La Fiscalía planea pedir prisión incondicional para Forcadell y la Mesa

La Fiscalía tiene previsto pedir también, este jueves ante el Tribunal Supremo, prisión incondicional para la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell y los miembros de la Mesa de la Cámara que tramitaron el pasado 27 de octubre el texto de Junts pel Sí cuya votación provocó la declaración unilateral de independencia. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, es previsible que rebajen la solicitud de medidas cautelares extremas solo en el caso del diputado Joan Josep Nuet, si se demuestra durante los interrogatorios que votó en contra de introducir la propuesta en el Pleno.

Forcadell está citada el 9 de noviembre junto a Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó, Ramona Barrufet y Nuet para declarar ante el juez designado instructor del caso, Pablo Llarena, que el pasado jueves aplazó las comparecencias a petición de su defensa para dar tiempo a los acusados a prepararse de cara a su imputación por delitos de rebelión, sedición y malversación.

El mismo día, la Audiencia Nacional escuchó a los acusados del Govern depuesto, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros ocho consejeros cesados. El Ministerio Público pidió entonces su ingreso en la cárcel sin posilidad de pagar fianza salvo en el caso de Santi Vila, que se desligó de la declaración independentista antes de que se produjera. Lo mismo sucedió con Nuet, que votó no en la Mesa, lo que reduce el riesgo de reiteración delictiva que sí aprecia el departamento dirigido por José Manuel Maza en los otros cinco acusados ante el TS.

Los seis acusados del Parlament no solo facilitaron con su papel en la Mesa la votación de la DUI, sino que apoyaron la introducción y votación de las dos leyes que sustentaron la celebración del 1-O, la de referéndum y la de transitoriedad. Nuet ha defendido en declaraciones a los medios que la querella de la Fiscalía le atribuye votos de forma equivocada. Asegura que votó en contra de la declaración de independencia, tanto en la Mesa como en el pleno, y que en el caso de la norma de transitoriedad, se abstuvo en la Mesa y votó no en la Cámara.

Cárcel si no hay arrepentimiento

Según adelantó El Confidencial, la decisión del equipo fiscal liderado por Maza —para encarar tanto estas comparecencias como las que se produjeron ante la jueza Carmen Lamela en la Audiencia Nacional y acabaron con el encarcelamiento de Junqueras y siete 'exconsellers'— es reclamar cárcel incondicional en el caso de no apreciar signos de arrepentimiento, acatamiento de sus ceses y de la aplicación del 155 e intención de respetar la Constitución. Si Forcadell y los diputados que deben declarar el 9 lo hacen, la solicitud de medidas será previsiblemente rebajada y cambiada por la reclamación de fianzas.

La querella interpuesta en el Supremo iba dirigida contra Forcadell y los cinco exmiembros de la Mesa, todos ellos aforados por ser miembros de la Diputación Permanente del Parlamento catalán, salvo Nuet. En cuanto a la Audiencia Nacional, la Fiscalía se querelló contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y otros 13 consejeros. La rebeldía del expresidente y otros cuatro miembros del Govern cesado ha provocado que se pida su detención a efectos del ingreso en prisión a Bélgica, país donde se encuentran atrincherados.

La violencia que requiere el tipo penal de rebelión "no exige que se esgriman armas", asegura la Fiscalía

La Fiscalía atribuye a todos los querellados el delito de rebelión al entender que los cimientos del Estado de derecho fueron "dinamitados" con sus actos, que emprendieron "con absoluto desprecio" a la Constitución y proclamando la independencia de una parte de la nación española, que es "patria común e indivisible de todos los españoles".

Añade en su querella que la violencia que requiere el tipo penal de rebelión "no exige que se esgriman armas, ni combate ni violencias graves contra las personas". "Se trata de un delito de resultado cortado o de consumación anticipada en el que es suficiente que con el alzamiento se haya producido un peligro objetivo para la consumación de los fines rebeldes", añade para justificar la atribución de este delito, el mismo por el que fueron condenados los responsables del 23-F. También cita el delito relacionado con "provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de rebelión; el delito de malversación de fondos públicos", por el importante gasto que han generado sus comportamientos, "ontológicamente ajenos a la función pública".