El Supremo se prepara para quedarse con la causa por rebelión de Lamela

Todos los caminos conducen al Tribunal Supremo. El juez Pablo Llarena, instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación abierta contra la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el resto de miembros de la Mesa, se prepara para reclamar a su colega de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el procedimiento abierto allí por los mismos delitos contra Carles Puigdemont y el Govern.

Y no solo eso, según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, quiere atraer bajo su competencia el sumario completo en el que se acusa de sedición a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y al depuesto mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero. La idea es solicitar a la titular del Central 3 de la Audiencia Nacional, a finales de esta semana, que se inhiba a favor del alto tribunal.

El instructor tiene fundados motivos para defender que la investigación debe estar bajo la dirección de un único tribunal. La causa entera queda unida bajo un mismo hilo conductor, el de una estrategia conjunta impulsada y diseñada por los distintos actores, todos ellos imputados, a lo largo de más de dos años. Según defiende la propia Fiscalía en sus querellas, en el plan participaron todos a distintos niveles. Desde 'los Jordis' hasta Puigdemont, cooperaron para alcanzar el objetivo último de la independencia de Cataluña. La actuación de estos y la de Fordacell resultan, por tanto, indivisibles.

Por ello, dividir el procedimiento podría producir un daño irreparable a la investigación, considera el juez, que ve una evidente conexidad en los hechos. El alto tribunal, encargado de los imputados que aún conservan el fuero y con capacidad para atraer el resto de investigaciones, quiere de este modo dar coherencia al sumario y evitar duplicidades en el enjuiciamiento y disparidad de opiniones. Fuentes jurídicas consultadas ven que esta unión sería lo mejor para la causa y precisan que es impensable que se juzgue a los acusados en un futuro en tribunales diferentes. El TS ya ha avanzado que reclamará acumular los procedimientos abiertos en Cataluña por los mismos hechos, en concreto el que instruye el Tribunal Superior de Justicia.

La propia Lamela ya avanzaba esa actuación conjunta en el auto en el que envió a prisión incondicional este jueves al exvicepresidente Oriol Junqueras y siete 'exconsellers'. Daba en él especial importancia al papel que todos los querellados protagonizaron desde sus cargos públicos, sin los cuales el proceso independentista no hubiera podido impulsarse. Una acción "meditada y perfectamente preparada y organizada" a lo largo de la cual se ha reiterado durante años el incumplimiento sistemático de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

TE PUEDE INTERESAR

Así es Carmen Lamela, la jueza que envió a prisión al Govern, a Rosell y a los de Alsasua

T.F.

El documento en que se basa buena parte de la instrucción, 'Enfocats', incautado a Josep Maria Jové en la operación Anubis, muestra esta estrategia conjunta para alcanzar la independencia por vías ilegales, en un plazo de 18 meses. Con la meta de crear un Estado autónomo propio, las funciones de unos y otros se dividieron y repartieron. Mientras los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del proceso de desconexión, la actuación a través de los movimientos populares iba encaminada a "crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado", decía la titular del Central de Instrucción 3.

Las querellas de la Fiscalía también avisaban de esta necesidad de unidad de acción. "Urdieron una estrategia de lo que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y las asociaciones independentistas Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y Òmnium Cultural —cuyos presidentes, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, se encuentran en prisión por un presunto delito de sedición— que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado 27 de octubre", decían.

Dudas sobre la competencia

Las dudas sobre la competencia de la Audiencia Nacional para instruir delitos de sedición y rebelión han sido una constante desde el inicio. Las defensas la han puesto en duda en los recursos presentados por Sànchez y Cuixart. También Junqueras y los miembros del Govern cesado la han cuestionado. En sus últimos escritos ante la Audiencia Nacional contra su encarcelamiento, los imputados destacan que en la actualidad hay varios tribunales distintos que investigan hechos similares, lo que provoca un "escenario desolador".

TE PUEDE INTERESAR

La Fiscalía decide acusar a Puigdemont y su Govern en la Audiencia Nacional

Beatriz Parera

"Múltiples procesos con objetos total o parcialmente coincidentes, funcionando paralelamente, en jurisdicciones incompatibles [actualmente instruyen delitos de sedición y rebelión tanto un juzgado de instrucción de Barcelona como el Central de Instrucción y el Tribunal Supremo], suministrándose información cuando ello conviene a la acusación, pero dificultando con dicha dispersión a la defensa efectiva", argumentan.

Incluso un magistrado de la Audiencia Nacional cuestiona su competencia. El juez José Ricardo de Prada, miembro de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ha anunciado un voto particular contra el criterio mayoritario de sus cuatro compañeros de rechazar en apelación el excarcelamiento de 'los Jordis'. Uno de los puntales de su discrepancia es precisamente la duda razonable sobre la competencia.