La muerte de Maza abre al Estado una brecha en plena lucha judicial contra el 'procés'

El repentino fallecimiento del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cuyos restos llegarán a España en la madrugada del martes en un vuelo regular, se ha producido en el peor momento posible para un Ejecutivo central en plena lucha contra el proceso secesionista. Desde su despacho en la calle Fortuny de Madrid, el jefe del Ministerio Público lideró la dura batalla judicial que ha provocado el encarcelamiento de parte del Govern depuesto, la imputación por rebelión y sedición de la otra parte y la huida a Bélgica de Puigdemont.

Su papel ha sido clave en todo el proceso. Maza defendió desde el inicio un rigor máximo en la acusación y en la petición de medidas que le llevó incluso a chocar con los deseos de un Gobierno más pendiente del escenario político que del judicial. Si bien las decisiones últimas son siempre de los jueces, el fiscal es el que pide y, bajo el criterio de su principal responsable, el Ministerio Público ha optado en todas y cada una de las ocasiones por reclamar la decisión más dura a los magistrados competentes.

[José Manuel Maza, una vida dedicada a la Justicia]

Siguiendo esta guía, la Fiscalía solicitó cárcel para los responsables de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, cárcel para el exmayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, cárcel para Oriol Junqueras y otros siete 'consellers' y cárcel para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Antes de eso, la mano de Maza elaboró las dos querellas contra el núcleo duro del 'procés', que firmó él mismo y que acabaron en manos del Supremo y la Audiencia Nacional. En ellas, se inclinó por acusar por el delito más grave posible, penado con hasta 30 años, aplicado en escasísimas ocasiones y en el que se exige el componente de la violencia.

Fue el anuncio de estos dos escritos el que provocó el traslado de Puigdemont a Bélgica con cuatro de sus 'consellers'. Su muerte ha sorprendido cuando se juega en terreno belga su entrega a España. Y en pleno desarrollo de las causas, con el Supremo a punto de acumularlas y abrir la puerta a una excarcelación. Ya desde antes de la celebración del 1-O, Maza marcó el ritmo. Ordenó que se interrogara a todos los alcaldes que habían ofrecido sus locales municipales para poner las urnas. Promovió investigaciones por el uso de menores en los colegios…

Su ausencia al frente de la Fiscalía abre una brecha que no resultará fácil llenar. El nombramiento del fiscal general del Estado se realiza por elección del Gobierno. Es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

Es por tanto, el Ejecutivo el que debe elegir a un candidato idóneo para dirigir la Fiscalía en este delicado momento. Optó por sustituir a la responsable designada para la segunda parte de la anterior legislatura, Consuelo Madrigal, a la que mantuvo solo dos años. Antes de ella, Eduardo Torres Dulce presentó su dimisión después de tres años y desavenencias de distinta índole con los de Mariano Rajoy, con la puntilla del tema catalán. Tensiones graves por la gestión de la crisis provocada por otra consulta, la del 9-N, cerraron su adiós.

Maza fue nombrado por el Gobierno el pasado 25 de noviembre tras ser avalada su idoneidad por el Pleno del CGPJ, donde obtuvo el voto de todos los vocales menos una, la designada a propuesta de IU y también de la Comisión de Justicia del Congreso pese a las dudas iniciales manifestadas por el Grupo Parlamentario Socialista y Unidos Podemos, que durante su comparecencia parlamentaria le pidieron que defendiera su autonomía frente a presiones externas. Se abre ahora un nuevo periodo de búsqueda de consenso que volverá a poner a prueba la capacidad de diálogo del PP y el PSOE.