros cooperadores de la trama principal para alcanzar la independencia.

En el detallado informe que remitió la jueza sobre el estado de la causa, definió y acotó el papel jugado por los Mossos en la estrategia para alcanzar la independencia. "Resultaba esencial contar la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d' Esquadra", un cuerpo integrado por más de 17.000 efectivos armados con un evidente "efecto coercitivo". Los miembros del Govern de Puigdemont —destacaba la magistrada— llegaron a barajar el papel que desempeñaría su policía en la futura república independiente y se plantearon la posibilidad de conferirles funciones de seguridad externa o defensa.

"Destaca la actitud mostrada en las distintas movilizaciones sociales impulsadas por las asociaciones soberanistas para respaldar la consecución de los fines secesionistas, manteniéndose al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil", detalla el informe, que añade que evitaron intervenir en los casos en que los miembros de alguno de esos cuerpos fueron agredidos, e incluso llegaron a increpar a algunos de ellos. "También espiaron las acciones de la Guardia Civil y la Policía el día 1 de octubre alertando a los congregados en los colegios de que se dirigían hacia determinados lugares", concluye.

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