La fiscal se reafirma contra 'La manada': "Se actuó sin consentimiento y bajo violencia"

La Fiscalía ha sostenido que ha quedado "absolutamente acreditado" que los cinco jóvenes acusados por una presunta violación grupal durante los sanfermines de 2016 abusaron sexualmente de la joven en contra de su voluntad ante la "contundencia" de las pruebas. Por ello, se ha ratificado en su petición de 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los cinco integrantes de 'La manada' por los delitos de agresión sexual continuada, contra la intimidad y robo con intimidación.

Así lo ha expuesto la fiscal Elena Sarasate en la presentación de sus conclusiones finales en la sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Navarra, la primera que se desarrolla en audiencia pública después de que todo el proceso se haya celebrado a puerta cerrada. De este modo, se ha podido ver por primera vez a los cinco acusados, que han seguido con atención el relato de la representante del Ministerio Público, que se ha prolongado por espacio de dos horas.

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La Fiscalía ha asegurado que la víctima "no tenía otra posibilidad razonable que someterse" a los cinco imputados en el portal de la calle Paulino Caballero en el que ocurrieron los hechos, ya que los jóvenes sevillanos se "valieron de su superioridad física y numérica" para "obligarle" a mantener relaciones sexuales con un grado de "humillación y vejación importante". Según ha sostenido, la joven madrileña de 18 años se vio sometida a una "intimidación gravísima" en un espacio minúsculo convertido en una "ratonera" que "impedía" que ofrecería resistencia e intentará huir del lugar. "No le quedaba otra posibilidad que someterse", ha remarcado.

Sarasate ha expuesto que ha quedado acreditado que los cinco imputados actuaron de "forma conjunta y organizada" para agredir sexualmente a la joven sin que la denunciante "sospechara ni en sus peores pesadillas" lo que esperaba dentro del portal, donde fue introducida "agarrada por los dos brazos" y, tras "taparle la boca" para impedir que dijera nada, fue "obligada a mantener relaciones sexuales". Una vez acabó la presunta violación grupal, los acusados dejaron a la chica "tirada, semidesnuda y sin teléfono" para impedir que pudiera comunicarse con nadie. Los hechos, según ha remarcado, "se produjeron sin consentimiento y bajo violencia e intimidación".

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La fiscal ha hecho un relato pormenorizado de los hechos, que tuvieron lugar en apenas 40 minutos, el tiempo que transcurre desde que la joven entabla conversación con José Ángel Prenda, uno de los cinco jóvenes, en un banco de la plaza del Castillo (2.50 horas del 7 de julio de 2016) hasta que los imputados salen del portal tras consumar presuntamente la violación grupal (3.27 horas). Sarasate ha detallado las "numerosas incongruencias" y "falsedades" en la declaración de los jóvenes. Por contra, ha constatado que la joven ha mantenido su declaración "de forma sustancial" en sus diferentes declaraciones ante la Policía, el juez instructor del caso o en la vista oral del juicio.

Para rebatir los argumentos de la defensa de que fueron relaciones sexuales consentidas, la fiscal ha alegado que la joven, que en el momento de los hechos tenía 18 años, nunca había tenido relaciones sexuales en grupo, ni practicado relaciones anales ni protagonizado besos negros. "¿Tras siete minutos de conversación una joven se va con unos chicos de los que no conoce ni el nombre a buscar el primer sitio que encuentre para practicar relaciones sexuales que nunca había tenido y sin que los jóvenes utilizaran preservativos?", ha preguntado de forma elocuente. Además, ha negado, como sostienen los acusados, que fueron todos en grupo hasta el portal en un trayecto en el que las conversaciones eran de contenido sexual, ya que las cámaras demuestran que estaba "disgregado". Igualmente, se ha preguntado por qué la joven llamó a un amigo para quedar en esos momentos justo antes de salir de la plaza del Castillo acompañada por los integrantes de 'La manada' si supuestamente iba a tener relaciones sexuales en grupo.

"Es inverosímil pensar que si se hubiera negado no hubiera pasado nada. Con la superioridad física y numérica de los cinco jóvenes no se puede exigir cualquier resistencia"

El Ministerio Público ha puesto en valor que la denunciante ha ofrecido un relato "coherente" en todas sus declaraciones, en las que ha expuesto que entró en "estado de shock" al percatarse de las intenciones de los cinco acusados, lo que le llevó a cerrar los ojos y a "desear que todo pasara cuanto antes". "Es inverosímil pensar que si se hubiera negado a mantener relaciones sexuales no hubiera pasado nada. Con la superioridad física y numérica de los cinco jóvenes no se puede exigir cualquier resistencia", ha señalado. "Ante una intimidación tan grave sólo pudo someterse. No tuvo más remedio que no resistirse y esperar a que todo pasara cuanto antes", ha remarcado. Además, las pequeñas dimensiones del cuarto donde transcurrieron los hechos hacían "imposible" que pudiera huir ("con que se pusiera uno de ellos en las escaleras no podía huir", ha detallado).

En relación a la declaración de la joven, ha asegurado que se trata de un "testimonio ajustado a la verdad", entre otras cuestiones por la "falta de exageración" en el relato de los hechos. Según ha puesto de manifiesto, la denunciante podría haber declarado que la metieron en el portal con violencia y que le dijeron 'te vamos a matar si no te pliegas a lo que digamos', o que había sido penetrada por todos los acusados para dar mayor carga de denuncia, pero no lo hizo porque "no quiso exagerar" y sí dar cuenta de lo que vivió.

La fiscal alude a los vídeos para rechazar la tesis de que fue sexo consentido: uno de los acusados "le abre la boca con dos dedos y le introduce el pene"

La Fiscalía considera que los vídeos grabados por dos de los cinco acusados son "la prueba de cargo" que demuestra que fue agredida sexualmente. Los siete vídeos suman 96 segundos y están realizados no de forma lineal, ya que recogen diferentes momentos de los 18 minutos que estuvieron en el portal, tanto al principio como al final. En las grabaciones, la joven está en todo momento con los ojos cerrados (en esta cuestión inciden tanto la Fiscalía como todas las acusaciones), mantiene una "actitud pasiva" y no realiza "ningún gesto, mirada, interacción o palabra". Aunque Sarasate no ha querido incidir en el contenido explícito de los vídeos, y que la acusación particular vio repugnantes en el momento de su visionado durante el juicio, sí ha aludido a un par de detalles sintomáticos para evidenciar que no fueron relaciones sexuales consentidas: cuando uno de los acusados "le abre la boca con dos dedos y le introduce el pene" o cuando los acusados le "agarran de la cabeza dirigiéndosela a sus miembros". También, a su juicio, el audio de los vídeos deja a las claras que no fue sexo consentido ya que todas las frases de los acusados a la supuesta víctima son en "tono imperativo". Incluso, los imputados se dicen entre ellos advertencias como "quillo, más despacio" o "espérate, no la levantes tanto", lo que pone de manifiesto que manejaban a la joven su antojo. Asimismo, ha aludido a las palabras del perito contratado por la defensa para analizar los vídeos, quien llegó a admitir en el juicio que algunas situaciones eran "perversas" aún incluso de que se trataran de relaciones consentidas.

En su alegato, la fiscal ha incidido en que los diferentes testimonios de los testigos y las pruebas periciales demuestran la "veracidad" del relato de la joven madrileña. A este respecto, ha aludido a la pareja que le encontró llorando "desconsoladamente" en un banco, a los policías municipales que le atendieron en un primer instante y que han asegurado que estaba en "estado de shock" y que "no fingía" (la joven incluso llegó a pedir a una agente que "por favor no le dejara sola, temblando y llorando constantemente"), a los médicos que le visionaron en el hospital o a las psicólogas que le trataron, y que determinaron que su conducta encaja con la de mujeres que han sido objeto de abusos sexuales y que sufría estrés postraumático.

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En la presentación de sus conclusiones, Sarasate ha insistido en que los acusados no llevaron a cabo "violencia extrema e inusitada" pero sí la "fuerza mínima necesaria para vencer la resistencia de la denunciante". "No tenía otra posibilidad razonable más que someterse y plegarse", ha enfatizado la fiscal, quien no tiene dudas de que los acusados robaron el móvil a la joven tras los hechos para dejarla "indefensa". También ha aludido a la "sorprendente" declaración de la agente de la Policía Municipal que redactó la primera denuncia tras tomar la declaración a la joven y que durante el juicio, al que compareció a instancias de la defensa, aseguró que la supuesta víctima le había dicho que era consciente de que le estaban grabando durante los hechos, algo que, sin embargo, no incluyó en la denuncia. Ha asegurado que su testimonio "no es creíble" porque en ningún informe durante la causa se refleja esta situación y, además, es "imposible" que no lo refleje en la denuncia porque se trata de un delito contra la intimidad, y más con el agravante de tratarse de una supuesta violación grupal.

Asimismo, ha reprochado que el primer informe que aportó a la causa la defensa elaborado por detectives privados que espiaron a la joven en los meses posteriores a los hechos (y que luego retiró) se nutría de alguna manipulación de imágenes del día de los hechos, como que la joven se encontró tras salir del portal con un coche policial (la defensa trataba de demostrar que no alertó primeramente a los agentes de que había sido violada). Ante las posibles secuelas que presenta la joven, y que la defensa ha tratado de negar con otro informe encargado a detectives privados sobre sus interacciones en las redes sociales (este documento fue tomado en consideración por el tribunal si bien la defensa lo retiró el pasado jueves en la última sesión de las pruebas), Sarasate ha expuesto que "faltaría más que pueda rehacer su vida, salir y superar lo que pasó".

La acusación particular alude al "miedo"

Las dos horas de intervención de la fiscal contrasta con los poco más de 30 minutos que ha dedicado a su alegato final uno de los dos abogados de la joven, Miguel Ángel Morán, que se ha ratificado en su petición de 24 años y nueve meses de prisión para cada uno de los acusados. Ha asegurado que los cinco integrantes de 'La manada' "impusieron su superioridad física y numérica para provocar intimidación y miedo" sin que tuvieran que recurrir a la violencia física. Ha señalado que en un habitáculo de tan pequeñas dimensiones "no había posibilidad de huir", de modo que la joven, al verse "desamparada", entró en "pánico" y "bloqueo emocional".

El letrado de la denunciante ha sostenido que el relato de la joven ha sido "claro, preciso y consistente" desde el principio. Ha negado que fueran relaciones sexuales consentidas porque, como ha expuesto, mantener relaciones en grupo a los pocos minutos de conocer a unas personas, sin medidas de protección y en cualquier lugar "no se acomoda a ningún razonamiento lógico y de experiencia". Morán ha puesto de manifiesto las "graves contradicciones" de los jóvenes, quienes, además, se negaron a declarar ante el juez instructor pese a la gravedad de los delitos que se les imputaban y considerándose inocentes. Además, ha rechazado, como alegan los acusados, que la joven les incitará de palabra asegurando que "podía con los cinco" cuando la supuesta víctima siempre aludió a cuatro agresores tras los hechos.

"Mantener relaciones en grupo a los pocos minutos de conocer a unas personas, sin medidas de protección y en cualquier lugar no se acomoda a ningún razonamiento lógico y de experiencia"

En su referencia a los vídeos grabados por los acusados, la acusación particular ha puesto de manifiesto, tal y como ha hecho la fiscal, algunas escenas para evidenciar que no fueron relaciones sexuales consentidas: se le abre la boca a la joven con los dedos para introducirle el pene, se le cambia de postura agarrándole del pelo, se le agarra por la mandíbula... todo mientras ella mantiene los "ojos cerrados y la cara inexpresiva" y ellos "posan ante la cámara" y se "pasan el turno". En este sentido, ha aludido a que Alfonso Jesús Cabezuelo, militar de profesión, no dijo que tenía grabado un vídeo en su móvil, el de contenido más explícito (en sus 40 segundos se ven las "humillaciones y vejaciones" a las que sometieron a la joven, según los policías forales que elaboraron un informe de las imágenes), hasta que la Policía Foral lo recuperó.

El abogado ha denunciado la "visión increíble" que dan los acusados de todo lo sucedido, y ha defendido que la supuesta víctima trate de llevar "una vida lo más normal posible", lo que "no significa en absoluto que no sufra estrés postraumático" por los hechos. "No tiene que esconderse en las sombras", ha señalado.

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En relación a las acusaciones particulares, el letrado del Ayuntamiento de Pamplona, Víctor Sarasa, ha asegurado que el contenido de los vídeos grabados por los acusados son la "representación gráfica de la vileza". En concreto, ha aludido a una fotografía tomada a "petición de expresa" de José Ángel Prenda en la que se ve a la denunciante realizándole un beso negro mientras el joven "posa sonriente y apuntándose al tatuaje" con su nombre. Esta instantánea fue tomada apenas un minuto antes de que los jóvenes salieran del portal, lo que constituye "el corolario a la humillación a la que sometieron" a la joven madrileña. Los acusados se negaron a declarar ante el juez una vez detenidos, lo que, para Sarasa, es un "silencio incomprensible si se creen inocentes". "¿Por qué no declararon? ¿Por qué no colaboraron? ¿Por qué no mostraron las pruebas que supuestamente tenían [de que eran relaciones sexuales consentidas]?", se ha preguntado quien no tiene dudas de que "los hechos sucedieron de forma palmaria a como relata la víctima".

En su intervención, ha puesto el foco en que ninguno de los cinco imputados preguntó a la joven si quería que utilizasen preservativo. De ser sexo consentido, según ha expuesto, ella lo hubiera pedido para evitar infecciones o un posible embarazo. "Me cuesta creer que una joven universitaria de 18 años no le dé importancia a esta cuestión. A esto se le da importancia", ha enfatizado quien representa al Ayuntamiento de Pamplona, que solicita 25 años y cinco meses de prisión para cada uno de los acusados. Cuatro meses más pide el Gobierno de Navarra, cuyo representante, Ildefonso Sebastián, ha señalado que el relato de los cinco acusados tienen "mínima credibilidad".